Han pasado 17 meses desde el inicio de esta administración federal y no encuentro una sola acción o resultado que deba ser reconocido y aplaudido en materia de seguridad . Es más, veo una serie de errores que son los responsables de que sigamos viviendo la peor crisis de violencia que el país recuerde.

En los últimos 20 años a nivel nacional se han anunciado y -a veces- puesto en marcha una serie de proyectos, programas o acciones con el potencial de transformar la calidad de las instituciones de seguridad y justicia y, por ende, de impactar en la disminución de delitos y violencia, construir un verdadero acceso a la justicia, una reinserción social, abatir corrupción e impunidad y mejorar la percepción de seguridad . Sin embargo, los resultados han dejado mucho qué desear.

Si las nuevas instituciones -la transformación de las policías del orden federal en Policía Federal Preventiva (PFP) y luego en Policía Federal; los cambios en las competencias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus centros nacionales; el cambio de Agencia Federal de Investigación (AFI) en Agencia de Investigación Criminal (AIC); la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito; por citar algunas-, la transformación normativa -la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal Adversarial, el modelo policial, el control de confianza, el Informe Policial Homologado (IPH)-, la creación de programas -de formación, prevención o reacción- o la compara de tecnología y armamento, han fallado es porque el diseño, la implementación o supervisión estuvo sesgada políticamente; porque no tomó en cuenta factores estructurales adversos; porque no se escuchó a los técnicos; porque no se le dieron recursos necesarios; porque no se evaluó objetivamente o porque simplemente se prefirió eliminarle en vez de subsanar sus posibles deficiencias.

Dicho de otra manera, cada tanto en México nos inventamos el hilo negro, lo inventamos mal porque escuchamos a gente que no sabe de hilos, lo hacemos de dudosa calidad para ahorrar y cuando no da el resultado prometido -en vez de corregir la calidad de éste- lo echamos a la basura e inventamos un nuevo hilo negro con los mismos problemas del anterior.

La terquedad, incompetencia, ignorancia de los tomadores de decisiones nos mantiene en este círculo vicioso del que no salimos aun cuando dentro de la administración pública tengamos funcionarios valiosos.

Pese a la opinión generalizada que todos los servidores públicos son flojos, ineptos y corruptos me consta que es exactamente lo contrario, la mayor parte de nuestra burocracia es honesta, capaz y hacen hasta lo imposible por servir a México.

La mayor parte de los servidores públicos trabajan muchas más horas de las que se les pagan, ponen su profesionalismo, conocimientos y hasta de recursos personales para servir a los mexicanos. Lo hacen convencidos, a pesar de jefes ineptos o mal intencionados.

Lamentablemente, rara vez uno de estos grandes patriotas llegará a los puestos clave para corregir un sistema que está enfermo.

Difícil tarea amar a nuestro país, insistir en querer hacer lo necesario y admitir que estamos trabajando con gente que miente o que su interés personal pasa por encima del bien común. Estos servidores defienden su trabajo y el trabajo de sus instituciones a pesar de saber lo mal que estamos.

Precisamente la semana pasada tuve una conversación vía Twitter con uno de estos bien intencionados y capaces funcionarios que trabaja en un gobierno que, en el mejor de los casos simula, ignora o en el peor, miente.

En dicha red social publiqué que llevo 17 meses esperando poder reconocer una buena acción en seguridad del gobierno de López y no he podido ver alguna, aumentó la percepción de inseguridad, siguen creciendo los delitos y al tiempo recortan gasto en seguridad, malas decisiones que llevan a malos resultados.

En respuesta recibí una serie de twits con 19 proyectos que enumero a continuación y que deberían contradecir mis dichos:

1. Un nuevo IPH 2019

2. El IPH móvil con tableta

3. El nuevo Modelo -no sé Modelo de qué-

4. La caída en robo de vehículos

5. La caída en huachicol

6. La nueva estrategia anti extorsiones

7. El RND -registro nacional de detenidos-

8. La estrategia contra tráfico de armas (coming soon) -es decir, que aún no existe-

9. El relanzamiento del 911 y 089

10. La mesa de trabajo CCE-Coparmex

11. El MORE -un sistema de evaluación de registros del que no se publicaron los resultados-

12. Compras consolidadas

13. Protocolo para evitar extravío de armas

14. Una nueva Guardia Nacional

15. El fortalecimiento de CONASE

16. Las mesas de construcción de Paz

17. El relanzamiento del Cisen (CNI)

18. Programa Jóvenes construyendo futuro aplicado a zonas de alta incidencia

19. Convenio con UIF

20. Por solo mencionar algunas....

Por el respeto que tengo al autor de dicha afirmación, decido aclarar que han sobrado en las pasadas administraciones buenas intenciones y buenos programas, al tiempo que llevamos 20 años con niveles inaceptables de violencia, que en los últimos 5 años se han agravado cada vez más.

