Los últimos 5 sexenios en materia de seguridad se han caracterizado por algo en común: la militarización del país.
Zedillo y Fox echaron mano de los militares para crear una Policía Federal Preventiva que pudiese responder al creciente fenómeno de la delincuencia organizada y la violencia.
Calderón, Peña y López han creado de manera casi idéntica narrativas, modelos policiales y operativos centrados en la militarización.
Desde 2006 ha sido cada vez más común ver a las fuerzas armadas patrullando, deteniendo delincuentes e incluso haciendo labores de policía de tránsito.
Por ello, contrariamente a lo que sucede en otras democracias modernas, en México cuando se evalúan a las instituciones de seguridad, se debe incluir a las fuerzas armadas.
Pese a que cada grupo opositor ha criticado la medida militarista del gobierno en turno, señalado su ineficiencia, los riesgos de largo plazo y los incentivos negativos para formar las instituciones civiles que sí necesitamos, una vez que llegan al poder, hacen exactamente lo que criticaron -e incluso lo llevan un paso más allá-.
El PAN y el PRD a finales de la década de los noventa criticaron la construcción de la Policía Federal Preventiva con mandos, modelos y personal militar.
La oposición -principalmente el PRD, liderada por el entonces Jefe de Gobierno capitalino y hoy presidente- criticó la retórica militar de la “Guerra contra el Narco” de Calderón y el uso del Ejército y la Marina en operativos y funciones policiales.
El PAN y el PRD criticaron el intento del gobierno de Peña por crear una Gendarmería Nacional, un cuerpo semi militarizado -tomando los modelos francés, español, italiano y chileno como inspiración- para acompañar a la extinta Policía Federal.
Asimismo, al final de ese mismo sexenio, Morena lideró la oposición ante el intento del PRI por promover una Ley de Seguridad Interior que buscaba definir con claridad las funciones y el fuero de los militares involucrados en las labores de seguridad.
Al inicio de este sexenio el presidente de los “abrazos, no balazos”, que tanto criticó a los del pasado, rebasó a sus antecesores en su deseo de militarizar al país.
López propuso desaparecer la Policía Federal en favor de una Guardia Nacional (GN) militarizada -parecida a la Gendarmería propuesta por Peña-. La débil oposición manifestó tímidamente su rechazo.
Con el control total de ambas cámaras y varios congresos locales, López logró una reforma constitucional que le permitió militarizar la seguridad federal y garantizar el uso de las Fuerzas Armadas hasta el final de su sexenio.
La promesa que el actual presidente hizo era mantener el carácter civil de la GN , construirla como un sólido cuerpo; coadyuvar a reforzar las policías locales, para que en 2024 el Ejército y la Marina pudiesen regresar a los cuarteles.
Lamentablemente, nada de ello pasó: la GN se diseñó totalmente militar; no se volvió una institución independiente; no se reclutó para ella personal nuevo; se le privó de la experiencia de los ex policías federales; nunca se le capacitó ni guió, como tampoco se hizo algo en lo local por construir policías confiables y efectivas.
De hecho, con las policías estatales y municipales ocurrió lo opuesto que se prometió: se les cortaron fondos, se les abandonó.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 reconoce que las policías estatales han perdido más del 20% de sus recursos en lo que va del sexenio y las municipales desde 2021 ya no reciben apoyo federal.
Consciente de todo ello, el presidente López mandó una iniciativa -inconstitucional- para transferir definitivamente la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La medida, que termina de militarizar la seguridad federal, tiene como objetivo esconder el fracaso del actual gobierno por cumplir sus promesas y evitar que en 2024 el país se quede con una GN de apenas 20 mil elementos -la mitad de los que tenía la extinta Policía Federal-, mal formada y capacitada, sin protocolos de actuación ni instrumentos institucionales que guíen su función y con instituciones locales de seguridad peores que las que habían en el país en 2018.
La apuesta del presidente es someter a la oposición y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que avale algo inconstitucional, o por lo menos, lo resuelva una vez terminado su sexenio.
Aunado a ello, López aparentemente logró coaccionar al corrupto presidente del PRI -quien en repetidas ocasiones se manifestó contra la iniciativa del presidente- para que en la Cámara de Diputados su partido propusiese ampliar la presencia militar hasta 2028 en labores de seguridad.
¿Por qué nuestros gobernantes prefieren echar mano de las fuerzas armadas en vez de emprender una seria construcción institucional? ¡Porque es lo más fácil y rápido! Las Fuerzas Armadas ya están formadas, son letales y disciplinadas al poder; son muchas y cuestan mucho y el país casi no las requiere para su labor sustantiva de protección de la seguridad nacional.
Además, la ciudadanía confía en los militares y desconfía de los civiles.
La más reciente encuesta de victimización que presentó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), referente a 2021, lo confirma: en promedio 1 de cada 2 personas no confían en las policías estatales, ministeriales ni municipales, mientras que entre 8 y 9 de cada 10 personas confían en las Fuerzas Federales.
Es decir, en 2021 sólo el 45% de los ciudadanos confió en las policías de tránsito; el 52.7% en las preventivas municipales; el 56% en las ministeriales; el 56.2% en las estatales.
En contraste el 80.9% de los ciudadanos confíó en la Guardia Nacional; el 87.1 en el Ejército y el 89.6% en la Marina.
Si bien la percepción no ha cambiado significativamente desde 2010 -cuando se llevó a cabo la primera encuesta-, se observa que año con año ha habido un deterioro de la confianza en todas las instituciones involucradas en la seguridad y un consecuente aumentado de percepción de su grado de corrupción.
De 2020 a 2021 la confianza institucional disminuyó entre un 0.6 y un 2.5%: las policías municipales preventivas fueron quienes perdieron el mayor porcentaje de confianza, mientras que la Marina fue quien menos confianza perdió.
En ese mismo tenor, la percepción de corrupción aumentó entre un 0.8% y un 4%. La institución en donde menos se percibió un aumento de corrupción fue la Marina y donde más fue la Guardia Nacional.
Académicos, expertos y sociedad civil que nos dedicamos a evaluar las estrategias y resultados en materia de seguridad hemos sido insistentes y consistentes en decir que la militarización es un error.
Quienes nos antecedieron lo hicieron con Zedillo y Fox; muchos lo hicimos con Calderón, con Peña y lo decimos de nuevo con López: la militarización es una medida que tiene más efectos negativos que positivos.
Lo seguro es que este sexenio ya lo perdimos, López no dará marcha atrás ni en darle todo el poder a los militares, ni en apoyar las instituciones civiles locales.
Mi deseo es que nuestro próximo gobernante cuente con visión de Estado; no incurra en corto plazismos, escuche a los expertos; anteponga lo técnico a lo político; invierta los recursos necesarios; implemente mecanismos de evaluación y supervisión; entienda que sin justicia no hay seguridad y sin seguridad no hay justicia y ponga al centro de sus decisiones el bienestar ciudadano.
México merece y necesita un gobernante que sea serio y preparado, basta de autoridades que hacen lo mismo -aunque declaren que no son iguales-. Calderón, Peña y López están cortados con la misma tela, uno es la calca del otro, una calca que vez con vez ha empeorado, así como ha empeorado la seguridad en el país.
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Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
