Justicia a modo

Francisco Rivas

El pasado 24 de septiembre, el presidente López decidió involucrarse en uno de los casos más bochornosos de nuestra procuración de justicia: la persecución y el uso de las instituciones para hacer justicia a modo en contra de 31 científicos integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C. (FCCT).

El caso se refiere a 4 ordenes de aprehensión por delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso en contra de los integrantes del FCCT.

Este Foro es el órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Junta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y para su labor recibe aportaciones federales.

En un país donde por cada 100 delitos que ocurren, apenas se investigan 7 y se sanciona menos de 1; donde las víctimas del delito y la violencia son olvidadas, no obtienen ni acceso a la justicia, ni reparación del daño; donde los datos oficiales confirman que en esta administración se dejó de investigar y detener a narcotraficantes, tratantes de personas, huachicoleros, traficantes de armas, entre otros peligrosos delincuentes y donde más de 90 mil personas se encuentran desaparecidas -tan sólo por citar una breve parte de los casos que exhiben el desastre que vivimos en la procuración de justicia-, sorprende que este caso sea prioridad para la FGR y sea atendido directamente por Alfredo Higuera, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Ante la relevancia nacional que ha asumido el caso, cabe preguntarse si ello se debe al monto del daño patrimonial -en el orden de los 240 millones de pesos-, o simplemente responde a una vendetta personal de Gertz en contra de los científicos.

Si bien es indudable que 240 millones son un daño importante para el erario y que todo recurso público mal usado o no justificado, debe ser investigado y eventualmente sancionado; también es importante cuestionarnos la validez de la importancia que la FGR otorga a este caso, cuando en centenares de miles de otros asuntos deja de actuar.

La duda sobre el actuar de la FGR es particularmente relevante si recordamos que este año Gertz tuvo un problema personal en contra de los integrantes del FCCT, mismos que manifestaron su inconformidad ante la decisión del CONACYT de otorgarle al titular de la FGR el grado de Investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

La protesta de la comunidad científica incluyó dudas acerca de los méritos del fiscal general, entre ellos los presuntos plagios en uno de los libros que escribió.

Más allá de si es válido suponer que Gertz usa a la FGR para castigar a sus detractores, es evidente que tanto el fiscal general como el presidente de la República están protagonizando un ejercicio de justicia selectiva y vulnerando el Estado de Derecho.

Mientras que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEDE) dejó de investigar la violencia que se desató en las pasadas elecciones de junio, omitió analizar el involucramiento de la delincuencia organizada en el proceso democrático más grande que el país recuerde, la FGR inició un caso por “duda fundada” en contra de 31 científicos, todo ello pese a la ausencia de una denuncia por parte del CONACYT.

En un contexto en el que la FGR carece de investigaciones en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, actual gobernador electo por MORENA de Sonora, Alfonso Durazo, por no haber declarado propiedades por el mismo monto del que hoy se les acusa a los científicos, 240 millones de pesos, la Fiscalia insiste en acusar de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada a los 31 científicos del FCCT.

Una fiscalía que ha sido incapaz de ejecutar órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la criminalidad organizada, insiste por tercera ocasión que un juez de lo federal libere las órdenes en contra de los científicos y con ello estos sean recluidos en el penal federal del Altiplano.

Al tiempo que el presidente López evita rendir cuentas por las 100 mil víctimas de homicidio consumadas en 34 meses de su gobierno, y calla respecto a los casos de corrupción de sus familiares y colaboradores cercanos, usa la mañanera para leer un tuit -que no se sabe si es real- presuntamente de uno de los acusados por este caso, en que se insulta directamente a él y a una tal “zopilota” -que López identifica como su esposa, la sra. Gutiérrez-.

Poco le importa a López que al actuar de esta manera se comporta como cualquier ciudadano enojado, que se defiende y defiende a su esposa y no como el presidente de la República, o que cuando invita a la FGR a sancionar a los científicos vulnera el debido proceso. Más allá de una supuesta responsabilidad de los imputados, con su actuar Gertz y López confirman que en México la procuración de justicia es a modo y conveniencia de los poderosos.

En un país donde reina la impunidad debe preocupar que el fiscal general y el presidente usen a las instituciones a voluntad, en vez de concentrarse en abatir delitos y fortalecer el Estado de Derecho y exhiban que la cuarta transformación es una idea que carece de sustento ya que lo que se hacía mal antes, se sigue haciendo ahora, incluso peor.
 

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
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