En México ser joven es peligroso. Un niño o un adolescente tiene una alta probabilidad de ser víctima del delito y la violencia, como de ser coptados por los delincuentes e incorporarse a sus filas.
Pese a que autoridades, académicos y activistas hemos propuesto como prioritario atender los problemas de los menores, si se busca reducir la violencia, poco o nada se ha logrado por parte de los gobiernos.
Diariamente los menores sufren violencia familiar, abandono, marginación, abuso por parte de familiares, coetáneos, delincuentes, pandillas e incluso de servidores públicos e instituciones, sin que puedan aspirar a un merecido acceso la justicia.
Estos factores, así como el contexto social y la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos, impulsan a muchos a unirse a cárteles, a familias delictuales o a alguna pandilla. Esto se considera reclutamiento forzado.
Este problema, reconocido en México como en muchas otras latitudes, ha sido abordado en el discurso, sin que se muestre un avance real en su combate.
Un claro ejemplo es que, en abril de este año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana creó el “Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada”, un esfuerzo loable que se ha quedado corto. Cinco meses después las instituciones del Estado carecen de diagnósticos del problema, desconocen su magnitud y tampoco han desarrollando una estrategia específica para combatir el fenómeno.
Por este motivo, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), unimos esfuerzos con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y elaboramos el estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, que busca ser una primera aproximación al tema, identificar retos y proponer soluciones a un tema multifactorial y complejo.
De acuerdo con un modelo que desarrollamos en el ONC, actualmente hay entre 145 mil y 250 mil menores en riego de ser reclutados o utilizados por parte de grupos delictivos -es decir- solo en este grupo de edad hay un potencial de reclutamiento mayor por parte de los delincuentes que cualquier esfuerzo de este tipo para las policías o fuerzas federales.
Como sociedad es nuestro deber proteger los derechos de los menores, su integridad física y posibilidad de desarrollarse dentro de la ley.
Además, si queremos que en los próximos años se reduzca la violencia en nuestro país, es imperativo optar por una política de construcción de paz encausada a contrarrestar los efectos que la violencia tiene en las vidas de los menores.
Por ello, se deben diseñar programas y acciones que busquen erradicar situaciones de vulnerabilidad en las que niños y adolescentes se encuentran, específicamente en los casos en que no asisten a la escuela; no puedan ejercer sus derechos; se encuentren en el mercado laboral o en alguna situación familiar disfuncional. Estos programas deben adoptar medidas relacionadas con lo establecido en los instrumentos del Derecho Internacional.
Para generar un diagnóstico y respuestas más precisas a este fenómeno, el conjunto de autoridades debe procesar, clasificar, sistematizar y utilizar de manera coordinada información oficial para identificar el número de menores en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
En particular, las fiscalías deben diseñar estrategias de seguimiento e intervención enfocadas a la sistematización de carpetas de investigación y casos en los que se haya identificado a los menores involucrados en actividades delictivas.
Todo esto debe ser incluido en una Ley General en materia de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se clarifique la cadena de responsabilidades, acciones, recursos y sanciones en favor de atender este problema.
Nuestro país va por mal camino. De enero a julio hemos vivido el tercer periodo más violento de la historia mexicana: todos somos víctimas potenciales de la violencia, en particular los grupos en situación vulnerable, como los jóvenes.
Continuar con la militarización de la seguridad y seguir justificando la ausencia de políticas de prevención bajo el argumento que se incrementaron los programas sociales -cuando estos en realidad son simples transferencias monetarias dictadas por interés político- perpetuará la crisis actual de violencia.
Es común decir que los jóvenes son el futuro, lo cual es inexacto: los jóvenes son el presente y ayudan a construir el futuro de nuestro país.
Es imposible garantizar un país seguro cuando quienes lo construyen no tienen ni siquiera el presente asegurado.
@frarivasCoL
