El próximo 5 de junio se renovarán las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; los 39 ayuntamientos de Durango y el Congreso de Quintana Roo.
Los funcionarios electos asumirán el cargo en el contexto de la mayor crisis de incidencia delictiva y violencia de la historia de nuestro país.
A nivel nacional desde el primero de diciembre de 2018 se han registrado los peores resultados en materia de seguridad, en tan sólo 41 meses se han sumado aproximadamente 120 mil víctimas de homicidio doloso; 3386 víctimas de feminicidio; 60 mil personas desaparecidas; 60 periodistas asesinados, así como los años con las mayores tasas en materia de extorsión, robo a negocio, violaciones, violencia familiar, trata de personas, narcomenudeo y lesiones dolosas.
Aunado a ello, las autoridades electas encontrarán un grave deterioro institucional. En los últimos 3 años se han puesto en marcha una serie de recortes presupuestales que han empobrecido las capacidades humanas, tecnológicas y de equipamiento de las policías y fiscalías locales, así como de las fuerzas federales.
Además, en este mismo periodo han caído los decomisos de armas, drogas, efectivo, investigaciones por delitos electorales, por delincuencia organizada, por corrupción, comparado con cualquier gobierno federal anterior.
Dicho de otra manera, quien resulte electo gobernador de una de las 6 entidades en contienda este año, deberá contar con un plan claro para enfrentar los problemas locales de incidencia delictiva y violencia; deberá frenar la entrada de grupos delictivos de entidades cercanas; deberá poner en marcha una serie de ejercicios de redistribución de recursos y recaudación local para mitigar los recortes presupuestales que el Congreso y la federación han mantenido para las instituciones de seguridad y justicia; todo ello solos, sin apoyo de la federación.
Conscientes de los retos que enfrenta el país y de la historia de improvisación e ignorancia en materia de seguridad y justicia de los candidatos a los ejecutivos locales y federal, desde 2018 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) creamos el proyecto Por un México Seguro que busca proporcionarle a la ciudadanía la información necesaria para que ejerza un voto informado acerca del conocimiento, claridad y factibilidad de las propuestas de los candidatos en dicha materia.
Por un México Seguro
permite que los candidatos transparenten sus propuestas en temas como lavado de dinero, prevención social de la delincuencia, trata de personas, tráfico de armas, procuración e impartición de justicia, policía, reinserción social, política de drogas, derechos humanos y coordinación con los otros nivele de gobierno.
El objetivo es hacer de conocimiento de los votantes las políticas públicas que los gobernadores electos habrán de implementar, sus indicadores de seguimiento, qué presupuesto piensan designar a cada tema, cómo subsanarán la falta de recursos, las reformas normativas que requerirían, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que instaurarán.
Este ejercicio permite entender con detalle qué tan dispuesto está un candidato a dialogar con los ciudadanos, el nivel de conocimiento de la problemática de incidencia delictiva, inseguridad y violencia que les tocará enfrentar, así como la factibilidad de sus propuestas.
En 2018 participaron 3 de los 4 candidatos presidenciales y el 33% de los candidatos a las 8 entidades, entre los cuales destacan el presidente López y los gobernadores Alfaro de Jalisco y Sinhué de Guanajuato.
En 2021 la participación de los candidatos fue muy incipiente, apenas participaron 13 de los 107 candidatos a las 15 gubernaturas, ninguno de ellos resultó electo.
Fue particularmente lamentable que en entidades como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Querétaro, y Sinaloa, no hubiese un solo interesado en participar.
Por ello, no debe sorprender que si analizamos los datos oficiales de los 16 principales delitos de alto impacto en el primer cuatrimestre del año, el ranking que cada entidad ocupa respecto a lo nacional y comparamos cuántos delitos han crecido en el periodo respecto a 2021 encontremos que:
1. De las entidades que más han empeorado este año estén las 15 que tuvieron elecciones en 2021. En dichas entidades aumentaron entre 9 y 12 de los 16 delitos de mayor impacto.
2. De las 6 entidades con la mayor tasa de homicidio doloso, 5 cambiaron de gobernador el año pasado y son respectivamente Colima; Zacatecas, Baja California, Morelos, Michoacán y Sonora.
3. De las 5 entidades con la mayor tasa de feminicidios Nuevo León ocupa el segundo lugar, Zacatecas el cuarto y Chihuahua el quinto.
4. En varias entidades se reportan pocos o ningún caso de trata de personas, feminicidios, narcomenudeo o robo en transporte público. Entre los ejemplos más lamentables encontramos a Campeche, Colima, Nayarit, Sonora y Tlaxcala.
5. Sorprende que tanto Guerrero como Sinaloa -entidades sumidas en el control de la delincuencia organizada- se posicionan entre las entidades más pacíficas del país según los datos oficiales.
Estos fracasos y ocultamiento de información, son consecuencia de candidatos que carecen de planes, programas, disposición al diálogo y a rendir cuentas a la ciudadanía.
Los mexicanos merecemos saber si nuestro voto y confianza está bien depositado, si hay esperanza de que nosotros y nuestras entidades lograrán progresar, ser un lugar seguro y justo.
Por un México Seguro
es un mecanismo que permite entender quién es el candidato que tiene la mayor posibilidad de lograr dichos resultados.
Al día de hoy reconocemos el esfuerzo de candidatos como Esteban Villegas, de la alianza PRI-PAN-PRD y Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, a la gubernatura de Durango; César Verástegui, de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Tamaulipas, quienes ya respondieron los 12 cuestionarios.
Asimismo, reconocemos que Alejandra García y José Luis Pech, candidatos de Movimiento Ciudadano a las gubernaturas de Oaxaca y Quintana Roo, hayan iniciado los cuestionarios y se encuentran cercanos a concluirlos.
Otros 8 candidatos se comprometieron a participar pero no lo hicieron:
⁃ De Aguascalientes, Nora Ruvalcaba de Morena
⁃ De Durango, Marina Vitela de Morena
⁃ De Hidalgo, Carolina Viggiano de la alianza PRI-PAN-PRD.
⁃ De Quintana Roo, Mara Lezama de Morena; Laura Fernández de la alianza PRD-PAN; Leslie Hendrix del PRI; Nivardo Mena de MAS.
⁃ De Tamaulipas, Arturo Diez de Movimiento Ciudadano
14 candidatos más abiertamente rechazaron participar en este ejercicio:
⁃ De Aguascalientes, María Teresa Jiménez del PAN; Martha Márquez del PT y Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano, Natzielly Rodríguez de Fuerza Por México.
⁃ De Hidalgo, Julio Menchaca de Morena y José Luís Lima del Partido Verde; Francisco Berganza de Movimiento Ciudadano.
⁃ De Oaxaca, Alejandro Avilés del PRI; Natividad Díaz del PAN; Salomón Jara de Morena; Bersahin López de Nueva Alianza; Mauricio Cruz y Jesús López candidatos independientes.
⁃ De Tamaulipas Américo Villareal de la alianza Morena-PT-PVE.
Su falta de participación debe ser entendida como rechazo a trabajar con la sociedad civil, desinterés en dialogar con los votantes y absoluto desconocimiento de cómo enfrentar los temas de seguridad.
Votemos por candidatos preparados, capaces de explicar su proyecto. Evitemos elegir a demagogos, con muchas promesas y ninguna idea clara de cómo gobernar, esos que terminan por culpar al pasado, mentir sobre los datos de violencia y empeorar una ya muy grave crisis de inseguridad y violencia.
@frarivasCoL
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