El pasado 4 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció que se estaban tomando las acciones necesarias para crear la Coordinación Nacional Antihomicidio con el fin de perseguir y sancionar este delito.
En junio pasado, de manera similar, el secretario de Gobernación propuso la creación de la Comisión Nacional anti Extorsión.
En ambos casos, las propuestas prevén que dichas coordinaciones estén adscritas a la SSPC y se integren por las áreas operativas de la Guardia Nacional.
Estas declaraciones sorprenden si consideramos que con ello el gobierno federal:
1. Contradice la narrativa de “abrazo -y librazos-, no balazos”, al impulsar acciones desde las áreas reactivas de la Guardia Nacional, así como contradice su discurso de que tanto el homicidio como los otros delitos, van a la baja.
2. En el caso de la propuesta del secretario de Gobernación, sorprende que plantee crear una institución que ya existe. En 2013 se creó la CONASE, la Coordinación Nacional Anti Secuestro y Extorsión, que hoy depende de la SSPC.
3. Que defina como “Coordinaciones” dependencias que serán cuerpos operativos de la Guardia Nacional y omita el punto clave de una coordinación: generar las condiciones para que las fuerzas federales trabajen eficazmente de manera interinstitucional.
4. Que presenten como novedosa y propia una idea que desde 2018 se les propuso desde la sociedad civil y que fue rechazada por el mismo presidente.
En 2018 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) elaboramos un Brief de política pública para el cual se consultaron a especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de brindar propuestas al nuevo gobierno -resultase quien resultase vencedor-.
Dicho documento incluía la creación de una Coordinación Nacional de Delitos de Alto Impacto que tomase como base la experiencia de la CONASE, corrigiese sus deficiencias y la escalase a los delitos que más afectan la gobernanza: el homicidio doloso; la violencia de género; el robo de vehículo; el robo a transporte de carga; el narcomenudeo; el tráfico y comercio ilícito de armas; el tráfico y la trata de personas; los ciberdelitos y, obviamente, el secuestro y la extorsión en todas sus modalidades.
La idea era generar un organismo que (1) concentrase la inteligencia sobre estos delitos, analizase las interconexiones entre ellos, los grupos delictivos preponderantes y los perfiles victimarios para (2) activar operativos conjuntos entre áreas, instituciones y gobiernos; (3) diese seguimiento a la ruta del dinero y los sistemas de lavado de activos de la delincuencia; (4) contase con un área de desarrollo tecnológico para resolver las carencias locales y federal, generando ahorros considerables para las instituciones de seguridad y justicia; (5) diese un apoyo específico a las instituciones para la judicialización de las carpetas de investigación y (6) generase una robusta área de atención a las víctimas.
El documento incluía otras acciones dirigidas a la prevención del delito, de la violencia social, del sistema penitenciario, así como las reformas normativas que el nuevo gobierno debía impulsar para mejorar el combate a los delitos y qué recursos económicos destinar a cada uno de los rubros.
En aquel entonces varias organizaciones de la sociedad civil impulsamos encuentros con los candidatos a la presidencia, el único candidato que nunca se sentó a dialogar con la sociedad civil fue el actual presidente López.
En dichos encuentros aprovechamos para entregar a cada uno de los candidatos nuestro documento. En el caso de López se lo hicimos llegar por medio de Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora, quien en campaña fungió como el representante del tema de seguridad y luego fue el primer secretario de SPC de este gobierno.
Durante la transición participamos en los Foros de Escucha y aprovechamos para compartir este relevante documento, mismo que de nuevo fue recibido e ignorado.
Por último, como Invitado Permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 8 de julio de 2019, le entregué en sus manos al presidente López, el Brief y ofrecí donarle todo lo necesario para cristalizar las propuestas plasmadas en dicho documento.
El presidente López simplemente me dijo que no le interesaba escucharnos.
Quien desee conocer el contenido del documento lo puede encontrar en nuestra página:
Donde se encuentra a disposición de autoridades y ciudadanos desde 2019.
En el ONC buscamos ayudar a que este sea un país donde los derechos individuales y colectivos se respeten, las personas podamos vivir seguras y en caso de ser víctimas de un ilícito, existan autoridades capaces y dispuestas a darnos acceso a la justicia.
Nunca hemos recibido un peso de algún gobierno nacional, nunca hemos dejado que nos paguen viáticos, comidas u hoteles, todo el trabajo que hemos hecho ha sido totalmente donado a los gobiernos de nuestro país.
Por ello, y dado que no implicaba algún costo -es más, significaba ahorros para su gobierno-, nos sorprendió que López ni siquiera estuviese dispuesto a escuchar y debatir ideas.
Quienes señalamos los errores y levantamos la voz en contra de las ineficiencias de los gobiernos de Calderón, Peña y muchos gobiernos locales, sabemos que las propuestas que vienen de la sociedad civil frecuentemente incomodan y otras se aceptan a regañadientes.
Sin embargo, es mucho más lamentable que este gobierno federal esté absolutamente cerrado a dialogar y colaborar con la sociedad civil.
Si López o sus funcionarios hubiesen escuchado a los colectivos de víctimas y a la sociedad civil no se hubieran perdido 4 años para proponer acciones que hubiesen podido resolver la terrible violencia que vivimos en nuestro país.
Este gobierno tiró a la basura 4 años en los cuales se hubiesen podido salvar centenares de miles de vidas, reducir millones de delitos y evitar que este sea el sexenio más violento de la historia.
En contraste, López decidió recortar recursos para la seguridad, desmantelar instituciones, abandonar a los gobiernos de oposición, impulsar la demagogia, permitir el crecimiento de la delincuencia y callar a la sociedad civil.
López perdió 4 años y los mexicanos perdimos mucho más.
Anhelo que la idea de estas Coordinaciones se cristalice y sean exitosas por el bien de todos nosotros, aunque debo ser sincero y admitir que dudo que a estas alturas el gobierno federal logre algo, tanto por la complejidad del momento que vivimos como por su incapacidad de escuchar y revisar los logros y yerros del pasado.
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