Este domingo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recibió el golpe más fuerte de su historia: la captura y muerte de su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho.
Ya en los últimos meses la operación y recursos del CJNG habían sido duramente afectados por operativos en Estados Unidos y Europa, no obstante, parecía casi impensable que nuestro gobierno federal pudiese detener —y abatir— al delincuente más buscado del mundo, un criminal prioritario para México, Estados Unidos y otros países.
Dicha organización criminal se volvió la principal en traficar fentanilo, ello le permitió fortalecer su presencia nacional —al punto de superar en poder y control territorial al Cártel de Sinaloa— e internacional —dado que llegó a mantener operación en aproximadamente 40 países.
En México el CJNG se convirtió en el principal disparador de la violencia. No sólo en Jalisco —su entidad de origen— el cártel impuso el temor mediante la violencia, fue el responsable principal de que estados como Chiapas, Colima, Guanajuato, Michoacán, Sonora o Zacatecas vieran crecer las ejecuciones, las desapariciones, la extorsión, los secuestros, el consumo de drogas, el desplazamiento y el reclutamiento forzado.
En el extranjero, particularmente en nuestro vecino del norte, su actividad ligada a la venta de fentanilo transformó ciudades vibrantes en pueblos fantasma; en Ecuador —un país que contaba con niveles contenidos de incidencia delictiva— su presencia desató una profunda ola de violencia tanto en las calles como en los penales del país.
El operativo contra El Mencho es indudablemente un acto de responsabilidad y coherencia del gobierno de la presidenta Sheinbaum y una demostración de que el Estado mexicano sí cuenta con la capacidad operativa, la inteligencia y los recursos para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de quienes vivimos o transitan por nuestro país, así como de perseguir y sancionar a quien delinque.
Asimismo, sienta un precedente importante en la cooperación con el gobierno estadounidense en el combate a la delincuencia organizada —aquella que la administración Trump incluyó como grupos terroristas.
Pese a lo anterior, es importante considerar que existe el riesgo de que tal acción tenga consecuencias importantes de empeoramiento de la seguridad en nuestro país.
Según declaraciones oficiales, el pasado domingo —tras el operativo— los integrantes del CJNG mantuvieron 85 bloqueos en carreteras federales en Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; sostuvieron agresiones en contra de la autoridad y privaron de la vida a 27 integrantes de las Fuerzas Federales.
Por su parte, el gobierno federal detuvo a 70 agresores, presuntos integrantes del CJNG y abatieron a tres.
Con base en la experiencia, sabemos que lo anterior puede ser el inicio de un periodo de crecimiento de la violencia. Por lo general golpes de tal naturaleza en contra de la delincuencia organizada pueden ocasionar tanto luchas intestinas por el control de la organización, como ajustes en el control territorial.
Aparentemente ya hay algunos mandos del CJNG que podrían ser los sucesores del Mencho: Juan Carlos Valencia, su hijastro y presunto responsable de la expansión en el extranjero del cártel; Hugo Mendoza o Ricardo Ruiz, señalados como operadores financieros y de control territorial; Audias Flores supuesto responsable de la seguridad de la organización, y de su líder.
Sin embargo, tales relevos suelen acompañarse de conflictos internos, luchas de poder e incluso fracturas que terminan por distraer parte de la capacidad operativa de la organización para mantener la preponderancia territorial en el país o incluso, por crear nuevas organizaciones delictivas.
En dicho contexto, las otras organizaciones criminales suelen aprovechar el momentum, en tal reajuste interno emprenden luchas locales para recuperar o simplemente para crecer su poder en torno a ilícitos y poblaciones.
Por ejemplo, el CJNG ha mantenido una lucha constante en Guanajuato con el Cártel Santa Rosa de Lima o en Zacatecas contra las dos facciones del Cártel de Sinaloa —la de los Chapitos y la de los Mayos—, este momento podría llevar a nuevas confrontaciones que recrudezcan la violencia local.
Los principales riesgos se encuentran en comunidades clave de la operación delictiva; bastiones de los grupos criminales; zonas de reclutamiento y entrenamiento; carreteras y vías de abastecimiento y distribución de armas y drogas.
Es por ello que la autoridad debe poner en marcha una labor de comunicación efectiva con la población para evitar desinformación y peligros innecesarios; debe prever tales riesgos y activarse para evitar represalias y confrontaciones entre grupos delictivos; debe emprender una profunda investigación dirigida a romper los lazos entre personajes políticos y criminales, que permita una limpieza institucional en contra de aquellos servidores públicos involucrados y coludidos con los delincuentes y que logren afectar los activos de la criminalidad.
Sólo así nuestras autoridades lograrán recuperar la paz en el país, acotar la actividad delincuencial y fortalecer el Estado de Derecho.
El duro golpe al CJNG puede ser un punto de quiebre muy importante para la seguridad en nuestro país, nuestras autoridades deben ser reconocidas por ello, al tiempo en que debemos recordarles que, bien administrado, podría ser el elemento clave para que México deje de ser un país sometido por los grupos delictivos y las autoridades corrompidas.
De lo contrario, si es mal administrado, dicho golpe en contra del CJNG puede detonar una nueva ola de violencia nacional que tendrá como consecuencia la pérdida de muchas más vidas, más desaparición de personas y más daño al desarrollo económico y social de los mexicanos.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano