Desde el arranque de la actual administración del presidente Trump, él y los integrantes de su gobierno han sido reiterativos en insistir en que México no ha logrado ni hecho lo suficiente para frenar el tráfico de drogas de nuestro país hacia la Unión Americana y que por ello se requiere una intervención militar para atacar a dichos grupos delictivos.
Ya en su primer mandato -en el periodo 2016 a 2020-, el presidente de los Estados Unidos sostuvo y repitió en reiteradas ocasiones que las instituciones de seguridad y justicia de nuestro país no tenían la capacidad para acotar a la criminalidad organizada, principalmente aquella que se dedica al trasiego de drogas y el tráfico de personas indocumentadas.
No obstante, en ese entonces sus declaraciones quedaron en ello, palabrerías; si bien usó -chantajeó- la negociación del tratado de comercio de América del Norte (TLCAN) para obtener tropas que limitasen los cruces de personas indocumentadas de México a los EE. UU., Trump estuvo lejos de lograr alguna intervención militar en suelo mexicano.
Con el inicio de su segundo mandato, Trump endureció tanto sus discursos como sus acciones.
Aisló y persiguió a ciertos personajes políticos de su país que fungían como contrapesos a su poder; canceló la cooperación internacional directa (por ejemplo los programas de INL y USAID que operaban tanto en nuestro país, como en otros); recortó el apoyo a las instituciones supranacionales como la OTAN, la UNESCO o las mismas Naciones Unidas y modificó la ley para incluir a ciertos grupos delictivos de América Latina como organizaciones terroristas -entre ellas a seis mexicanas-, para así poder ejecutar acciones más agresivas contra éstas.
Sin embargo, el hito de toda esta actuación fue la invasión de Venezuela para secuestrar al dictador Nicolás Maduro y su esposa. Bajo el argumento que el dictador lideraba un grupo narcoterrorista, Trump emprendió una exitosa intervención militar que en segundos privó de la libertad al dictador y a su esposa para así presentarlos frente a una corte de los Estados Unidos.
Es importante aclarar algunos aspectos: era urgente remover a Maduro y llevarlo frente a la ley. Maduro, fue un dictador sanguinario que empobreció a Venezuela, torturó a su oposición y que se perpetró en el poder gracias a fraudes electorales. No obstante, el cómo y el para qué EU ejecutó tal operación, exhibe posibles consecuencias graves para la gobernanza de Venezuela y el futuro del mundo.
A partir de tal acción, en Venezuela Trump aisló a la oposición que legítimamente había ganado las pasadas elecciones debido al fraude electoral y entregó el poder a mano a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una chavista aparentemente convencida.
Rodríguez, por años manifestó su odio al “imperialismo yanqui”, una y otra vez criticó a Estados Unidos, insultó a los representantes de otros países que criticaban el autoritarismo y los fraudes electorales en su país y desacreditó a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esa misma persona hoy gobierna Venezuela, por un lado exige la liberación del exdictador Maduro, mientras que por el otro se presenta como una aliada de Trump y de Estados Unidos ¿cuál será el resultado? Probablemente decepcionante.
Dado lo anterior, se puede deducir que la intervención de Estados Unidos en Venezuela no ha cambiado sustancialmente la vida de los venezolanos, que Trump no tiene interés en gobernar a Venezuela, que lo que sí busca es tener el control sobre quién gobierna y sobre los recursos naturales de dicho país.
Tras dicha intervención, Trump elevó el tono de sus amenazas en contra de Cuba, Colombia, Groenlandia y México.
Lamentablemente para nosotros, el mandatario cuenta con elementos que le permiten sustentar sus acusaciones. En México la violencia sigue; los cárteles y grupos criminales siguen controlando una parte importante del territorio y las actividades comerciales, han sido un actor clave en los últimos procesos electorales -imponiendo candidatos y políticas públicas-.
Además, las actuales autoridades mexicanas aparecen en diversas investigaciones que señalan una posible colaboración que los grupos delictivos colombianos y venezolanos trafiquen droga hacia nuestro vecino del norte.
De la misma manera, México se ha demostrado ser un gran proveedor de recursos para la sancionada Cuba comunista, muy odiada por el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Difícil tarea la de la presidenta Sheinbaum, quien ha mantenido una política cercana y subsidiaria hacia dichos países, al tiempo que insiste en que su gobierno ha tenido importantes resultados para frenar a la delincuencia, organizada; que existe una efectiva colaboración entre ambos gobiernos para combatir a los criminales, aun cuando México reitera su apertura a colaboración sin que haya intervencionismo.
Del lado estadounidense, Trump oscila entre elogios a la mandataria y afirmaciones que México se encuentra gobernado por los narcotraficantes, que ello es razón necesaria para una intervención militar en nuestro territorio.
Precisamente este fin de semana, pudimos presenciar movimientos de fuerzas aéreas militares de los Estados Unidos sobre nuestro país, el gobierno de la presidenta Sheinbaum minimiza los hechos, pese a la mala señal que ello avizora.
¿Estamos ante el preludio de un ataque estadounidense en nuestro país? No lo sé y no lo creo. Aun así, se debe analizar cuáles son los posibles efectos de dicha intervención.
Lo primero que debemos recordar es que a Trump sólo le interesa el bienestar de su país. Un bienestar que él imagina como a EU con menos droga -particularmente el fentanilo- y menos migración indocumentada. Lo que seguramente no le interesa, son las consecuencias para nuestro país y que México sea seguro y con un sólido Estado de Derecho.
Si se toma en consideración lo anterior, se puede deducir que cualquier intervención militar que se lleve a cabo por los Estados Unidos en suelo mexicano se ejecutará para atender el deseo y visión de Trump sin importar las consecuencias en México.
Recordemos que operativos exprés, sin un ejercicio de aplicación de la justicia y un desmantelamiento de los recursos económicos, las rutas de distribución de bienes ilícitos y las redes de corrupción y benevolencia de políticos y sociedad, llevan a más violencia.
En un contexto de gran poder de la criminalidad organizada, el descabezamiento aparente de un grupo deja como resultado una situación similar al mito de Hércules, que combate la Hidra, por cada cabeza cercenada, nace una nueva.
Trump abrazó la Doctrina Monroe, una aproximación a la política exterior de EU de 1823 que coadyuvó a que el país fuese el poder hegemónico del continente americano. Una política que hoy parecería anacrónica y de difícil implementación.
Las últimas intervenciones militares que Estados Unidos ha llevado a cabo en el mundo han dejado graves resultados para la población ¿será el caso de Venezuela? ¿A este le seguirá México?
También es importante recordar que en el pasado han habido un sinfín de acciones coordinadas entre Estados Unidos y México en territorio nacional. Lo relevante de ello era que quien detenía el control de la operación eran las autoridades mexicanas, en el marco de una política pública definida, con límites claros a la intervención estadounidense y que perseguían como fin el bienestar de nuestro país.
Es deseable que México obtenga resultados en el combate a los delitos, sin intervencionismo; aun así, si llegase a haber una intervención militar de los Estados Unidos en nuestro territorio, sea bajo los principios apenas mencionados y no que simplemente ocurra para eliminar a algún objetivo prioritario sin seguimiento y que le deje al nuestro pagar la consecuencia de una casi segura creciente violencia.