Las desapariciones involuntarias, sean estas forzadas o aquellas cometidas por particulares, son el delito que probablemente encarnan con mayor claridad el conjunto de aspectos disfuncionales de la seguridad, la justicia y legalidad del Estado Mexicano.
Para que este delito pueda ocurrir se requiere de un conjunto de autoridades coludidas con los delincuentes, carentes de supervisión, capacitación, insumos y que no rinden cuentas a la sociedad.
Para que en un país puedan impunemente desaparecer decenas de miles de personas por año se requiere una alta incidencia delictiva, así como una elevada presencia de grupos de delincuencia organizada.
Si en un país se pierde con facilidad el rastro de un menor, una mujer, un hombre, un adulto mayor, significa que el Estado no controla el territorio y que sus políticas públicas dirigidas a atender el tema son insuficientes o absolutamente erróneas.
No obstante, el problema dentro del fenómeno de las despariciones no se limita simplemente a la (in)capacidad de conocer dónde se localiza una víctima potencial de desaparición, el problema incluye todo el proceso. Desde socializar la información de la víctima con el fin de encontrarla; el construir una investigación con el propósito de encontrar a dicho individuo o grupo de personas; hasta el hallazgo de un cuerpo sin vida, darle identidad, informar a las familias, identificar al culpable y permitir a las víctimas indirectas que accedan a la justicia; todas las partes del proceso muestran debilidades sustanciales.
En el estudio Desapariciones forzadas e involuntariasCrisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas, que desde el Observatorio Nacional Ciudadano elaboramos, se destacan las deficiencias generalizadas de los Servicios Médicos Forenses y cómo los colectivos de víctimas han sido una pieza clave para paliar los efectos negativos de las debilidades del sistema y de los actores gubernamentales.
Para entender las capacidades de las instituciones de gobierno -en particular las de los Servicios Médicos Forenses- es indispensable contextualizar cada una de las realidades de cada entidad: su nivel de violencia, el perfil de las víctimas, las condiciones geográficas de la entidad, el modus operandi de las organizaciones criminales que operan en el área y el nivel de relevancia del tema de desaparecidos en la agenda pública del gobierno local.
Para ello es importante recordar que con el paso de los años y en función de cada contexto, las víctimas de desaparición también se han diversificado. Cada vez son más recurrentes los casos en contra de sectores vulnerables (poblaciones indígenas, migrantes o personas de escasos recursos; seguido de personas jóvenes, mujeres, niños, activistas ambientales y profesionistas).
Si por un lado la crisis forense de nuestro país incluye carencias en infraestructura, equipamiento y recursos humanos especializados, por el otro las acciones gubernamentales para atender la problemática de desaparecidos y en especial la crisis forense han resultado tardías e insuficientes.
Si bien de manera reciente, como forma de atender dicha crisis, existe una declaratoria de Mecanismo Extraordinario Forense, en la práctica no se ha registrado un cambio disruptivo en la forma en cómo se identifican cadáveres o restos humanos y se intercambia la información entre los responsables para identificar a los desaparecidos a pesar de que la problemática ha sido documentada por lo menos desde 2015.
La inversión económica que se ha realizado hasta el momento ha servido para incrementar capacidades operativas relacionadas con equipamiento e infraestructura, sin embargo, esta no ha sido suficiente para atender la magnitud de la problemática.
Mientras el Estado exhibe sus debilidades -y omisiones- para investigar los casos de desaparición-, la sociedad civil se fortalece en generar prácticas innovadoras para atender el problema.
En la medida en que el problema de desapariciones ha ido creciendo también lo han hecho el número de colectivos en el país y los actores nacionales e internacionales que se han sumado a la búsqueda de personas.
Los colectivos de víctimas han desarrollado, junto con un pequeño número de especialistas y otras organizaciones, un sistema propio que trabaja de manera paralela a las funciones y responsabilidades del Estado. Este sistema cuenta con procesos, agendas y motivaciones muy particulares, pero que en su único fin tiene la localización de sus familiares.
La participación de los familiares y colectivos de víctimas indirectas ha generado una base de conocimiento clave para la búsqueda en vida y la identificación de aquellos cadáveres encontrados.
Otros actores que han asumido un papel proactivo dentro de los mecanismos de gobernanza son los periodistas y la academia. Su labor ha sido fundamental para incrementar la prioridad en la agenda de gobierno de mecanismos horizontales de participación, congruencia entre el discurso y las acciones para consolidar soluciones colaborativas.
El Estado mexicano reconoce en este 2020 que por lo menos 70 mil personas se encuentran desaparecidas. Son 70 mil víctimas directas y centenares de miles de víctimas indirectas que viven los estragos de la violencia en nuestro país, que por cuarto año consecutivo romperá el récord del año más violento de nuestra historia.
Es responsabilidad de los gobiernos generar una política pública que inhiba la ocurrencia de este delito y que dé acceso a la justicia a las víctimas indirectas. El Estado no puede descansar sobre el trabajo de aquellos que, motivados por el dolor, resuelven las incompetencias de las autoridades.
El estudio Desapariciones forzadas e involuntariasCrisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas, busca reconocer el trabajo de los colectivos y ser un insumo clave para incidir en política que ponga al centro los derechos de las víctimas, la prevención y la justicia.
@frarivasCoL
