La semana pasada en este mismo espacio expuse la serie de abusos y violaciones al debido proceso del actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz.
Si bien el presidente López afirmó que el fiscal “no ha cometido delitos graves”, el recuento que hice la semana pasada exhibe cómo el fiscal sí ha violado la ley.
Lamentablemente el mal desempeño de Gertz y de la Fiscalía General de la República (FGR) no se limita a cometer ilícitos, la actual FGR ha sido omisa e ineficaz en combatir los delitos.
Según datos oficiales desde 2019 la fiscalía ha investigado cada año menos casos, auncuando los delitos han aumentado.
Es decir, mientras que en los últimos 3 años y medio se han roto todos los récords negativos en homicidio doloso -particularmente el de personajes políticos, autoridades, comunicadores y activistas-, en extorsión, en tráfico y trata de personas, en delitos electorales, en robo a transporte de carga, de privaciones ilegales de la libertad, de desapariciones de personas, de narcomenudeo, de ciberataques; la FGR ha iniciado menos investigaciones, logrado menos detenciones, menos sentencias condenatorias y menos decomisos -de drogas, armas, piratería, efectivo, precursores químicos, productos contrabandeados y sustancias ilícitas- si lo comparamos con los sexenios anteriores.
A ello debemos sumar los casos específicos donde la FGR ha sido omisa. Casos que en particular deberían llevar a investigar a Morena, a los familiares y colaboradores cercanos del presidente.
La actuación discrecional de la FGR incluye:
1.- La ausencia de investigaciones por delitos electorales.
En las elecciones de 2021 y 2022 quedó evidenciada la participación de la delincuencia organizada, así como las constantes violaciones a la ley electoral por parte del presidente, de los funcionarios de este gobierno y de los gobernadores de Morena.
La delincuencia organizada operó en favor del partido del presidente; amenazó a comunidades; violentó, asesinó y secuestró a los operadores políticos de la oposición -particularmente en Baja California, Colima, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas-.
Pese a las denuncias, ni la FGR, ni la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, iniciaron alguna investigación.
Tampoco hubo investigaciones acerca de los actos anticipados de campaña; de la violación de la veda electoral por parte del presidente y de los gobernadores de Morena o de los audios donde los “siervos de la nación” amenazaban con suspender los programas sociales si los beneficiarios no votaban por el partido de López.
Tampoco investigó a la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien, cuando fue alcaldesa de Texcoco, descontó el 10% de su salario a 472 trabajadores del municipio para financiar a Morena.
2.- La protección a los familiares del presidente.
En 2020 se dieron a conocer videos que exhibían a Pío y a Martín López, hermanos del presidente, recibiendo efectivo en nombre del Ejecutivo Federal.
Ante dichos videos se iniciaron acciones que se encuentran detenidas, lo que apunta a la absoluta impunidad.
Si en un caso similar -el de la ex secretaria Rosario Robles- la FGR pidió la prisión preventiva justificada, en este, no lo ha hecho.
Otro ejemplo puntual es la ausencia de investigaciones por presuntos conflictos de interés en el caso de la nuera y el hijo del presidente por la denominada “casa gris”.
En este sexenio la empresa Baker Hughes se vio beneficiada con sustanciosos contratos de PEMEX, empresa donde trabajó como cabildera la nuera del presidente.
Gracias a una sólida investigación de LatinUs y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se supo que la nuera y el hijo del presidente vivían en una lujosa mansión en Houston, propiedad de un ex directivo de dicha empresa.
Ante ello, el presidente atacó a los periodistas y a MCCI que dieron a conocer el hecho; el hijo y la nuera del presidente presentaron información falsa y la FGR simplemente optó por no investigar.
Misma situación ocurrió en el caso de la prima del presidente, Felipa Obrador. La sra. Obrador obtuvo en 2020 un millonario contrato de PEMEX, pese a que su empresa presentó el presupuesto más caro entre todas las que participaron en la licitación. De nuevo la FGR simplemente no actuó.
3.- La protección de funcionarios cercanos al presidente.
Tanto Irma Sandoval, ex secretaria de la Función Pública; como Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC) y actual gobernador de Sonora y Manuel Bartlett, actual director de la CFE, entre 2019 y 2021 mintieron en sus declaraciones patrimoniales ya que omitieron reportar fortunas inmobiliarias que no corresponden a sus ingresos.
Sandoval ocultó propiedades por más de 60 millones de pesos; Durazo por 214 millones de pesos y Bartlett por más de 800 millones de pesos. La FGR exoneró a los funcionarios por tales hechos de manera exprés.
Cabe señalar que en contraste, en ese mismo periodo, la FGR intentó acusar -y fracasó- por delincuencia organizada y lavado de dinero al actual gobernador -de oposición- de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por no haber declarado un departamento con valor de 10 millones de pesos.
Las omisiones de la FGR también incluyen al hijo de Bartlett. En la actual administración las empresas del hijo del titular de la CFE obtuvieron por asignación directa del gobierno contratos millonarios pese a que dichas empresas no cumplían con los requerimientos ni la experiencia para los servicios que otorgaron.
Entre los casos más sonados podemos recordar la venta de 20 ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos, el doble de su valor comercial.
En otra administración el caso sería investigado por posible peculado y tráfico de influencias. En este sexenio la FGR no se dio por enterada.
4.- La falta de combate a la delincuencia organizada.
Pese a que en este sexenio han seguido las detenciones de algunos capos, no hay evidencia de un combate sistemático ni a la estructura ni a los recursos financieros de la delincuencia organizada.
El fracaso incluye operativos fallidos como el denominado “Culiacanazo”.
En octubre de 2019 se llevó a cabo un enfrentamiento entre las fuerzas federales e integrantes del Cártel de Sinaloa tras la detención del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán.
En represalia, el Cártel puso en marcha de manera inmediata una serie de narcobloqueos y ataques a instalaciones gubernamentales. Con ello lograron que las fuerzas federales simplemente pusieran en libertad al hijo de El Chapo, por instrucciones del presidente López, como él mismo lo reconoció.
3 años después, la FGR sigue sin investigar la orden de liberar a Ovidio, aun cuando ello implica un delito.
En resumen, 42 meses después del inicio de esta administración, la FGR ha brillado por la ausencia de resultados y ha sido un instrumento político para proteger a aliados y sancionar a adversarios.
Es increíble que con tantas fallas López siga sosteniendo al fiscal, lo siga llamando hombre honesto, aun cuando reconoce que Gertz “no ha cometido delitos graves”.
Así como en mi artículo anterior cerré preguntándome si el presidente tolera los delitos de Gertz porque él mismo es quien lo instruye, ahora me pregunto si las omisiones son faltas del propio Gertz o son ordenadas por el mismo López.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
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