En los últimos días se han registrado varios casos de desapariciones múltiples de personas en entidades como el Estado de México, San Luis Potosí y Sinaloa.
Ello ha avivado la discusión acerca de la situación de violencia del país, el abandono de las víctimas y los riesgos para aquellos familiares que se avocan a localizarles. Una discusión en la que el gobierno federal no está en lo absoluto de acuerdo.
Ante todo cuestionamiento, la presidenta insiste en que hay un descenso marcado de la violencia y que en realidad los centenares de miles de víctimas reportados por la estadística oficial son muchos menos. Que una gran parte de los registros carecen de completud, consistencia y de una carpeta de investigación y por ende, de veracidad.
Para atender tal problema, Sheinbaum insiste en la necesidad de depurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPD) con el fin de que éste refleje la realidad.
De cara a lo anterior, cabe preguntarnos si dicho cambio es necesario -particularmente cuando ya hubo una revisión de dicha estadística hacia el final del sexenio pasado que llevó a que se eliminaran más de 11 mil víctimas de los registros- y cuál su objetivo ¿(1) mejorar la búsqueda de personas, (2) rendirle cuentas a la sociedad o simplemente (3) blindar la narrativa oficial del “vamos muy bien”.
Esta última pregunta es fundamental para definir los siguientes pasos ¿qué busca la autoridad: un mejor instrumento de difusión que las víctimas indirectas puedan usar con facilidad, un mecanismo para medir mejoras o empeoramiento o un sustento al discurso oficial acerca de las mejoras en seguridad?
(1) Si lo que busca la autoridad es un instrumento de difusión de información de personas desaparecidas que pueda ser fácilmente usado por las víctimas indirectas, entonces no, no se requiere depurar el registro.
Lo que sí se necesitaría sería una campaña de difusión que ayude a que las personas lo conozcan y lo usen adecuadamente.
Tal campaña ayudaría a que cada registro contase con la mayor cantidad de información posible de la víctima y de su último paradero.
(2) Si el objetivo del gobierno es contar con un mecanismo que ayude a evaluar la política de seguridad y la capacidad del Estado para atender a las víctimas de la violencia, entonces sí, se requiere una profunda depuración del RNPD pero sólo después de haber mejorado el Sistema Nacional de Búsqueda; de haber agilizado el proceso de recepción de denuncias en las fiscalías de todo el país; de haber supervisado que a cada denuncia procedente, corresponda una carpeta de investigación; después de haber combatido la corrupción de las autoridades ministeriales; después de haber destinado un importante aumento de aportaciones federales para la seguridad -particularmente en el área forense- y después de haber puesto en marcha mecanismos de acompañamiento y atención ciudadana centrados en las necesidades de las víctimas.
Es decir, si lo que verdaderamente se quiere es resolver el problema de las desapariciones en México, depurar la estadística debe ser el último paso de un proceso mucho más complejo, donde el Estado reconozca su responsabilidad y trabaje para erradicar sus fallas.
Tonemos como ejemplo una de las frases que la presidenta repite con mayor frecuencia “todo registro debe contar con una carpeta de investigación”. Sheinbaum tiene absolutamente razón en insistir en ello, cada ilícito debería ser denunciado, particularmente aquellos que ponen en riesgo la libertad e integridad de las personas.
Pero, al afirmar lo anterior parece que la presidenta quiera responsabilizar a las víctimas antes de reconocer que si no existen las carpetas de investigación correspondientes, se debe a fallas mismas del sistema de procuración de justicia.
¿Cómo denunciar ante una autoridad ministerial si las víctimas indirectas no viven en México? ¿Cómo denunciar ante el peligro de acudir con autoridades coludidas con los criminales? ¿Cómo denunciar si el proceso es tortuoso, si en todo momento buscan disuadir de continuar el proceso o se revictimiza al denunciante? ¿Para qué denunciar si la carpeta de investigación no deriva en acciones de la autoridad para localizar a los desaparecidos, buscar a los responsables y sancionarlos?
Es decir, si de verdad hay interés en que desaparezca menos gente en el país, la presidenta debe corregir primero todo el sistema de seguridad y justicia y luego depurar el Registro Nacional.
De lo contrario, será evidente que lo único que el gobierno busca es (3) evitar las críticas, tras presentar bajas en los registros.
Lamentablemente, parece que la lógica sea precisamente esta última.
Al revisar el RNPD, el 11 de enero se reportaban a 14,100 personas desaparecidas de enero a diciembre de 2025 -lo que equivalía a un aumento del 8% respecto al 2024-. Sin embargo, el 21 de enero en el registro se reportaron 12,870 personas desaparecidas y no localizadas, es decir, 1,230 casos menos -lo que llevó a una supuesta disminución del 0.6% entre 2024 y 2025- y que en lo que va del año -pese a los innumerables casos que día a día ocurren- las desapariciones registradas son 40% menos respecto a 2025.
En resumen, es necesario proponer una mejora de los registros, insistir que por cada caso exista una investigación en curso por parte de las autoridades de procuración de justicia y que cada registro cuente con toda la información necesaria para facilitar la localización de las personas.
No obstante, ello debe ser el último de los pasos. El Estado debe empezar por reconocer y subsanar sus fallas, su ineficiencia, su indiferencia, su incapacidad, su simulación y su corrupción, para luego planear y operar las mejoras -todo ello acompañado de los recursos necesarios- y luego, sólo luego, depurar los registros.
De lo contrario, tal depuración será un mecanismo para reforzar un discurso vacío, lejano a las personas, que sólo revictimiza a quien hoy sufre la terrible situación de no localizar a su ser querido.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano