Esta semana la cadena de televisión Univisión, dio a conocer un video que exhibe a integrantes del Ejército mexicano cometer varios delitos: uso excesivo de la fuerza, homicidio doloso y alteración de la escena del delito.

Las imágenes muestran el choque de una camioneta contra el muro perimetral de una construcción -donde se encontraban instaladas las cámaras que grabaron los hechos-, pocos instantes después, se ve llegar un vehículo de las fuerzas armadas del cual descienden soldados que proceden a sacar del auto a los presuntos criminales, golpearlos innecesariamente -ya que estos no estaban oponiendo resistencia-, para luego ejecutarlos.

Una vez consumados los 5 homicidios dolosos, los soldados dispararon al aire y acomodaron los cuerpos y armadas de los occisos de tal manera que se simulase una confrontación entre las partes.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin que las autoridades federales hayan dado a conocer la mala actuación del personal castrense y sin que exista evidencia del registro oficial de las víctimas en la base de homicidios dolosos.

Sólo tras la revelación de las imágenes por parte de Univisión, las autoridades federales -la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos-, reaccionaron y dieron a conocer que se está investigando el delito.

Entre los usuarios de redes sociales y lectores que comentan las notas en los medios de comunicación, hay una parte importante que justifica y aplaude la actuación de los soldados.

Es entendible que un país donde más del 99% de los delitos queda impune, hay quienes consideren que es necesario someter a los delincuentes sea como sea, incluso mediante el uso extremo de violencia y las ejecuciones extrajudiciales.

Quienes defienden tales prácticas olvidan o desconocen el significado de justicia; la razón por la cual existen protocolos de actuación que regulan el uso legitimo de la fuerza; la presunción de inocencia para cualquier persona; los procesos definidos en ley para investigar los delitos y procurar justicia; la obligación del completo e irrestricto apego a los derechos humanos de cualquier imputado.

Sin embargo, es importante recordarles a quienes abogan en favor de la militarización de la seguridad y de Fuerzas Armadas sin controles, que desde que éstas participan en labores de seguridad, se ha registrado un sin fin de excesos y graves violaciones a derechos humanos.

¿Cómo olvidar a los militares que mataron a los estudiantes del ITESM en Monterrey durante el sexenio de Calderón o la participación de los soldados en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa? Lamentables hechos que han aumentado de manera significativa desde el inicio del actual sexenio.

No importa que el presidente López mienta al afirmar que en México ya no se violan los derechos humanos, con base en información oficial se registraron 20-30% más -en tan sólo los 4 años y medio de su gobierno-, que aquellos registrados en los 6 años de los gobiernos de Peña o Calderón.

Para muestra podemos recordar lo ocurrido en febrero pasado -de nuevo-, en Nuevo Laredo, donde los militares persiguieron y ejecutaron a 5 jóvenes. En dicha ocasión los militares intentaron acusar a los jóvenes de transportar armas y drogas, hecho que se demostró falso gracias a que la comunidad impidió que los militares alterasen la escena del delito y sembrasen pruebas.

Otra evidencia es el resultado de la investigación “Corrupción a través de las rutas migratorias en México” elaborada por el International Rescue Comittee, donde se documentó que el 100% de los migrantes entrevistados confirmó haber pagado sobornos tanto a los guardias nacionales como a los soldados.

De 2019 a la fecha, se han dado a conocer un sin fin de videos e investigaciones de casos donde la Guardia Nacional y el Ejército extorsionaron y robaron a ciudadanos; recibieron sobornos de personas y grupos delictivos o donde vendieron cartuchos y armas que pertenecían a las Fuerzas Federales.

Es importante señalar que la evidencia apunta a que la mayor parte de los integrantes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas son patriotas, personas íntegras, que buscan servir y garantizar la seguridad de los mexicanos.

No obstante, es hora de reconocer que tenemos un problema con la actuación de los militares y los guardias nacionales debido a factores institucionales que afectan la conducta de una parte de dichas corporaciones.

El problema se debe (1) a la falta de una estrategia de seguridad; (2) a que no hay una ruta crítica de acciones y objetivos prioritarios; (3) a la ausencia de protocolos actualizados y los nulos procesos de capacitación; (4) a que ni los militares ni la Guardia Nacional, cuentan con el perfil necesario para prevenir, hacer inteligencia y reaccionar a los delitos -así como los tienen los cuerpos civiles se seguridad y la extinta Policía Federal-; (5) a la falta de transparencia con la que se conducen las fuerzas armadas -que genera espacios de oportunidad para que la mala actuación y corrupción crezca-, y (6) al fuero militar que lleva a un sistema de procuración de justicia en el cual es imposible incidir, identificar fortalezas y debilidades o construir contrapesos.

Lamentablemente, a todo ello se suma la falta de resultados en seguridad y justicia. La militarización y uso excesivo de la fuerza de las Fuerzas Federales no ha logrado reducir el poderío de los criminales y a 4 años y medio este sexenio ya se confirmó como el más violento, con mayor incidencia delictiva, corrupción e impunidad de la historia.

Dado que a estas alturas parece imposible que López ratifique, implemente una verdadera estrategia en contra de los delitos, retome la vía civil de la seguridad y ponga en marcha programas que reduzcan los abusos de los militares, seguramente seguirán registrándose abusos, delitos y corrupción por parte de las Fuerzas Federales.

Menuda tarea le toca al siguiente presidente quien recibirá el país en su peor momento de violencia, sin instituciones capaces de proteger a los ciudadanos y con fuerzas armadas sin control.

Director del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

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