El pasado jueves 13 de mayo en Ciudad Obregón, Sonora, ocurrió un gravísimo caso de violencia electoral: asesinaron a Abel Murrieta, candidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme.
Desde el Observatorio Nacional Ciudadano extendemos a los deudos de Murrieta y a los sonorenses en general, nuestro más sentido pésame, condenamos los hechos y exigimos un trabajo efectivo e imparcial de los gobiernos estatal y federal para permitirle el acceso a la justicia a las víctimas indirectas y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
El homicidio de Murrieta ocurre en el contexto de las más grandes elecciones que el país recuerde, se renuevan 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, así como las alcaldías de 30 entidades. Una elección que ya se perfila para ser las más violenta de la historia.
En un país donde las capacidades institucionales dificultan esclarecer las causas de los delitos, los asesinatos políticos rara vez se reconocen como tales y aún menos permiten el acceso a la justicia para las víctimas.
Por ejemplo, mientras que al 30 de abril la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció 234 casos de violencia relacionada con el proceso electoral y sólo 12 víctimas mortales; el presidente, en su conferencia matutina diaria, declaró que hasta el 14 de mayo habían ocurrido 13 asesinatos de candidatos y 144 casos relevantes de agresión a personal involucrado con las campañas electorales.
En contraste, de acuerdo con cifras de la consultora Etellekt, hasta el 5 de mayo de 2021 se han reportado 476 agresiones contra políticos y candidatos, que incluyen a 79 víctimas de homicidio. Por su parte la consultora DataInt, señala que desde el 7 de septiembre 2020 al 25 abril 2021 han ocurrido 74 asesinatos vinculados al proceso electoral.
Si bien la enorme diferencia entre los datos que reconoce la autoridad, de los datos que identifican las diferentes consultoras, se debe a que, a excepción de los casos donde es innegable la motivación política por modus operandi y características del homicidio, la autoridad debe esperar los resultados de una investigación para calificar un caso como de violencia electoral, mientras que las consultoras recopilan información a partir de las publicaciones y el trabajo periodístico, lo cierto es que las autoridades no tienen incentivos para reconocer un homicidio o un hecho delictivo conectado con el proceso electoral.
Además, las autoridades locales no tienen la capacidad suficiente para clasificar, esclarecer los delitos y procurar justicia en estos casos y en el ámbito federal la actual Fiscalía General de la República y la Especializada en Delitos Electorales tampoco atraen las investigaciones y se limitan a golpear a los adversarios políticos del actual régimen.
Algo similar ocurrió en 2018, mientras que el ONC y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentamos el estudio Delitos Electorales, Incidencia y Evolución más allá de los Partidos Políticos donde dimos cuenta de 774 agresiones y 152 homicidios de políticos ocurridos durante todo el proceso electoral, la autoridad clasificó apenas un 20% de estos casos como homicidios políticos.
La violencia en nuestro país no disminuye, la ausencia de estrategia; la incapacidad para colaborar entre federación, estados y municipios; los absurdos recortes presupuestales impuestos por esta administración; la ignorancia de los mandos; la politización de la justicia, han sido el perfecto caldo de cultivo para impedir avances en la materia.
A todo ello debemos sumar que la contienda electoral es un importante incentivo para que delincuentes y grupos de interés usen la violencia como mecanismo de control social que permite influir en los resultados electorales.
En menos de tres semanas iremos a votar, en este momento parece difícil que ésta no sea la elección más violenta de la historia dada la incapacidad institucional y que tanto el presidente, como las autoridades federales, están abiertamente concentrados en influir en los resultados de las elecciones -sin importar que infrinjan la ley- y no en controlar la delincuencia y violencia.
Ni siquiera porque el ex secretario de Seguridad de López, Alfonso Durazo, contienda por la elección a gobernador en Sonora, vemos un trabajo puntual y contundente de la federación para evitar que la violencia trastoque el resultado electoral.
Lamentable que nada mueva a la federación a cumplir con su obligación de garantizar elecciones limpias y que los ciudadanos vivamos libres de inseguridad y violencia. Dicho sea de paso, es aún más lamentable que, el ex secretario Durazo, quien debió haber aprendido algo de seguridad por su paso en la SSPC, sea el único candidato a la gubernatura de Sonora que no ha transparentado su propuesta en la materia ¿será desinterés o ignorancia? En ambos casos ¡ni cómo soñar que un día las cosas mejoren con estos gobiernos y este tipo de candidatos!
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
