¿Qué impacto en la seguridad podría traer la actual pandemia?

Francisco Rivas

En febrero del presente año se dio a conocer una nueva enfermedad, el Covid-19. En pocos días una enfermedad que parecía una noticia escándalo llevó al cierre de una provincia completa de China y escenas de película de futuro distópico en varios países europeos.

Fiel al sentido de humor que nos caracteriza como mexicanos chistes y memes inundaron las redes sociales, gracias también a una pésima respuesta del presidente López y de otras autoridades.

Tras semanas de mensajes dignos de una película cómica -en plena pandemia el presidente invitando a abrazarse o protegerse con estampas religiosas; el subsecretario asegurando que el presidente tiene fuerza moral y no de contagio; el millonario gobernador de Puebla asegurando que sólo se habrán de contagiar los ricos- el gobierno, en voz del subsecretario de salud, insiste que debemos quedarnos en casa.

Una medida necesaria para evitar difundir el contagio con consecuencias adversas para la economía nacional -que a partir de las acciones de este gobierno reporta estancamiento y caída de la inversión- y personal, dada la enorme cantidad de personas que cuentan con trabajos precarios y que viven al día.

Mientras todos los países afectados por la pandemia establecen medidas económicas y fiscales con el fin de paliar los efectos adversos de esta crisis, en México aún no se ha contemplado nada: ni solución al desabasto de medicamentos e insumos del sector salud, ni subsidios a pequeñas y medianas industrias afectadas por la falta de consumo, ni créditos fiscales para ciudadanos y empresas.

Al gobierno federal le importa más cumplir con sus obras de infraestructura -Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya- que apoyar a los contribuyentes que en este momento están viendo afectados sus ingresos y que de todos modos deberán pagar impuestos.

Más allá de las graves consecuencias económicas que ciudadanos y país habremos de enfrentar, es muy probable que existan consecuencias negativas en materia de seguridad y justicia.

La primera está relacionada con los recursos que el Estado destina a este tema. En 2019 apenas se destinó el 0.89% del PIB y para 2020 se programó un 0.97% -muy por debajo del 3% del promedio de los países de la OCDE o del 5% de Colombia-, recursos por demás insuficientes ante la profunda crisis de incidencia delictiva y violencia que vive el país, que habrá que ver si pueden ser garantizados ante la actual y futura crisis económica del país.

La segunda tiene que ver con los riesgos para la salud de policías, peritos, ministerios públicos, jueces, policía penitenciaria del país, personal administrativo y de apoyo del sector seguridad y justicia. Centenares de miles de personas que por las características de su trabajo no podrán resguardarse en casa y que están expuestas a contagiarse.

Centenares de miles de personas que resultan insuficientes ante el tamaño de población y ante la cantidad de delitos que se cometen en nuestro país. Debemos recordar que México tiene la mitad de policías por cada 10 mil habitantes comparado con las principales economías del planeta, cuando ninguno de ellos tiene una crisis de violencia similar a la nuestro, pensemos ahora qué podría suceder si tan sólo el 30% del personal de seguridad y justicia debiese resguardarse tras resultar infectado de Covid-19 ¿cómo piensan subsanar los gobiernos la ausencia de policías en las calles, de personal ministerial en procuradurías y fiscalías o custodios en los penales? ¿Cómo aumentará la posibilidad de cometer delitos, aumente la impunidad o el autogobierno en penales?

Tercero, tras una crisis económica es común que crezcan los delitos patrimoniales, más cuando esto ocurre en un contexto de ya alta impunidad e incidencia delictiva.

Ante una crisis sin precedente de delitos y violencia, la falta de recursos humanos, de formación, técnicos, tecnológicos y un entorno de crisis económica el riesgo que la inseguridad se agrave aún más no debe descartarse.

Dado que los abrazos y las estampas no han funcionado para frenar la pandemia ni la crisis de violencia es urgente que los niveles de gobierno y los poderes del Estado establezcan una estrategia ante lo que puede llegar a suceder también en materia de seguridad y justicia.

Hasta el momento ni el pensamiento mágico, ni los chistes han logrado cumplir la promesa de un México pacífico y próspero, es hora de que las autoridades actúen con seriedad y estén a la altura del reto que asumieron.
 

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

 

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