Las aduanas de nuestro país siguen jugando contra la seguridad del país y de los mexicanos.
La porosidad de éstas es resultado de una debilidad institucional añeja, una debilidad que se traduce en peligro para el personal aduanal; en hechos de corrupción que enriquecen a unos y empobrecen a muchos; en el constante ingreso ilegal de armas, dinero, efectivo, drogas, precursores de drogas, piratería, contrabando y personas indocumentadas (muchas veces víctimas de tráfico o de trata de personas) que permiten la proliferación de delitos y violencia en nuestro país.
Este fenómeno se repite en las 49 aduanas que tenemos a lo largo del territorio nacional, las 19 de la frontera norte, las 2 en la frontera sur, las 17 marítimas y las 11 interiores.
A lo largo de los últimos sexenios han sido muchos los intentos por modernizar e implementar sistemas que sirvan de filtro ante el ingreso de activos, bienes y personas de manera ilegal; pese a algunos resultados, en el largo plazo las acciones emprendidas por nuestros gobiernos han dejado mucho qué desear.
Tras el año más violento de la historia de México -un 2019 donde los homicidios, la trata de personas y el narcomenudeo llegaron a su máxima expresión- 2020 se perfila para rebasar dichos récords negativos. Marzo de este año fue el segundo peor mes de la historia en materia de homicidio; el promedio diario de homicidios reportados por Presidencia de la República en abril, ya supera el promedio de marzo; el primer trimestre de este año es el trimestre con la mayor tasa de narcomenudeo desde que tenemos registro y el quinto peor en trata de personas.
Dicho de otra manera, no se puede entender el actual nivel de violencia ni intentar acotarla en futuro, sin considerar cómo el abastecimiento diario que el crimen organizado recibe de armas, dinero, drogas, mercancías y personas, a través de las 49 aduanas del país, hace imposible recuperar la paz.
El gobierno federal debe reconocer y enfrentar el peligro que significa no tener la rectoría de nuestras fronteras; pese a que desde el inicio de la administración se ha hablado de investigaciones y despidos masivos en dicha dependencia -el primer titular de aduanas del gobierno del presidente López, afirmó haber cesado al 92% de la plantilla, mientras que su sucesor, el senador con licencia Ahued, afirmó que en su administración se ha investigado al 80% de sus directores, por corrupción-, lo cierto es que de poco ha servido, las aduanas siguen estando controladas por los delincuentes y, más allá de los despidos, no hay evidencia de personas sentenciadas por corrupción.
El tema aduanero sigue y seguirá siendo el eslabón más débil de gobernabilidad y Estado de Derecho para nuestro país dado que la colaboración entre gobiernos continúa siendo incipiente; que los recursos destinados para blindar las aduanas son insuficientes; que el combate a la corrupción ha sido ineficaz y que los gobiernos impiden la maduración de las acciones.
La asimetría de recursos e intereses particulares entre los gobiernos, así como la desconfianza, difícilmente permite estructurar una agenda de colaboración donde se comparta inteligencia, efectivos, armamento para así frenar a la delincuencia. Sin ello, el esfuerzo que pueda llegar a hacer nuestro país nunca logrará ser suficiente.
El combate a la corrupción debe ser observable en el número de sentencias condenatorias y dinero recuperado, tanto cuanto en el número de personas salvadas ante las amenazas de los delincuentes. Por lo contrario, de nada sirven las declaraciones políticas y los auto elogios.
Es decir, hablar de honestidad, declarar que se combate la corrupción porque se corrió a funcionarios sin que haya sanciones que mermen el delito, no sirve. Un delito que queda impune sólo puede crecer y esta administración ha favorecido la impunidad como ninguna otra del pasado.
Es importante señalar que la Fiscalía General de la República en 2019 no obtuvo ni una sola sentencia condenatoria por actos de corrupción -dicho sea de paso, no obtuvo ninguna sentencia condenatoria por algún delito, el peor resultado que podamos recordar de esta institución-.
Cuando se investiga y combate la corrupción, no se debe omitir que los delincuentes por un lado cuentan con una enorme capacidad para generar daño a los funcionarios y a sus familias y por el otro, para comprar voluntades.
Aun cuando la mayor parte de los servidores públicos que tenemos en el país son honestos, la incapacidad de la autoridad por protegerles de la violencia letal de la delincuencia termina por doblegar las voluntades de algunos o con la pérdida de la vida de otros.
Además, se comete el error de tratar el tema de combate a la corrupción como un asunto de voluntades individuales y no como un fenómeno sistémico, que se mueve por redes, que requiere protección a los denunciantes e incentivos al bien actuar.
Eso también implica que cada servidor público involucrado cuente con la tecnología e insumos necesarios para poder cumplir con su trabajo.
El adanismo es enemigo de la eficiencia y el progreso; hasta que los gobiernos impidan madurar los proyectos puestos en marcha por administraciones anteriores; hasta que sin evaluación de qué sí y qué no funcionó, se eliminen programas y parta una y otra vez de cero, no vamos a poder avanzar.
En resumen, si se busca recuperar el control de lo que ingresa a nuestro país, el gobierno mexicano debe trabajar de manera mucho más cercana y colaborativa con los gobiernos de todo el mundo; debe crecer recursos para las aduanas -para contratar más gente, para mejorar salarios y prestaciones de todo el personal, para actualizar la tecnología, para equipar adecuadamente la institución, para implementar células especializadas interdisciplinarias con capacidades de inteligencia y reacción-; debe sancionar los hechos de corrupción y debe rescatar las buenas prácticas del pasado, como aprender de los errores sobre una base de análisis objetivo.
Sin embargo, parece que el actual gobierno no sabe o no quiere entender cómo atender este problema: mientras se necesita más dinero, insiste en recortes, promete bajar salarios y prestaciones a todos los funcionarios -de subdirector para arriba- y se limita a repetir acciones y hacer declaraciones políticas.
Precisamente, el pasado 24 de abril, ante la renuncia del actual titular de aduanas, el presidente López declaró que habrá una nueva limpia y combate a la corrupción en esa dependencia.
López no quiere ver lo que implican las dificultades económicas derivadas de la baja de salarios y prestaciones; el desgaste que significa las cargas injustas de trabajo, las largas jornadas, las opresivas responsabilidades de los funcionarios.
Parece que López cree en “buenos y malos” y no la alta peligrosidad de trabajar en aduanas.
El presidente quiere pensar que despedir a alguien por corrupción es suficiente, pese a que luego no se sancione a nadie.
López con sus hechos quiere echar por la borda años de buenas y malas prácticas sin aprender nada de ellos, repitiendo los errores del pasado y dejando así el control de las aduanas a la delincuencia organizada con la consecuente capacidad de generar daño en nuestro país.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
@frarivasCoL
