Los primeros 10 meses de este 2019 son los más violentos de la historia reciente de nuestro país, si tomamos como referencia el número de carpetas de investigación de homicidios y feminicidios.
Este 2019 de nuevo romperemos el récord negativo de año más violento de la historia, rebasando a 2018 y 2017 respectivamente.
Muchos homicidios, pocos resultados. Seguimos sin evidencia que local o nacionalmente seamos capaces de perseguir y sancionar la violencia letal, generar inteligencia para prevenir los delitos y darle una adecuada atención a las víctimas.
Si el promedio diario de víctimas de homicidio doloso y feminicidio es de 97 ¿cuántas órdenes de aprehensión, puestas a disposición, condenas y procesos de reparación del daño deberíamos tener cada mes? ¿Cuántas bandas desarticuladas, recursos económicos recuperados, negocios criminales afectados, redes de corrupción desmanteladas?
Ante tales niveles de impunidad, parece que las víctimas no importan, son meramente testimonios de la tragedia que seguimos viviendo.
Entre más víctimas de homicidio los casos de ineficacia para darles acceso a la justicia sobresalen los homicidios de activistas sociales, periodistas, comunidad LGBTI, migrantes, indígenas, adultos mayores y las víctimas de feminicidio, no sólo por la falta de acceso a la justicia, sino por la revictimización que sufren en el proceso.
Desde 2014 y luego en 2015 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dimos cuenta de los maltratos, vejaciones e incluso amenazas de las familias de víctimas de feminicidio que sufren cuando piden acceso a la justicia.
La negligencia de la autoridad y la revictimización de las mujeres empieza desde la denuncia de violencia de género y se mantiene durante todo el proceso. Rara vez se les atiende y la atención suele depender del compromiso individual de los funcionarios, más que de la obligada respuesta institucional.
Ante el delito consumado sobran los errores de clasificación del ilícito, la investigación, la sanción y la detección de causas sociales que deben ser atendidas.
De los miles de casos similares, el de Ana María “N” en Tabasco resume las deficiencias del Estado.
El pasado 26 septiembre del presente año Ana María se encontraba en plena audiencia en las instalaciones del Juzgado de Control y el Tribunal de Juicio Oral Región 9, donde fue apuñalada 13 veces por su expareja a quien había denunciado por violencia familiar.
El testimonio de la propia víctima detalla que los policías del lugar no le brindaron ayuda, además fue víctima del robo de 5 mil pesos que llevaba en su cartera y, mientras permanecía en el Juzgado le tomaron fotos y videos.
Dos meses después de los hechos aún no se han fincado responsabilidades a las autoridades que permanecieron inactivas cuando Ana María fue atacada. Ella no ha sido indemnizada y sólo le informaron que su expareja sentimental está detenido por tentativa de feminicidio.
Ayer se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un aniversario al que llegamos con enormes deudas, porque la receta que una y otra vez repiten las autoridades es el discurso político y, a lo sumo, emitir alertas de género.
Lamentablemente no existe evidencia que ninguna de ellas haya demostrado lograr los efectos deseados. Esto se debe principalmente a que el actor fundamental para el éxito de estas, las procuradurías y fiscalías, se encuentran colapsadas desde siempre.
Si bien sobran casos de funcionarios negligentes o corruptos, la mayoría de los servidores públicos hace hasta lo imposible para atender a las víctimas pese a los malos salarios, a las jornadas de trabajo interminables, a la carencia de capacitación efectiva, de tecnología funcional, de proceso institucionales dirigidos a mejorar la efectividad.
Todos los días podemos escuchar o leer declaraciones políticas acerca de cómo vamos mejorando en seguridad y cómo las autoridades trabajan en favor de la paz. No obstante, faltan acciones reales que muestren resultados.
En el ONC hemos insistido en que, si la autoridad quiere demostrar con hechos su compromiso con las víctimas, debe empezar visualizando el problema, mejorar la captación de casos gracias a una mejor capacidad de todo el aparato de seguridad y justicia, e incluso, dar a conocer otra parte del fenómeno que hoy desconocemos, la estadística de feminicidios que quedan en grado de tentativa.
Si esto se quiere lograr es imperativo que la federación triplique el gasto destinado al rubro de seguridad y justicia, al tiempo que mejore la evaluación de su aplicación.
En el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación por segundo año consecutivo se exhibe un desinterés por mejorar la seguridad de los mexicanos, ya que tendremos menos dinero que cualquiera de las pasadas dos administraciones federales, con una mayor deficiencia de aplicación del gasto, mientras que la violencia nunca ha sido tan elevada.
Menos gasto significa menos Estado y en las actuales condiciones es un pésimo augurio para las condiciones de seguridad en 2020.
Lamentablemente las víctimas en nuestro país son olvidadas y los discursos triunfalistas y las manifestaciones de apoyo de las autoridades resultan una ofensa ante la ausencia de un compromiso real por mejorar la seguridad de las personas.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
