El pasado 20 de junio el presidente López anunció la creación de los “Tianguis del Bienestar”, mercados en las zonas más pobres de nuestro país que ofrecerán productos decomisados en operativos de seguridad.
El objetivo manifiesto es doble, por un lado busca ingresar recursos a las arcas del Estado y por el otro, reducir los costos que representa el almacenamiento de los bienes asegurados o incautados.
La propuesta, que podría sonar como una medida inteligente dado que busca recuperar dinero del combate a los delitos, dar muestra de la ejecución de una sanción, favorecer al ciudadano y reducir los costos del Estado, en realidad esconde un riesgo importante: si consideramos que dentro de la mercancía asegurada por el gobierno federal se encuentra un alto porcentaje de productos pirata -tan sólo en 2020 las mercancías apócrifas aseguradas en los puertos equivalen a 8,820,000 productos-, con su comercialización la administración de López estaría violando la ley y nuestro principal tratado comercial, el TMEC.
Un principio básico enmarcado en la ley es que los objetos en el comercio deben ser lícitos. Significa que no debe existir una norma que prohiba su comercialización, que viole algún derecho y que haya ingresado al país a través de los canales previstos en la norma jurídica, con sus respectivos controles e impuestos.
Si este principio no fuese suficiente para planear con cuidado la ejecución de una política pública, debería serlo que el TMEC claramente prohibe poner en circulación mercancía pirata.
Por ello, si se busca que la puesta en marcha de los Tianguis del Bienestar cumplan con la ley, no se debe limitar simplemente a transferir la mercancía de una bodega a un mercado y ponerla en venta, se requiere de un ejercicio de selección de los productos y, una vez identificados aquellos que son apócrifos, proceder a su destrucción.
Lamentablemente hasta el momento nada indica que algún funcionario o autoridad haya contemplado dichos riesgos, el presidente destacó que antes los productos como ropa y telas se debían confiscar y destruir, mientras que ahora “todo lo que se confisque con prontitud, con rapidez, de manera expedita, se le debe entregar a la gente”. Cabe preguntarse si cuando dice “todos lo que se confisque” incluye o excluye a los productos pirata.
López tal vez ignora que en México el proceso que debe llevar a la destrucción de un producto pirata es caro y largo para el dueño de la marca o patente original.
Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea han señalado lo difícil que es para los querellantes hacer valer en México, ese derecho humano que es la propiedad intelectual. Tras un largo y caro proceso legal, los productos terminan almacenados por las instituciones federales y rara vez se destruyen.
Ello lleva a que los productos pirata encuentren el camino para regresar al comercio gracias a la negligencia o corrupción de los encargados de resguardar los productos asegurados.
Así como en el Observatorio Nacional Ciudadano pusimos en evidencia en nuestro estudio Piratería en México: Diagnóstico de la Oferta y de las Acciones Institucionales , esta es una de las formas de ilegalidad más visibles y toleradas de nuestra sociedad. En las calles, tianguis y mercados notorios -Tepito, la Central de Abasto, la Plaza de la Tecnología o la Plaza Meave, sólo por citar algunos ejemplos de la Ciudad de México-, es común ver productos apócrifos vendidos en la absoluta impunidad.
El consumidor compra en plena conciencia productos pirata como ropa, tecnología, material de audio y videográfico, en contraste, cuando el producto apócrifo es un medicamento, alimento, bebidas, fertilizantes, fumigantes, insumos médicos, por lo general está siendo engañado.
No obstante, muchos productos que parecen no generar un riesgo para el consumidor pueden tener graves efectos para la salud de quien los usa, es el caso de útiles escolares, juguetes o autopartes hechos con menor calidad e insumos potencialmente tóxicos.
Además, al consumidor se le olvida que gran parte del negocio de la piratería está en manos a la delincuencia organizada y para que esta se pueda vender se requiere una cadena de corrupción y complicidades que trastocan la vida y el desarrollo de nuestra sociedad.
Una buena política pública es aquella que nace de un diagnóstico sustentado en datos fidedignos, que identifica retos y beneficios, que atiende un problema que aqueja a las personas e instituciones y minimiza los costos sociales, que se supervisa, evalúa y rinde cuentas a la sociedad.
En abierta oposición, la puesta en marcha de los Tianguis del Bienestar, parece una nueva ocurrencia más que un buen diseño de política pública.
Si López y su gobierno buscan ser serios y evitar sanciones que pongan en mayor dificultad a la colapsada economía mexicana, debe impedir que los productos pirata asegurados lleguen al comercio, destruirlos y que no sea el propio gobierno el primero en violar leyes y tratados.
@frarivasCo
