Lamentable el desinterés de algunas autoridades y candidatos para abrirse a la evaluación

Francisco Rivas

El pasado 4 de abril inició el periodo oficial de campañas electorales con miras a renovar 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y las presidencias municipales y alcaldías de 30 entidades.

Estas elecciones -que son las más grandes en término de cargos en disputa- ocurren en un ambiente de polarización política, de la mayor crisis económica, de violencia y de salud del México moderno.

Los últimos cuatro años han sido los más violentos de la historia, 2019, 2020, 2018 y 2017 respectivamente, concentran las mayores tasas de homicidios dolosos desde que se sistematiza la información.

Por ello es fundamental que como ciudadanos nos informemos si la contienda electoral y su resultado se ven afectados por la violencia y por la incidencia de delitos electorales y qué proponen en materia de seguridad y justicia quienes buscan gobernar.

En 2018 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevamos a cabo dos ejercicios, el primero fue el estudio Delitos Electorales, Incidencia y Evolución más allá de los Partidos Políticos de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para conocer el comportamiento de los delitos electorales y de la violencia en ese contexto y el segundo, Por un México Seguro, que buscó conocer y socializar las propuestas y la viabilidad de las mismas de los 4 candidatos a la Presidencia de la República y de los 51 candidatos a las 9 gubernaturas en disputa.

Entre los hallazgos del estudio encontramos que, si bien los delitos electorales suceden todo el año, todos los años, la autoridad se concentra en perseguirlos prácticamente sólo durante el periodo de las campañas. En más del 90% de los casos las denuncias provienen de funcionarios o de los mismos partidos políticos, rara vez el ciudadano de a pie interpone una denuncia.

La autoridad carece de los instrumentos para investigar los delitos lo que deriva en un subregistro de la violencia resultado del proceso electoral: en el estudio dimos cuenta de 774 agresiones y 152 homicidios de políticos, mientras que la autoridad reportó una mínima parte de ellos.

En ese contexto, con el ejercicio Por un México Seguro, pudimos observar que apenas 10 candidatos pudieron completar la serie de preguntas específicas relacionadas con programas, presupuesto, reformas necesarias para atender los temas de seguridad y justicia; más de 10 candidatos nunca contestaron y más de 20 no pudieron presentar su ruta crítica por ausencia de planes específicos (entre estos destaca el lamentable ejercicio que presentó el actual presidente López, un proyecto que sobre simplificaba los problemas, que carecía de coherencia interna en el diseño de las propuestas y que omitió responder a más del 70% de las preguntas).

En esta ocasión habremos de repetir ambos ejercicios, tanto para la observación electoral como para conocer a detalle qué planean hacer aquellas personas que solicitan nuestro voto para gobernar las 15 entidades en contienda y los municipios de las 3 principales áreas metropolitanas del país -la de Ciudad de México, la de Guadalajara y la de Monterrey-, en este 2021.

Además, invitamos a participar en este ejercicio a los 15 gobernadores salientes y a hacer un corte de caja con los gobernadores que se encuentran a mitad de su mandato.

Lo que sabemos hasta el momento confirma los hallazgos de 2018:

⁃ El ciudadano promedio rara vez denuncia un delito electoral.
⁃ La autoridad carece de los instrumentos para investigar los delitos.
⁃ Se subestima la violencia derivada del proceso electoral.
⁃ Una parte importante de candidatos carece de interés en transparentar a detalle sus propuestas de campaña en materia de seguridad y justicia.
⁃ Pocos gobernadores muestran disponibilidad en hacer un corte de caja de cómo van.
⁃ Los gobernadores salientes no muestran interés en rendirle cuentas a sus electores y explicar qué hicieron, por y para qué lo hicieron, con qué resultados y cuáles son sus pendientes.

Por ejemplo, acerca de violencia electoral según lo que informa la secretaria Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de marzo a la fecha, se han presentado 117 casos de amenazas y agresiones, de los cuales 71 víctimas son hombres y 46 mujeres.

En contraste Etellekt Consultores, registró un total de 238 agresiones contra personas políticas y 139 asesinatos de candidatos y personal involucrado en campañas y precampañas desde el 7 de septiembre de 2020 -cuando inició el proceso electoral- hasta el pasado 20 de marzo.

Por lo que refiere al ejercicio Por un México Seguro, en esta ocasión en el ONC hemos iniciado a contactar desde el pasado 8 de marzo a los candidatos a elección popular, a los gobernadores que se encuentran a la mitad de su mandato y los 15 gobernadores salientes.

A la fecha, sólo 14 candidatos iniciaron el proceso de respuesta de los cuestionarios que les enviamos para poder así hacer públicas sus propuestas para atender la incidencia delictiva y violencia.

Mientras que de los 8 gobernadores que se encuentran a mitad del mandato, sólo 3 han iniciado el proceso de respuesta a las preguntas que en el ONC elaboramos a manera de evaluar los avances en esta materia en sus administraciones, y sólo 2 gobernadores ya dieron su negativa a participar.

Los candidatos que se sumaron a esta iniciativa son:

⁃ Alejandro Díaz (Fuerza México) en Chihuahua.
⁃ Indira Vizcaíno (MORENA -PANAL) y Leoncio Mora (Movimiento Ciudadano) en Colima.
⁃ Miguel Navarro (MORENA) en Nayarit.
⁃ Adrian de la Garza (PRI-PRD) y Fernando larrazabal (PAN) en Nuevo León.
⁃ Francisco Rico (Nueva Alianza) y Arturo Segoviano (independiente) en San Luis Potosí.
⁃ Ernesto Gandara (PAN-PRI-PRD); Ricardo Bours (Movimiento Ciudadano); Temo Galdino (Redes Sociales Progresistas ) y Rosario Robles (Fuerza México) en Sonora.
⁃ Eréndira Jiménez (Movimiento Ciudadano) en Tlaxcala.
⁃ Santiago Taboada (PAN) para la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México.

De los gobernadores dispuestos a rendir cuentas a la ciudadanía y hacer un corte de caja de cómo van y qué falta son:

⁃ Rutilo Escandón en Chiapas.
⁃ Diego Sinhué en Guanajuato.
⁃ Mauricio Villa en Yucatán.

En contraste, quienes lamentablemente ya rechazaron la invitación y no están dispuestos a abrirse a una evaluación de resultados son Claudia Sheimbaumn de Ciudad de México y Cuitláhuac García de Veracruz.

Mala señal que ninguno de los candidatos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas hasta el momento se hayan sumado a este ejercicio de transparencia.

Preocupante que sólo un candidato a alcaldía local esté interesado en dar a conocer a los ciudadanos su plan.

Pésima señal que un gobernador y la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, definitivamente rechacen rendir cuentas y abrirse al diálogo con la ciudadanía.

En los primeros 4 meses de 2021 se confirmó que el comportamiento de la violencia sigue manteniéndose en los mayores niveles de nuestra historia y, dada la contienda electoral, la debilidad institucional que se acentuó en esta administración y la crisis económica que ha eliminado las fuentes de ingreso legales de millones de mexicanos, es de esperarse que este año rebase a los dos anteriores como el año más violento de la historia.

Por ello, es fundamental que quienes piden el voto lo hagan conscientes de las dificultades que habrán de enfrentar, desarrollen planes con indicadores claros de desempeño y resultado y se abran a la evaluación ciudadana.

Así mismo, es necesario que quienes dejan el cargo nos expliquen qué hicieron con nuestros recursos y cómo dejan sus entidades; que quienes llevan casi 3 años gobernando expliquen cómo y hacia adónde van.

El peor escenario es el que vivimos en 2018, violencia exacerbada, nulo acceso a la justicia y candidatos que ni saben, ni se dejan ayudar y no quieren rendir cuentas.

Espero que en esta ocasión los ciudadanos tomen en cuenta la disponibilidad de los candidatos de abrirse a la evaluación y la solidez de sus planes en materia de seguridad y justicia a la hora de emitir su voto, si eso hubiese sucedido en 2018 probablemente no estaríamos viviendo el peor momento de inseguridad de nuestra historia.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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