El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pusimos en marcha un proyecto que busca combatir con efectividad los delitos en materia de derechos de propiedad.
Dicho esfuerzo, denominado Mesas Intersectoriales sobre Comercio Ilícito, une a la sociedad civil, al sector privado y a las instituciones de seguridad, justicia y regulatorias tales como el propio IMPI, COFEPRIS, el SAT y Aduanas.
Entre las metas propuestas se encuentra describir ciertas prácticas ilícitas que afectan el comercio -tales como la piratería, el contrabando, la extorsión o el robo-, genera inteligencia sobre toda esa red que permite su operación y alcance para así proponer soluciones concretas.
Combatir el problema del comercio ilícito es sumamente complejo ya que requiere eliminar prácticas arraigadas de corrupción e impunidad, resolver la debilidad institucional, reducir el ejercicio de la violencia de los grupos criminales y transformar el desinterés y/o desconocimiento de los consumidores en Cultura de la Legalidad.
Pese a tales dificultades, el beneficio en su combate es enorme: los productos ilícitos pueden dañar gravemente la salud de quien los consume -y en el caso de los productos electrónicos ilícitos, estos ponen en grave riesgo la seguridad digital de las personas-; generan enormes recursos para la delincuencia (mismos que son usados para mantener su poder y dañar a nuestra sociedad); limita la innovación y competitividad; mantiene un sistema de servidores públicos corruptos y genera daños en miles de millones de pesos al erario.
Por ejemplo, la delincuencia organizada actualmente define una parte de la producción agrícola en una gran parte del territorio nacional. A los agricultores les dice qué y cuánto deben producir -donde incluso les puede obligar a usar alguna semilla, fertilizante y plaguicida ilegal y potencialmente nocivo tanto para la salud de quien los consume como para el medio ambiente donde se usan-; les cobra el uso del agua y luego les dice qué precio deben vender, dónde y a quién.
Otra práctica criminal es la de ingresar ilegalmente al mercado (por contrabando o por piratería) productos como los cigarros, las bebidas alcohólicas o los medicamentos, bienes de consumo que no cumplen ni con los requerimientos sanitarios, ni con las normas aduaneras.
El robo a transporte de carga es otro gran recurso para los delincuentes, que una vez que cometieron el crimen lo ingresan al mercado en la absoluta impunidad.
En muchas ocasiones, dichos productos son vendidos por comerciantes amedrentados -que no pueden ni denunciar ni resistirse- y a quienes se les impide comerciar aquellos que sí son legales.
Sobra decir, que la corrupción, el ejercicio de la violencia y la falta de una Cultura de la Legalidad, son el motor que permite todas estas prácticas.
Sin la operación de las redes de corrupción y los actos violentos, en las aduanas y fronteras del país se frenarían muchos productos; en las carreteras se detectaría su distribución; se prevendría el robo a los transportistas; se impediría su venta y se salvaría a tantos productores y comerciantes víctimas de la extorsión.
Si los ciudadanos tuviésemos una mayor conciencia de la importancia de respetar la ley, de pagar impuestos, de rechazar la informalidad, de informarnos acerca de la procedencia de los productos que consumimos, de denunciar los actos ilegales que vemos, es decir tuviéramos una sólida Cultura de la Legalidad, la delincuencia no lograría controlar tantas porciones territoriales del país, ni tanta proporción de la cadena productiva.
Por citar algunos datos, según información del propio IMPI y de las cámaras empresariales, el 60% de ropa y textiles; el 30% de los cigarros; aproximadamente el 20% de las bebidas alcohólicas, de los medicamentos, fertilizantes y plaguicidas que se venden en nuestro país, son ilegales.
Tampoco se salvan los productos cárnicos, enlatados, cosméticos, juguetes o la misma agua potable.
Cada año la evasión fiscal de textiles, bebidas alcohólicas y tabaco supera los 70 mil millones de pesos, impuestos que podrían ser clave para abastecer medicinas, construir y equipar escuelas, mejorar la seguridad pública o tan sólo para mantener los programas sociales.
El reto es claro y la ruta que hemos emprendido parece la correcta, trabajar sociedad civil, sector privado y gobierno en favor de la legalidad, combatir el contrabando, la piratería, la extorsión y el robo a transporte de carga, al tiempo que socializamos la importancia de un consumo consciente y apegado a la legalidad.
Los avances en dicha materia permitirán reducir daños a la salud, delitos, y mejorar la capacidad del Estado de atender las necesidades de nuestra sociedad.