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¿Necesitamos un nuevo sistema de registros delictivos?

10/12/2019
02:33
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Dada la crisis de violencia que nuestro país ha vivido por décadas, México cuenta con un amplio sistema de información en materia de seguridad y justicia.

A través de instituciones federales como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) podemos conocer el número de delitos y de víctimas que ocurren cada mes a nivel nacional, regional, estatal y municipal, podemos identificar la capacidad del Estado de darle acceso a la justicia a las víctimas y la eficacia de la procuración de justicia, podemos conocer la vivencia de las personas respecto a los delitos sufridos, así como la confianza que los ciudadanos tenemos hacia las instituciones de seguridad y justicia y la relativa percepción de seguridad.

Pese a la gran cantidad de información con la que contamos y a los cambios en los sistemas de registro para conocer con mayor detalle la ocurrencia de delitos y el número de víctimas, debemos enfatizar en que aquella que se construye a partir de las carpetas de investigación de procuradurías y fiscalías, sigue teniendo importantes deficiencias.

Por años en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos demostrado cómo algunas entidades falsean información, reportan inadecuadamente casos o víctimas, o incluso, omiten investigar algunos delitos.

Dicho de otra manera, si bien nuestro país es uno de los que cuenta con la mayor cantidad de información sobre delitos de una manera pronta y oportuna, estos siguen teniendo inexactitudes a partir del hecho que no siempre una denuncia se transforma en una investigación y, cuando esta se inicia, puede reportarse por tipos penales que no siempre corresponden al delito sufrido.

Los problemas de registro se deben a las excesivas cargas de trabajo de los integrantes de procuradurías y fiscalías, a la falta de profesionalización de estos, a la ausencia de procesos y supervisión adecuados, a un pobre sentido de rendición de cuentas por parte de la institución e incluso, por la conveniencia política de dar a conocer los números reales de incidencia de ciertos delitos.

El problema de datos débiles o imprecisos es que con ellos se toman malas decisiones y aún más, atrás de una mala estadística delictiva hay una pobre atención a las víctimas del delito.

Para corregir estos errores se requiere de una fuerte inversión que permita crecer el número de plazas para que se pueda llevar a cabo una distribución equitativa y realista de las cargas de trabajo; para que se logre una profesionalización constante y de calidad de los integrantes de las instituciones; para que se implemente tecnología y procesos institucionales que simplifiquen la supervisión y acoten a su máxima expresión la discrecionalidad en la operación de policías, ministerios públicos, peritos y fiscales. Un gasto en seguridad y justicia que sea acorde al reto que tenemos como país y atienda las deudas que tenemos con los millones de víctimas que por décadas no hemos atendido.

Nada de esto es nuevo, nuestras autoridades lo saben, el ONC y muchas otras organizaciones hemos dado a conocer diagnósticos que muestran cuáles los errores y cuáles las posibles soluciones.

Por ello sorprende la respuesta que llega desde las instituciones de justicia, el pasado viernes 6 de noviembre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), dio a conocer que, de la mano del INEGI y la FGR, los procuradores y fiscales del país acordaron implementar, por su propia cuenta, un sistema paralelo para el registro de incidencia delictiva, a partir de 2020.

Si bien este acuerdo podría parecer un instrumento para enriquecer el entramado de información delictiva, es importante ser cautelosos con su bienvenida. Por un lado, carece de fundamento legal para desarrollarlo -la Constitución como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen esta responsabilidad en el SESNSP, en lo específico en el Centro Nacional de Información (CNI)- y, por otro lado, genera espacios de oportunidad para debilitar la información con la que ya contamos.

Esta acción, que podría ser entendida como un instrumento para contar con más y mejores datos sobre la ocurrencia de delitos, al carecer de un enfoque claro puede mermar recursos sin que atienda los problemas sustanciales previamente enumerados, que debilitan la calidad de los registros delictivos.

Además, abre la posibilidad de confundir más a la opinión pública sobre los datos en esta materia, al tiempo que genera un espacio de oportunidad para que la información, así como hoy se presenta no sea comparable con las series históricas y por ende no permita entender si vamos mejorando o empeorando en materia de incidencia delictiva.

Si lo que busca la CNPJ es mejorar la rendición de cuentas y expresar de manera más clara la capacidad del Estado para actuar, no es necesario desarrollar un nuevo sistema de registro, basta con que cumplan con lo que por años se ha expresado en los informes de gobierno de los presidentes.

Recordemos que en el informe del 1er año de gobierno del presidente López del pasado 1 de septiembre, de manera inédita la autoridad federal ocultó la información sobre las órdenes de aprehensión ejecutadas, las puestas a disposición, las sentencias condenatorias o el número de personas hacinadas en los centros penitenciarios -entre muchos otros datos que se omitieron-.

La declaración de la CNPJ de querer desarrollar un sistema alterno de información, lejos de ser una buena noticia debe preocupar: o nuestras autoridades desconocen sus obligaciones legales y las de las otras instituciones o abiertamente están buscando una manera de presentar datos más halagüeños en un contexto en donde la violencia sigue creciendo.

En todo caso, esta acción no mejora los motivos por los cuales hay debilidad en registros y en combatir los delitos.

Esperemos que la CNPJ se siente a trabajar con el CNI para fortalecer las capacidades institucionales y mejorar las condiciones laborales e institucionales, en vez de desperdiciar recursos en generar nuevos registros que permitan manipular información.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

Francisco Rivas
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano. @frarivasCoL @ObsNalCiudadano