En 2017 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) publicamos el estudio “El registro estadístico de la desaparición ¿delito o circunstancia?”, como parte de una serie de investigaciones sobre las desapariciones en el país y las capacidades -reales- del Estado mexicano para prevenirlo, reducirlo y sancionarlo.
En dicho estudio documentamos las deficiencias en los registros del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), las debilidades metodológicas para construirlo; las inconsistencias entre lo ahí publicado y lo que se encontraba en las bases estadísticas locales; las asimetrías en términos de recursos entre una fiscalía y otra; así como una serie de recomendaciones puntuales para subsanar dichas deficiencias.
Ante dicha publicación, la autoridad competente reaccionó con apertura y disposición a trabajar. Por ello, ese mismo año, signamos un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con el fin de donarles capacitación y acompañamiento en un proceso de mejora institucional tanto a nivel federal como local.
Pese a las evidencias de avances y a que nuestro apoyo era totalmente gratuito para el gobierno federal y los gobiernos estatales -en el ONC no cobramos un solo peso a las autoridades ni para ejecutar acciones ni como viáticos o traslados-, en 2018, con la instalación del nuevo gobierno, la CNB rescindió el convenio y se cerró a toda posibilidad de colaboración.
Derivado de ello y de otras decisiones, el problema año con año se agravó, las desapariciones se convirtieron en la piedra en el zapato que ha puesto en entredicho la narrativa triunfalista de reducción de la violencia en el país tanto para el gobierno del expresidente López como para el de la presidenta Sheinbaum.
Desde el Ejecutivo Federal ante todo cuestionamiento sobre el aumento de desapariciones, se ha repetido constantemente que la estadística oficial no reflejaba la realidad y que el número de desaparecidos era mucho menor a lo exhibido por el RNPD.
Finalmente el pasado viernes 27 de marzo el gobierno federal presentó su análisis acerca de tal estadística, un informe donde se confirmó todo lo que desde el ONC habíamos publicado 9 años antes.
Según los hallazgos del gobierno federal, de las más de 132 mil personas registradas como desaparecidas, un tercio son registros imposibles de validar; otro tercio son personas que tal vez desaparecieron pero de las cuales hay evidencia que al día de hoy ya no lo están -pero siguen registradas como desaparecidas- y el último tercio corresponde a “tan sólo” 43 mil casos que si bien cuentan con registros completos, no se ha logrado localizarlas.
El otro dato importante que se dio a conocer, es que de los 132 mil registros de personas desaparecidas, apenas 3 mil cuentan con una carpeta de investigación, es decir que en sólo el 2.5% de los casos de desaparición, existe una investigación por parte de la autoridad competente.
Dicho sea de paso, no sabemos el estatus, qué acciones correspondientes se ejecutaron y cuáles fueron los resultados de dichas investigaciones, lo que sí sabemos, es que en prácticamente en el 0% de ellas hay sentencias condenatorias por el delito de desaparición.
Indudablemente es positivo que el gobierno finalmente tenga claro y explique cómo se desagregan los datos de desapariciones, un paso necesario para mejorar la política pública que debe resolver tal crisis.
Sin embargo, antes de celebrar dicha presentación: se debe considerar:
1. Que es una tragedia que en un país existan 132 mil registros de personas desaparecidas.
2. Que si bien en más de 46 mil registros hay información incompleta, no se puede asegurar que sean registros inválidos.
3. Que si un tercio de los registros carece de los elementos mínimos para que el Estado pudiese activarse y localizar a una persona, es porque los usuarios no han sido debidamente capacitados o sensibilizados en el uso adecuado del instrumento.
4. Que si un tercio de los registros es incompleto también se debe al pobre seguimiento que se le da a cada registro.
5. Que si más de 40 mil personas cuentan con registros completos y gracias a ello el gobierno federal en el último año logró localizarles -dado que renovaron documentos, contrajeron matrimonio o pagaron impuestos- es por la ineficacia y desinterés del Estado en buscar a los desaparecidos. Si era tan fácil localizar gracias al cruce de datos a las personas ¿por qué nadie lo hizo antes? ¿Por qué se mantiene su registro de desaparición? ¿Por qué no existe un mecanismo que alerte a toda autoridad administrativa, regulatoria o de seguridad que quien inicia un trámite, cuenta con un registro de desaparición?
6. Que haya indicios de actividad por parte de un ciudadano reportado como desaparecido no implica que sea él y que no siga extraviado. Dicho de otra manera, antes de afirmar que esa persona ya no se encuentra como desaparecida, se debe acreditar la prueba de vida y evitar algún tipo de suplantación de identidad.
7. Que si tomamos como confiables los números reportados por la autoridad y las personas que efectivamente se mantienen como desaparecidas son 46 mil -de los cuales casi su totalidad desaparecieron en los últimos 7 años-, las autoridades deben reconocer que son demasiadas para un país no en guerra y que de ello se desprende su fracaso en mantener el control de nuestro territorio y la protección de los ciudadanos.
8. Que independientemente de que las personas desaparecidas sean 132 mil o 46 mil, es inaceptable que a ello correspondan sólo 3 mil carpetas de investigación.
Aunado a lo anterior, sorprende que en ningún momento se haya reconocido que es altamente probable que el número de desaparecidos sea mucho mayor, que no se haya contemplado la cantidad de casos que ni se inscriben al RNPD, ni se denuncian ante una autoridad.
Tampoco se admitió que sobran casos donde las personas acuden ante las autoridades de procuración de justicia y simplemente no son atendidas.
Por todo lo anterior insistimos en que si bien es un avance la publicación de información acerca de cómo se desagrega el RNPD, falta mucho para poder considerarlo un primer paso para erradicar este problema.
Falta un verdadero ejercicio de rendición de cuentas sobre qué sí y qué no se ha hecho; cómo se han usado los recursos; cómo se han atendido a las víctimas; qué redes de complicidad y corrupción se han desarticulado en las instituciones; por qué no existen personas sentenciadas por el delito de desaparición; qué se planea efectuar para que el delito no siga creciendo y qué recursos extraordinarios se destinarán para tal fin.
Desde el ONC refrendamos la disposición y el compromiso para donarles nuestra experiencia y conocimiento a las autoridades de todo el país. Estamos conscientes de que un delito que no se atiende está destinado a crecer.
Director del ONC