Mientras la opinión pública se encuentra analizando el embate de la nueva pandemia, en México la violencia sigue desatada. Tan sólo en este último fin de semana largo se siguieron reportando bloqueos, homicidios, secuestros, extorsiones y robos a lo largo del país.

En contraste, el presidente tiene otros datos y así como minimiza los problemas en los sectores salud y economía, asegura que en seguridad vamos bien.

Si expertos y activistas vemos un gobierno que hace exactamente lo mismo que pasadas administraciones, aunque con peores resultados, el presidente y su gobierno insisten en que son diferentes y que cuentan con una estrategia diferente.

Desde la campaña López insistió que la diferencia estriba en un gobierno que no reprime, en un gobierno que atiende las causas, en el que la violencia no se combate con violencia.

Sin embargo, los hechos exhiben que este gobierno actúa tal y como las otras administraciones lo han hecho: reacción con poca inteligencia que lleva a un crecimiento de la violencia y a pocos o ningún resultado en el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país.

La primera acción de este gobierno en materia de seguridad fue el combate al huachicol, en teoría la idea era cortar el flujo de hidrocarburo a través de los ductos -generando un impresionante desabasto con los consecuentes efectos negativos en la economía del país- para que los delincuentes, sin el combustible disponible y gracias a becas y programas sociales, dejasen de robar para dedicarse a otros temas, algo que evidentemente no sucedió.

Pese a las promesas de campaña y los plazos que el presidente ofreció como fecha(s) fatal(es) para recuperar la paz, 2019 rompió todos los récords de violencia de la historia del país- cerró como el año con la mayor tasa de homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo desde que estos se registran; el segundo peor año en materia de extorsión; el tercer en violación; el quinto peor en robo con violencia y el octavo peor en materia de secuestro y de robo a transeúnte-; si vemos los actuales índices de violencia, tampoco hay claridad de los resultados de combate al huachicoleo, mientras que en todo el 2019 la Fiscalía General de la República no fue capaz de lograr tan siquiera una sentencia condenatoria.

Dicho de otra manera, lo que 2019 nos dejó fue más violencia y más impunidad.

Por otro lado, si la narrativa es de abrazos y no balazos, los hechos evidencian otra realidad, los operativos y detenciones siguen tal y como en el pasado.

Tan sólo en la semana pasada varios operativos del gobierno federal -idénticos en estilo a las pasadas administraciones- generaron violencia sin garantizar resultados. Las detenciones hechas en Guanajuato en contra de los integrantes del Cartel Santa Rosa de Lima -grupo delictivo que principalmente se dedica al robo de hidrocarburo- tuvieron como consecuencia bloqueos y homicidios.

Detenciones que no han logrado disminuir la violencia en la entidad, que no han logrado desarticular la capacidad de fuego de dicho cartel pero que sí tienen como riesgo un posible fortalecimiento del cartel Jalisco Nueva Generación en la entidad, con la consecuente violencia que la confrontación entre estos grupos puede generar.

Errores ya hechos por administraciones pasadas, que fueron tan criticadas por este presidente y por muchos de los integrantes del actual gabinete y de los cuales parece no aprendieron nada.

El próximo viernes se harán públicos los datos oficiales de incidencia delictiva, por lo pronto el presidente ya declaró que su gobierno va bien, que homicidios, robo de vehículo y otros delitos van a la baja, cosa que habrá que comprobar ya que los niveles de violencia que los ciudadanos vivimos cuentan otra historia.

Probablemente la actual pandemia juegue en favor de los datos de delincuencia y violencia en el país, ante una menor presencia de personas en las calles, una menor actividad económica, no sorprendería que marzo sea el mes con la menor tasa de delitos en mucho tiempo.

No obstante, es importante recordar que las tendencias se miden con base en la suma del comportamiento de varios meses, bajas en dos o tres meses no garantizan que el problema esté resuelto y, como ha pasado en otras administraciones, echar las campanas al vuelo con tanta facilidad ha jugado en contra de la seguridad en nuestro país.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

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