Para el gobierno federal, la desaparición de personas se ha vuelto un problema de imagen que mina la narrativa oficial de disminución de la violencia y reducción del homicidio doloso en el país.
Es por ello que en los últimos 5 años se ha propuesto reiteradamente modificar el registro nacional de personas desaparecidas sin considerar cómo ello sería revictimizante si no se subsanan las deficiencias institucionales que mantienen viva dicha crisis.
La presidenta, su gabinete y el conjunto de autoridades locales evitan consistentemente hablar del tema; cuando se ven obligados a atenderlo, niegan la crisis, argumentan errores de registro e incluso responsabilizan a las víctimas, dado que señalan que muchas de ellas son en realidad desapariciones voluntarias —es decir, personas que deciden abandonar sus hogares y familias sin informarles a dónde van.
Las autoridades omiten reconocer que el delito crece y que subsiste una serie de fallas sistemáticas para atenderlo.
Actualmente, el registro nacional reporta 133,214 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 a la fecha. Poco más de 57 mil se registraron hasta noviembre de 2018, más de 60 mil en la pasada administración y 14,100 tan solo en 2025.
De hecho, este último año es el de mayor tasa de la historia de nuestro país, con un aumento del 8% respecto a 2024. De mantenerse la actual tendencia, este sexenio podría concluir con cerca de 100 mil personas desaparecidas.
Todo ello sin considerar la cifra negra, las víctimas que desaparecen y nadie reporta por desconocimiento de procesos de sus familias, por marginación, por temor a represalias, por falta de atención de las autoridades o por ser migrantes indocumentados en nuestro país, sin familias que puedan acudir a denunciar su desaparición.
Si bien desde 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el profundo control territorial que mantienen las organizaciones criminales en nuestro país, los nexos corruptos que sostienen con autoridades, la falta de compromiso político y las enormes deficiencias institucionales han dificultado todo avance.
En particular, la implementación de políticas mal diseñadas, el desinterés por las víctimas y los recortes presupuestales para la seguridad han hecho que la capacidad para combatir los delitos que generan desapariciones, que la posibilidad de atender las denuncias, buscar a las víctimas y consolidar investigaciones que lleven a la sanción de los culpables, sean casi nulas.
Según datos oficiales, la impunidad en torno a dicho delito ronda el 100% de los casos.
Hacia el cierre de 2026 y en los primeros días de 2024, la presidenta Sheinbaum presumió la baja de los homicidios a nivel nacional, destacó una baja del 40% de estos como efecto de la política de seguridad de su gobierno.
Al ser cuestionada por la solidez de dicho dato y la relación que podría existir entre la disminución de los homicidios y el aumento en las desapariciones, la mandataria declaró que es una prioridad de su gobierno poner orden en tal estadística e insistió en que el registro debe ser actualizado, manteniendo en este solo los casos en los que exista una carpeta de investigación correspondiente.
Por sí mismo la declaración podría parecer redundante o positiva, ya que sería obvio que por cada caso haya una denuncia puntual y un avance en las investigaciones.
También podría parecer positivo que la presidenta insista en que cada víctima sea atendida por la autoridad correspondiente.
Sin embargo, si se actualiza el registro según dicho criterio, más que un avance, veremos un profundo retroceso. Como ya lo avancé, reducir el actual Registro Nacional sin haber atendido las deficiencias institucionales que mantienen viva la crisis, atenta contra la transparencia, la rendición de cuentas, invisibiliza a las víctimas y las revictimiza.
Actualmente, sobran los casos en los que madres, padres, hijos, parejas, familiares acuden a una agencia del Ministerio Público y son ignoradas o incluso engañadas para no iniciarles una carpeta de investigación por la desaparición de su ser querido.
En el área de atención a víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano hemos documentado y denunciado un sinfín de casos donde una víctima indirecta fue ignorada o disuadida de denunciar con trabas o incluso amenazas.
Insistir en cambiar el registro sin antes haber atendido todo ello es una clara violación de los derechos de las víctimas.
¿Qué sí se debería hacer si se quisiese combatir este delito? Limpiar a las policías y fiscalías, aumentar su personal, pagarle y tratarlo mejor, fortalecer sus capacidades e insumos, implementar procesos y supervisar su desempeño objetivamente.
Al ser la desaparición un fenómeno que ocurre por efecto de otros delitos, su combate pasa por mejores políticas de combate a la criminalidad.
Es indiscutible que esta administración ha implementado una importante transformación en términos de liderazgo, estrategia y acciones en materia de seguridad; es evidente que ello ha producido un aumento exponencial de las detenciones, los decomisos, los aseguramientos y los operativos.
Todo ello seguramente producirá los efectos positivos de reducción de delitos y violencia que han favorecido el crecimiento de las desapariciones.
Mantenerse en este rumbo, podría reducir la actual crisis sin necesidad de modificar artificialmente la estadística y los registros de desapariciones ni revictimizar a quienes hoy buscan a un ser querido.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano