La justicia se pone a consulta

Francisco Rivas

La premisa clave de la democracia es que en ella todos los ciudadanos somos iguales frente a la ley. 
 
Sin embargo, en México sabemos que esto no es verdad, según el nivel socioeconómico, cultural, las relaciones que tenemos e incluso el momento histórico que vivimos, puede suceder que dos personas que hayan cometido el mismo tipo de delito sean juzgados de manera radicalmente diferente, con resultados diametralmente opuestos según su situación personal. 
 
En 2009 se emprendió la reforma al sistema judicial precisamente para resolver las asimetrías en la procuración e impartición de justicia, que hacían de la nuestra, una justicia a modo. 
 
La reforma buscó garantizar la independencia de quien construye el caso; generar salidas alternas a la judicialización de todos los casos; establecer sistemas de transparencia que inhiban acuerdos extrajudiciales “en lo obscurito”; cumplir con la reforma en materia de Derechos Humanos y hacer más ágil todo el proceso. 
 
Pese a las deficiencias que hubo en preparar a todos los operadores de dicho sistema, las investigaciones y los datos oficiales muestran sin lugar a dudas que la reforma penal, que nos llevó de un sistema inquisitorio a uno adversarial, funciona mucho mejor que el sistema tradicional, pese a que aún subsistan múltiples errores de los operadores y a que los actores políticos insistan en confundir a la opinión pública declarando que el sistema garantista es el responsable de la alta incidencia delictiva. 
 
Indudablemente una reforma que pone énfasis en la capacidad del ministerio público de aportar pruebas ha desnudado las deficiencias de todo el sistema de justicia. Desde la falta de conocimiento, pericia, insumos o tiempo hasta la ausencia de independencia de las fiscalías, son muestras de los pendientes que existen para que la reforma de justicia cumpla sus promesas de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y de toda la sociedad, así como los derechos de los imputados. 
 
Si uno de los puntos claves de la reforma era la independencia de las fiscalías, basta recordar que existen tan sólo un par de fiscales que hayan sobrevivido al cambio de gobierno y ni un sólo que haya sobrevivido al cambio de partido en el gobierno. 
 
Los gobernadores en los hechos “instruyen” a los fiscales, aunque en los dichos respeten la independencia de la fiscalía y así, los gobernadores aún premian o castigan con recursos a las fiscalías según su conveniencia. 
 
En el ejecutivo federal sucede exactamente lo mismo: por un lado, el presidente López declara la independencia de la procuración de justicia, por el otro pone a concurso de popularidad la aplicación de la ley y por otro más, deja en condiciones de inoperatividad a la Fiscalía General de la República -en los últimos dos años ha tenido los recortes presupuestales más graves que podamos recordar-. 
 
Lamentablemente cuando este gobierno federal quiere someter las investigaciones a consulta y deja sin recursos a la institución encargada de procurar la justicia está debilitando un ya muy débil Estado de Derecho, manejando a modo la justicia y -por ende- vulnerando la democracia en nuestro país. 
 
Si una persona cometió un delito perseguible de oficio, si existen una cantidad suficiente de sospechas fundadas en su contra o si existe una denuncia de hechos en contra de ese mismo sujeto, es obligación de la autoridad encargada investigar.  
 
La investigación no puede ser iniciada o detenida según voluntad de una autoridad, ya sea esta un ministerio público, un fiscal, procurador, fiscal general, gobernador, diputado, senador o presidente.  
 
La justicia tampoco está sujeta a popularidad, es decir, a la voluntad de un ciudadano, de un grupo de personas, de un gremio o de un partido. La justicia está sujeta a lo que establece la norma jurídica y en ella debe sustentarse. 
 
Cuando el presidente López declara querer colarse en las elecciones de 2021 “para poner a consideración del pueblo bueno y sabio que se investigue a los expresidentes”, exhibe ignorancia o desprecio por la ley. Sea cual sea el motivo, pone en manifiesto su interés de poner su marca personal en el proceso electoral y así posiblemente manipular los resultados de dicho sufragio. 
 
López sigue apostando a su popularidad ante la mayoría de los ciudadanos para arropar a los candidatos de su partido y su coalición. De nuevo, el presidente quiere estar en la elección haciendo lo que mejor sabe hacer, vender esperanza, pese a que en los dos primeros años de gobierno el recuento de sus políticas exhiba fracasos en salud, seguridad, justicia, desarrollo social, economía, deuda pública, empleo, medio ambiente y política internacional, por lo menos. 
 
Los mexicanos estamos cansados de la corrupción que impera en nuestro país, como mexicano me sumo a la idea que se inicien investigaciones de toda persona que haya vulnerado el orden jurídico de México, sea este un expresidente, actual o exservidor público, empresario, periodista, activista social o simple ciudadano.  
 
Si queremos un México que prospere es fundamental que el Estado haga cumplir la ley, que el ciudadano la cumpla y vigile su cumplimiento. Si queremos un México próspero, seguro y justo es fundamental que las investigaciones se sujeten a lo establecido en la ley, que haya independencia de quien construye y juzga la investigación y que en todo momento se garanticen los derechos del imputado. 
 
Pésima señal para los mexicanos y para el mundo que el presidente López intente vulnerar la democracia y el orden jurídico, una pésima señal que nos regresa a los Estados autoritarios donde nadie se podía sentir seguro de vivir libre, aun siendo un ciudadano modelo. 
 
Pésima señal que el presidente sea ignorante de la ley o la desdeñe, que use el pan y el circo para gobernar y busque distraer a los ciudadanos menos informados de sus fracasos con algo que, en palabras del mismo López, es ilegal, ilegítimo e inmoral: manipular la justicia. 

 
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano 
@frarivasCoL 

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