Gobierno que ignora o desprecia la ley

Francisco Rivas

En un sexenio donde el presidente y los integrantes de su partido critican a diario el desempeño de las pasadas administraciones, el incumplimiento de acuerdos, la destrucción institucional, la violación de la ley y las reformas que ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos, se han vuelto un asunto sistemático.

En menos de una semana:

1.- La Cámara de Diputados, aprobó la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

2.- El Senado aprobó la reforma a la Ley General de la Fiscalía General de la República (FGR) y la ley que da vida al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) que incluye el registro biométrico de datos del usuario.

3.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública (SESNSP) por cuarta vez desde el inicio del sexenio incumplió la presentación de datos de incidencia delictiva en la fecha determinada, pese a ser un acuerdo vinculante del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

Estos ejemplos confirman que tanto los legisladores como los funcionarios de esta administración ignoran o desprecian la ley.

Si es inconstitucional la ampliación del término del ministro presidente dejan en manos a la misma SCJN la resolución.

El gobierno justifica la creación PNUTM bajo el argumento que es un instrumento útil para combatir la extorsión y otros delitos que se cometen a través de la telefonía, mientras olvida que la mayoría de estos delitos se cometen desde los mismos penales, en la absoluta impunidad.

En oposición no le importa que la medida sea inconstitucional porque viola aspectos clave del derecho humano a la confidencialidad y el cuidado que el Estado debe tener de los datos más íntimos de una persona; que no se cuente con los sistemas para registrar adecuadamente la información, garantizando al tiempo la confidencialidad; que no se cuente con sistemas de denuncia expedita para evitar que un ciudadano sea injustamente involucrado en el mal uso de un celular robado o clonado; que no se haya considerado que México es un país donde la compra de dispositivos celulares ocurre tanto en la informalidad como en la formalidad; que se haya ingenuamente pensado que un delincuente va a ir a registrar y entregar sus datos biométricos.

Menos relevante aún parece ser que, con la aprobación de este padrón, México entraría en una lista poco envidiable de los únicos 17 países del mundo que ya cuentan con registros celulares con información biométrica. Países con regímenes autoritarios o donde la democracia es una mera utopía que incluye a Afganistán, Arabia Saudita, Baréin, Bangladesh, Benin, China, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Singapur, Tailandia, Tayikistán, Uganda y Venezuela.

Para un presidente que criticó la concentración de poder, el compadrazgo y amiguismo con el que se manejaron los gobiernos anteriores, debe escandalizar que él maneje las voluntades tanto del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Dicho de otra manera, alguien que se jactó de ser un demócrata ha demostrado un rasgo autoritario que no veíamos en nuestro país en décadas.

En un gobierno que tacha de corrupto todos los días a los gobiernos que lo antecedieron, sorprende que el partido del presidente y su fiscal general impulsen una ley para regresar a la FGR a las características y prácticas de la PGR de antaño: desaparecer los contrapesos, aumentar los espacios de discrecionalidad, concentrar el poder en el fiscal, eliminar los sistemas colaborativos internos y externos, olvidar a las víctimas, favorecer las detenciones arbitrarias, desaparecer los sistemas de carrera conforme a indicadores objetivos, así como la profesionalización de integrantes de la FGR.

Aún más, la actual ley de la FGR fue impulsada y celebrada por esta misma legislatura que hoy intenta regresar al pasado; así como que esta reforma omite tomar en consideración aspectos que aún se debaten si son constitucionales o no del rol de la Guardia Nacional como elemento coadyuvante de la investigación.

Para quienes critican las administraciones pasadas es fundamental recordarles que, a partir de la aprobación en el seno del CNSP del acuerdo que obliga al SESNSP a publicar los datos de incidencia delictiva del mes anterior, el 20 de cada mes, nunca hubo un retraso o incumplimiento. En contraste, en este sexenio vemos por segundo mes consecutivo y por cuarta ocasión desde el inicio de esta administración, que se incumple el acuerdo del CNSP.

Dicho sea de paso, la destrucción institucional del SESNSP, donde el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados son cómplices, incluye recortes presupuestales en materia de seguridad y justicia injustificados que ponen en riesgo la operación de policías, procuradurías y fiscalías de todo el país; en específico, dada la eliminación del FORTASEG, el fondo destinado al fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad, se debilita al SESNSP, se debilita el federalismo y se impulsa un modelo centralista de seguridad; la tolerancia ante el aumento de prácticas opacas en la manera en la que se otorgan recursos y rinde cuenta sobre los mismos por parte de las autoridades federales.

Hace un año escribí en este mismo espacio que no veía avances concretos en materia de seguridad, en ese entonces un funcionario tuvo a bien mandarme una lista de proyectos que, según él, eran muestra de mejoras institucionales en la materia.

Un año después me sostengo en lo dicho y agrego que sólo uno de los 17 proyectos que el funcionario usó como ejemplo de mejora en la materia se ha cumplido y ese, era un proyecto que ya existía en administraciones pasadas.

Por lo demás confirmo que desde el inicio de esta administración no se ha registrado un sólo avance en materia de seguridad y justicia pero sí muchos y muy lamentables retrocesos.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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