Indudablemente la pandemia de Covid-19 fue la gran protagonista de 2020 no sólo por las lamentables consecuencias de pérdidas de vida tanto en el mundo como en México, sino también por sus consecuencias en las dinámicas sociales, en el sector económico, educativo y de seguridad de nuestro país.
Si 2019 fue el peor año en materia de homicidio doloso, feminicidio, trata de personas, narcomenudeo, lesiones dolosas, robo a negocio y violencia familiar; el segundo peor en materia de extorsión; el tercero peor en violaciones; el quinto peor en secuestro y robo con violencia y el octavo peor en materia de robo a transeúnte, desde que existen registros oficiales, en 2020 la mayor parte de los delitos descendieron de manera marcada.
Resulta imposible tratar de entender los datos de incidencia delictiva sin tomar en cuenta cómo el confinamiento por dicha pandemia dificultó que se cometiesen robos, secuestros, extorsiones e incluso homicidios.
Al cierre del año pudimos observar que la mayor parte de delitos bajaron comparados con el 2019: el secuestro un 37%; la extorsión un 8%; los robos a negocio, transeúnte o casa habitación alrededor de un 20%, siendo el robo en transporte público donde vimos las mayores bajas, un 36%.
Po lo que refiere al homicidio doloso, si comparamos 2019 contra 2020, hay una disminución en el número de víctimas de apenas un 0.4%, mientras que los casos disminuyeron un 2%. Por su parte no hubo variación estadística en los datos de feminicidio, en 2020 se registró una víctima más respecto al 2019.
Dicho de otra manera, 2020 se posiciona ligeramente por debajo del peor año en materia de homicidio doloso de la historia de nuestro país y como el peor en feminicidio.
Si analizamos este delito desde el punto de vista local, son el norte del país y el Bajío las regiones con la mayor cantidad y la mayor tasa de homicidios.
La entidad con la mayor tasa de éstos, por quinto año consecutivo es Colima —una entidad donde ha brillado la ausencia de planes emergentes federales y locales para frenar dicha crisis-, seguidos de Baja California y Guanajuato.
En esa línea podemos observar que son ocho los municipios que concentran el 20% total de homicidios dolosos siendo Tijuana el municipio con la mayor cantidad de casos (1842), seguido respectivamente de Ciudad Juárez, León, Celaya, Culiacán, Cajeme, Guadalajara y Zamora.
Al tiempo que la capacidad de daño de la delincuencia organizada y la violencia siguen sin control en nuestro país, preocupa que la narrativa oficial se centre en mostrar reducciones marcadas de la violencia que no coinciden con la realidad.
Mientras el gobierno federal insiste en que logró frenar el crecimiento de delitos, un análisis temporal de la tendencia de los homicidios dolosos demuestra que la mayor desaceleración del crecimiento de este delito se dio precisamente a partir de la Jornada de Sana Distancia que inició en marzo, que en el desconfinamiento inició un repunte y que con el nuevo cierre de actividades de diciembre se registró un nuevo freno al crecimiento de este delito.
De hecho, es lógico hipotetizar que, de no haber existido la pandemia, el año que acaba de terminar hubiese cerrado con un 10-15% más de homicidios dado que la mayor desaceleración de estos se produjo específicamente en los periodos de mayor encierro de la población.
Otro aspecto relevante que debe ser analizado para entender y tratar de frenar la violencia son los homicidios sociopolíticos, en 2020 se llegó a la mayor cantidad de homicidios de periodistas, activistas y policías.
Es impostergable que el gobierno federal trabaje de la mano con los gobiernos locales para reducir homicidios y delitos violentos, ello debe ser acompañado de un adecuado y suficiente presupuesto, indicadores y mecanismos de evaluación y seguimiento y verdaderos sistemas de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía que eviten auto celebrar resultados que simplemente no corresponden a la realidad.
