¿Necesaria la desaparición de poderes para mejorar seguridad?

Francisco Rivas

Veracruz vive una nueva oleada de violencia, los multihomicidios, la crisis por el número de personas desaparecidas y las altas tasas de secuestro exhiben la incapacidad de las autoridades locales para gobernar.

Parte de esta crisis se debe a que el gobierno de Veracruz no contaba con una estrategia de seguridad; que el gobierno estatal recibió un Estado sin elementos suficientes para enfrentar el reto que implica la seguridad; que desde su llegada al poder el gobernador Cuitláhuac García, intentó tomar -por las malas- el control de la Fiscalía General del Estado y tras no haberlo logrado, recortó fondos y colaboración a la misma; al contexto nacional de alta violencia e incidencia delictiva; al desmantelamiento de la Policía Federal, una pieza clave en el combate a los delitos.

Tras la ilegal e ilegítima destitución del Fiscal del Estado, Jorge Winkler, la bancada del PAN en el Senado propuso la desaparición de poderes en Veracruz -entidad gobernada por MORENA- ante el argumento de una crisis constitucional que pone en riesgo el sistema de justicia.

Como respuesta, la bancada de MORENA en la misma Cámara Alta propuso la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas -entidades gobernadas por el PAN-, ante el argumento que el aumento de los delitos violentos ha llevado a un estado de ingobernabilidad en dichas entidades.

Dadas las constantes oleadas de violencia que en la última década a nivel local se han vivido, esta medida ha sido varias veces analizada. No obstante, esta es la primera vez que se cristaliza.

¿Es válido que el Senado discuta desaparecer los poderes en estas tres entidades? El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa las facultades exclusivas de los senadores. En su fracción V específicamente refiere a la desaparición de todos los poderes constitucionales de una entidad federativa.

Para que esta se puede llevar a cabo se requiere que en la entidad se:

· Quebrantaren los principios del régimen federal.

· Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.

· Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

· Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.

· Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.

De bote pronto parece difícil lo logren desaparecer los poderes en dichas entidades. Sin embargo, me parece oportuno preguntarnos si un hecho tan serio como la desaparición de poderes en una entidad obedece al interés de enviar un mensaje político o es un instrumento para atender el bienestar de los ciudadanos.

Recordemos que en un entramado tan complejo como es la colaboración institucional para combatir los delitos, es difícil definir la responsabilidad del quebranto de la seguridad entre los municipios, las entidades y la federación.

Además, si el incremento de la incidencia delictiva es el instrumento para optar por la desaparición de poderes en una entidad ¿por qué sólo analizar estas entidades y omitir otros casos con incrementos relevantes en materia de homicidio doloso como son Colima, Morelos o Sonora que, según datos oficiales, tienen aumentos del 420%; 40% y 84% respectivamente?

Más importante aún ¿desaparecer poderes para qué? Por la debilidad institucional que impera en el país ¿el cambio de un titular de un gobierno es suficiente para resolver una crisis de violencia? Evidentemente no.

Tomemos el caso nacional, si 2018 cerró con el año con la mayor tasa de homicidio doloso, trata de personas y narcomenudeo desde que existían números oficiales, de mantenerse el actual comportamiento del delito, 2019 rebasará al 2018 y cerrará como el año con las mayores tasas de homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo de la historia del país.

Ante esta crisis de violencia e incidencia delictiva que vivimos ¿deberíamos suspender los poderes federales?
Difícil insistir en que el Estado mexicano es el que detiene la gobernabilidad, no sólo a la luz de los datos duros oficiales de incidencia delictiva, sino frente a un análisis objetivo de cuán capaces son las autoridades para prevenir, reaccionar, perseguir, sancionar y reinsertar en la sociedad a un individuo que cometió un delito.

Difícil decir que el Estado mexicano cumple y ha cumplido con su razón sustantiva de ser, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y la gobernabilidad del territorio, particularmente si consideramos los enormes porcentajes de impunidad; las constantes violaciones a derechos humanos; las sistemáticas prácticas de fabricación de culpables y del uso de la tortura como mecanismo de investigación y procuración de justicia; el incipiente acceso a la justicia para las víctimas y la consecuente reparación del daño.

El panorama es indudablemente adverso, desde el nivel nacional hasta lo local las deficiencias difícilmente abonan a la idea que México cuente con un sólido

Estado de Derecho y, aún más, que cumpla con la función básica de cualquier Estado.

¿Debemos seguir la ruta de la desaparición de poderes para mejorar la seguridad del país? No creo, desde la experiencia internacional lo que se puede aprender es que para recuperar la seguridad se requiere una visión y plan de acción claros, los recursos necesarios, la construcción de Capital Social que coadyuve a los esfuerzos de la autoridad y una sólida cooperación internacional.

Sin estos elementos, de los cuales carecemos de evidencia que se estén construyendo, difícilmente lograremos recuperar la seguridad.

Las bancadas del Senado deberían buscar soluciones de largo plazo que se enfoquen a que la articulación de poderes y niveles de gobierno sea efectiva para el bien de los mexicanos, no anteponer sus rencillas políticas al bienestar de los gobernados.

Ahora, si de plano les urge desaparecer poderes, que mejor afinen y enfoquen su puntería en Baja California.
Este caso sí aplica para la desaparición de poderes ya que, el gobernador electo Jaime Bonilla, quien tomará el cargo a partir del 1 de noviembre de este año, fue electo constitucionalmente por dos años, intenta extender su mandato a cinco.

Recordemos que el criterio dice que podrán desaparecer poderes si prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares, por lo que Baja California sí debe ser considerada como una entidad donde las bancadas habrían de pensar en desaparecer los poderes locales, en vez de perder el tiempo con entidades que, si bien viven una crisis, esta no debería ser abordada de esta manera.
 

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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