De nuevo, echar a andar un proyecto no sirve si no se le destinan los recursos necesarios y debemos recordar que esta administración es la que menos dinero le ha destinado a la seguridad, recortando particularmente los recursos para la prevención y el combate a los delitos; para la procuración de justicia y a las aportaciones para la seguridad de estados y municipios.

Además, ante la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, el gobierno federal autorizó a los estados usar el dinero para prevención del delito y capacitación policial, para comprar medicamentos y tapabocas.

¿De qué sirve generar protocolos nuevos, instituciones nuevas, más diagnósticos si no hay cómo y con qué implementarlos?

Todas las agencias son mejorables, todos los protocolos son mejorables, pero con poco personal, cargas de trabajo excesivas, sin dinero para la capacitación ¿de qué sirve?

Por lo tanto, tener un nuevo IPH 2019; nuevos protocolos, nuevo RND; relanzamiento del 911 y 089; el MORE; mesas de trabajo con empresarios; una Guardia Nacional; el supuesto fortalecimiento de CONASE y CISEN-es decir se puso un “nuevo” delante a muchas cosas que ya existían-, cuando por otro lado se hacen recortes presupuestales sin precedentes que hacen difícil la operación, promueve que haya personal insuficiente, tecnología insuficiente, insumos insuficientes ¡simplemente no sirve!

Tener un sistema consolidado de compras, sin recursos suficientes ¿se debe aplaudir?

Como no se debe aplaudir una nueva estrategia anti extorsiones cuando aún no hay resultados y cuando 2019 fue el segundo peor año de la historia en esta materia -pese a que varios estados reportaron menos de 5 casos en todo el 2019- como es el caso de Michoacán.

No se puede aplaudir mesas de construcción de Paz cuando los resultados de estas simplemente no fueron incluidos en los planes y estrategias de seguridad.

Por su lado, la supuesta caída en robo de hidrocarburo debe ponerse en duda como resultado tanto por la falta de registros confiables, como por el impacto que la guerra que el presidente lanzó en contra de este delito es responsable del aumento de la violencia en varias entidades como es el caso de Guanajuato.

Los delitos violentos siguen sin freno, según datos de la misma presidencia en marzo y los primeros 16 días de abril el promedio diario de homicidios ha sido el más alto de la historia y precisamente gran parte de ellos se deben a la Guerra contra el Huachicol de esta administración.

En contraste, de los posibles resultados que esta administración quiere colgarse, el robo de vehículo viene en caída desde 1997, llega en 2020 a su mínimo histórico gracias al trabajo de muchas administraciones del pasado, principalmente de las locales.

Si bien los programas de transferencia económica a ciertos jóvenes pueden ser muy positivos, los hallazgos que desde el Observatorio Nacional Ciudadano y desde Mexicanos Contra la Corrupción hemos hecho, ponen en evidencia que no se centran en las áreas donde hay mayor participación de jóvenes en la comisión de delitos; que los registros de beneficiarios carecen de mecanismos de control y el programa carece de mecanismos de evaluación objetiva. Es decir, no están diseñado para prevenir el delito.

Como mexicano, como alguien que ha vivido de cerca la violencia, deseo que los gobiernos, todos, sean exitosos; como alguien que ha trabajado 20 años cerca de policías, ministerios públicos y funcionarios, reconozco la importancia de su trabajo y del sacrificio hacen.

No obstante, es mi deber insistir que las buenas intenciones sin los recursos necesarios, no se cristalizan; que los programas se deben evaluar a partir de indicadores de resultados objetivos y no por su simple existencia; que la defensa de las instituciones se debe hacer desde esos resultados objetivos y no desde la intencionalidad; que hoy, más que nunca, vivimos sumidos en la violencia y no hay avances; que los hechos y los recursos de esta administración no están centrados en mejorar las instituciones de seguridad y justicia y así no hay forma de acabar con la violencia.

Director General del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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