En nuestro país el combate a los delitos es nulo. Según las encuestas elaboradas por INEGI, los datos oficiales de las fiscalías, del sistema judicial y del sistema penitenciario, por cada mil delitos que se consumen, en promedio se sanciona uno.

Ello es resultado de una enorme cifra negra -los delitos que no se investigan-; de la poca capacidad que se tiene para judicializar una investigación y de la incapacidad del ministerio público por presentar ante un juez un caso que lleve a una sentencia condenatoria.

Es decir, por cada mil delitos que ocurren en México, los ciudadanos apenas denunciamos 100. En esos 100 casos, la autoridad -por diversos motivos- desatiende 30 y apenas investiga 70.

De las 70 carpetas de investigación que la autoridad ministerial inicia, sólo 35 casos se judicializan. De estos, sólo en 4 se llega a etapa complementaria -aquellas que llegan frente al juez-, y apenas se logra una sentencia condenatoria.

Esta cadena de impunidad, ineficiencia e ineficacia produce desconfianza y desinterés de las víctimas por denunciar; abandono institucional hacia el personal ministerial; violaciones graves a los Derechos Humanos de los imputados -recordemos que, dependiendo de la entidad, entre el 80 y el 50% de la población penitenciaria se encuentra reclusa sin haber recibido una sentencia- y finalmente, en el constante aumento de los delitos.

¿Por qué la denuncia es tan baja? Porque los trámites son largos; porque la posibilidad de ver reparado el daño y acceder a la justicia para una víctima es mínimo; por el riesgo que implica denunciar a una autoridad que podría estar coludida con los delincuentes; porque hay una alta probabilidad de ser revictimizado con maltratos de la autoridad o con solicitudes de dádivas -corrupción-.

¿Si mejoramos la captación de denuncias automáticamente disminuirá la impunidad? No. El problema del acceso a la justicia es complejo y requiere de una importante inversión para aumentar en más del 300% el personal, para capacitación, tecnología, equipamiento, procesos de supervisión, etc.

Sin embargo, si mejoramos la cantidad y calidad de las denuncias podremos conocer mejor el comportamiento delincuencial y dónde debemos poner los recursos para mejorar el proceso de acceso a la justicia para las víctimas.

En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) estamos conscientes que las denuncias no aumentarán por sí mismas si no logramos hacer eficiente el proceso para las víctimas; brindarles una atención justa; identificar las fallas de la autoridad y dar seguimiento a los casos para que estos no caigan en el abandono.

Por ello, en el ONC unimos esfuerzos con la Embajada de los Estados Unidos; con organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Impunidad Cero y Borde Político; así como las procuradurías y fiscalías de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas para implementar:

⁃ Un trabajo de gabinete que permita identificar los cuellos de botellas y problemas del proceso de denuncia e investigación.

⁃ Un monitoreo in situ para (1) conocer el trato a los denunciantes con encuestas de salida representativas por sexo, rangos de edad, tipo de delito, situación socioeconómica y (2) para observar las posibles deficiencias del sistema.

⁃ La alianza estratégica con Impunidad Cero para conectar las denuncias hechas por ciudadanos en la exitosa página denuncia.org

⁃ El desarrollo de un Chat Bot “Norma” que permite de manera muy sencilla pre-denunciar un delito o denunciar un maltrato de la autoridad en máximo 15 minutos.

⁃ Identificar los casos más urgentes captados por “Norma” para derivarlos a la Área de Atención a Víctimas del ONC.

⁃ Comprometer a las procuradurías y fiscalías a dar respuesta inmediata a los casos de negligencias, maltratos, abuso y corrupción de sus funcionarios.

De tal suerte que “Norma” se vuelve el elemento clave que ayudará a que las denuncias sean más eficientes, que la actuación de la autoridad sea más eficaz, que las víctimas accedan a la justicia y que la corrupción y el maltrato se sancione.

“Norma”, de la mano de los abogados y psicólogos del Área de Atención a Víctimas del ONC, trabajamos para servir a las personas que sufrieron un delito las 24 horas del día, los 365 días del año, con absoluto respeto y empatía.

Como todo lo que hacemos en el ONC, este proyecto es totalmente donado a la autoridad, permite adaptarse a los retos que vayan surgiendo y es la demostración que sociedad civil y gobierno podemos trabajar juntos de manera exitosa en favor de los mexicanos.

De 2017 a la fecha hemos vivido los peores años en materia de incidencia delictiva y violencia de nuestra historia y todo apunta a que esta terrible situación seguirá empeorando.

Gracias a la Embajada de los Estados Unidos, a la colaboración que en el ONC establecimos con el IMCO, Impunidad Cero, Borde Político, las procuradurías y fiscalías de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas, podemos afirmar que hay esperanza de que las víctimas no sean olvidadas y los delitos puedan finalmente disminuir.

Si logramos maximizar este proyecto e implementarlo en más fiscalías, policías locales y autoridades municipales y estatales, podríamos revertir el fracaso de la actual estrategia en materia de seguridad y el nulo combate a delitos y corrupción.

El verdadero éxito de Norma depende de cuántos ciudadanos la usemos, exijamos un desempeño impecable de nuestros funcionarios y de cuántas autoridades cumplan con mejorar la atención a las víctimas del delito y el combate a la corrupción.

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Director del Observatorio Nacional Ciudadano 
@frarivasCoL