Los datos oficiales de incidencia delictiva muestran que 2021 se perfila para ser el tercero -incluso el segundo- año más violento de la historia.
La presentación de datos -que este gobierno acostumbra presentar tarde en plena violación a lo establecido en el Consejo Nacional de Seguridad Pública- coincidió con la comparecencia en el Senado de la secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez, un ejercicio en el que sobraron las interpretaciones a modo, la insistencia de una narrativa donde el actual gobierno se jacta de hacer todo mejor que sus antecesores y la defensa de una política que los datos oficiales confirman como un fracaso.
Mientras que Rodríguez insistió que el país necesita más abrazos, omitió explicar por qué en los 34 meses de la actual administración federal llegamos a una cifra récord de 100 mil homicidios dolosos; 91 mil desparecidos; y que feminicidio, trata de personas, narcomenudeo, extorsión, violencia familiar y violaciones se encuentren en máximos históricos.
Tampoco explicó por qué las pasadas elecciones fueron las más violentas de la historia, aquellas donde hubo la mayor tasa de delitos electorales y la mayor participación de la criminalidad organizada.
Menos aún explicó por qué los decomisos, detenciones y aseguramientos de integrantes de la delincuencia organizada se encuentran en mínimos históricos.
Tras 2 años 10 meses el presidente López, la secretaria Rodríguez y la clientela cautiva del mandatario siguen justificando el desastre en materia de seguridad como efecto del cochinero -real e innegable- del pasado, como si a estas alturas no deberíamos ver alguna mejora concreta de la seguridad, más allá de las bajas que la pandemia generó en los delitos comunes.
Es imperativo recordar que los brotes de violencia en el país no iniciaron en esta administración. El primer brote lo tuvimos entre 2008 y 2011 -siendo este último año el quinto más violento desde que existen registros-.
Tras 3 años de intensa violencia, entre octubre 2011 y marzo 2016 los homicidios mantuvieron un comportamiento consistentemente a la baja. Es en abril de 2016 cuando la escalada de violencia se desata y llega a niveles jamás antes visto.
Rápidamente, 2017 se convirtió en el año más violento de la historia nacional, mismo que fue superado por 2018 y de nuevo por 2019.
En 2020 el número de víctimas de homicidio bajó apenas un 0.4% respecto al peor año de la historia, arrebatándole a 2018 el segundo lugar en el ranking de violencia -posición que podría perder si la tendencia de homicidios de 2021 se mantiene-.
Dicho de otra manera, los resultados presentados por López en el 3er Informe Constitucional de Gobierno y defendidos por Rodríguez en su comparecencia en la Cámara Alta, son falsos.
Por años López nos dijo que él sí sabía combatir la violencia: como opositor criticó la militarización de la seguridad y propuso la misma receta, criticó la corrupción e impunidad y en este gobierno han llegado a máximos históricos. En campaña y transición prometió que desde el primer día de su gobierno el país recuperaría la paz, por más que haya aplazado una y otra vez la fecha donde esto se cristalizaría, lo cierto es que nunca habíamos vivido estos niveles de violencia.
El gobierno que sí sabía hacer todo mejor ha llevado a los ciudadanos a sentirse más inseguros -así como este mismo miércoles 22 de septiembre dio cuenta de ello el INEGI-, el gobierno honesto y valiente ha facilitado el crecimiento de la delincuencia organizada, erosionado a las instituciones, debilitado la gobernabilidad del país, protegido la corrupción y fomentado la impunidad.
El “segundo presidente mejor evaluado del mundo”, según se apostrofó a sí mismo López, dejará al país en condiciones mucho peores de cómo lo recibió y sin gente capaz a su lado, sin escuchar a quien ve aspectos diferentes del fenómeno delictivo a las que él decide ver, López dejará como legado centenares de miles de víctimas de la violencia, a pesar que por años, aseguró que con su gobierno estaríamos mejor.
@frarivasCoL
