Observemos el desempeño legislativo

Francisco Rivas

En las últimas semanas hemos visto el aumento de homicidios múltiples, entre los cuales las víctimas incluyen niñas, niños y adolescentes, todos ejecutados con lujo de violencia y que superan con creces los peores momentos de la mal llamada “Guerra Contra el Narco”.

Tan sólo en lo que va del mes, en Zacatecas 10 personas fueron ejecutadas y colgadas en un puente; en Guanajuato 14 personas fueron finadas en dos eventos delictivos -entre las víctimas hay mujeres y niños-; en Michoacán en un sólo evento se acumularon 11 víctimas de homicidio doloso -de las cuales 6 menores de edad-.

Estos terribles casos son algunas de esas lamentables masacres que ocurren a diario en México y que el presidente López aseguró que ya no existían.

Lamentablemente, las condiciones de seguridad no mejoran en el país: 2019, 2020 y 2021 son los años más violentos de nuestra historia en un contexto en el que la mayor parte de los delitos crecen y donde es evidente que la delincuencia organizada controla una parte significativa del territorio nacional.

Ante todo ello en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos insistido en la necesidad de una estrategia de prevención y combate a los delitos sustentada en datos y mecanismos de evaluación, que considere los recursos humanos, tecnológicos, equipamiento suficientes y una eficiente colaboración internacional para atender la delincuencia trasnacional.

Los tres poderes de la Unión tienen que actuar en conjunto para que el combate a la delincuencia se rija por la justicia; se enmarque en leyes efecientes y se refleje en políticas públicas efectivas. El Ejecutivo debe implementar políticas públicas eficaces; el Judicial una administración de la justicia conforme a la ley; nuestros legisladores las reformas normativas necesarias para hacer más efectivo el combate a los delitos, los recursos necesarios para que el Ejecutivo pueda cumplir el objetivo de pacificar al país y que el H. Congreso de la Unión sea el contrapeso necesario para llamar a cuentas al gobierno federal en caso de ser incapaz de lograr avances en la materia.
En general la ciudadanía suele atribuir toda la responsabilidad de la seguridad al gobierno federal y los gobiernos locales, sin considerar la responsabilidad de los otros poderes que son cruciales para que el Estado cumpla su tarea sustantiva de garantizar la seguridad y bienestar de los gobernados.

Conscientes que el trabajo legislativo es poco conocido por la ciudadanía, que la mayor parte de personas ignoramos el desempeño de las comisiones y de los legisladores, su experiencia y trayectoria y los resultados individuales y por comisión, es que hoy martes 23 de noviembre presentamos el Observatorio Legislativo de Seguridad, Justicia y Legalidad, como un proyecto prioritario del ONC.

Este ejercicio pretende dar seguimiento al trabajo de las comisiones relacionadas con seguridad, justicia y legalidad del H. Congreso de la Unión y los Congresos de Ciudad de México y Estado de México.

Cada día 1 y 16 del mes, actualizaremos el desempeño de legisladores y comisiones; qué propuestas fueron presentadas; su pertinencia; si están sustentadas en diagnósticos objetivos; qué tanto pueden atender las problemáticas que los mexicanos sufrimos a nivel nacional, en la capital del país y en el Estado de México.
En específico ser observarán y evaluarán a las siguientes comisiones:

Senado de la República

⁃ Comisión de Seguridad Pública

⁃ Comisión de Justicia

⁃ Comisión de Derechos HumanosComisión de Derechos Humanos

⁃ Comisión Especial Encargada de Dar Seguimiento a los Casos de Feminicidio de Niñas y Adolescentes

Cámara de Diputados

⁃ Comisión de Seguridad Ciudadana

⁃ Comisión de Justicia

⁃ Comisión de Derechos Humanos

Congreso de Ciudad de México

⁃ Comisión de Seguridad Ciudadana

⁃ Comisión de Administración y Procuración de Justicia

⁃ Comisión de Derechos Humanos

Congreso del Estado de México

⁃ Comisión de Seguridad Pública y Tránsito

⁃ Comisión de Derechos HumanosProcuración y Administración de Justicia

⁃ Comisión Especial del Sistema Penitenciario

⁃ Comisión Especial de la Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición

Desde un punto de vista del desempeño, al día de hoy podemos confirmar que ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni los congresos de Ciudad de México y Estado de México hacen público el proceso y/o criterios para la integración de las comisiones.

El partido que concentra la mayoría en las 15 comisiones monitoreadas y preside 11 de estas es Morena. Ello nos permite concluir que la calidad, pertinencia y resultado de las labor legislativa en materia de seguridad y justicia será responsabilidad directa de dicho partido.

En la Cámara de Diputados, aún hay entre 14 y 24% de curules vacantes en las comisiones observadas.

Sólo la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República ha puesto a disposición de la ciudadanía su plan de trabajo.

Ninguna de las comisiones monitoreadas ha presentado iniciativas y por lo tanto, tampoco dictámenes.

Pese a que el sistema penitenciario es el eslabón más débil de la cadena de seguridad y justicia, sorprende que ni el legislativo federal, ni el H. Congreso de Ciudad de México, cuenten con comisiones que atiendan el tema.

Por todo ello, entre las recomendaciones que desde el ONC hacemos llegar a los legisladores, destaca la urgencia que las comisiones transparenten a la ciudadanía sus planes de trabajo y mecanismos de conformación.

En lo particular, a la Cámara de Diputados le solicitamos dar la debida importancia a las comisiones de Seguridad Ciudadana, Justicia y Derechos Humanos y utilizar las curules vacantes con personas de probada experiencia en los temas que atañen a cada Comisión.

A los legislativos de Ciudad de México y del Estado de México, los invitamos a replicar el ejercicio de transparencia del Congreso de la Unión y crear localmente un Sistema de Información Legislativa.

Si bien los legisladores emanan de los diferentes partidos, cada uno con una visión propia de cómo atender las necesidades del país y que, independientemente de sus creencias personales, responden a los liderazgos de sus bancadas, es indispensable que pongan el interés nacional por encima del propio y su partido.

Su labor es fundamental y nos cuesta a los mexicanos centenares de miles de millones de pesos por año, por ello, es prioritario un desempeño responsable y ético del cargo que los ciudadanos les confiamos y les recordamos que claudicar al mismo los hace corresponsables de la crisis de seguridad que enfrenta México.
 

Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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