Hace pocos días me reuní con periodistas de la fuente extranjera, profesionales de la comunicación que representan a medios estadounidenses y europeos en nuestro país. El motivo era solicitarme un análisis objetivo acerca de lo que pasa en nuestro país en materia de seguridad.
Las dudas giraron en torno a las estadísticas de incidencia delictiva, a cómo esta contrasta con los hechos violentos que ocurren, a cómo ha evolucionado la percepción ciudadana en torno a la seguridad, a diferencia de la autocomplacencia de la postura oficial sobre el tema.
En otras palabras, los comunicadores trataban de entender si en México la situación ha mejorado, empeorado o sigue igual en los últimos años y por qué parece no haber consistencia entre lo que unos y otros afirman en dicha materia.
La conversación giró en torno a casos particulares de nuestro país, que suelen ser muy diferentes a lo que ocurren en los suyos.
Es entendible tal desconcierto, ante el galimatías de información en torno a este tema ya que los datos, los hechos que ocurren a diario, la apreciación ciudadana y la postura oficial, parecen describir no uno, sino muchos países diferentes.
Por ejemplo, analicemos lo ocurrido este último fin de semana, mientras la presidenta de la República celebraba los 7 años en el poder de su partido y presumía mejoras en seguridad, en diversas entidades se consumaron masacres y graves hechos violentos.
Tales contrates se mantienen si se analizan los datos sobre seguridad, mientras que las fuentes abiertas expresan el crecimiento de delitos y violencia, las bases de datos oficiales de incidencia delictiva exhiben una baja generalizada y consistente de prácticamente todos los delitos.
Tal complejidad se agudiza si analizamos la opinión pública en dicho rubro. Parecería que la percepción ciudadana, las declaraciones de las cámaras empresariales, los comentarios de los servidores públicos y la postura oficial de las altas autoridades, describen realidades completamente diferentes.
Tanto los hallazgos de la Encuesta De Seguridad Urbana del INEGI, como las conversaciones comunes manifiestan que en el último año ha empeorado la percepción ciudadana sobre seguridad.
La experiencia del ciudadano de a pie en torno a los robos -con y sin violencia-, las extorsiones, las lesiones dolosas y muchos otros delitos que afectan a nuestra sociedad confirman que la mayoría de los ciudadanos nos sentimos inseguros y consideramos este como el principal problema del país.
Por su parte, los empresarios y sus cámaras mantienen posiciones muy contrastantes entre sí. Mientras que por un lado los individuos se quejan de la delincuencia y lamentan el abandono por parte de las autoridades, las cámaras aplauden los supuestos grandes avances en reducción de los delitos.
Tal inconsistencia de expresiones también se observa entre los servidores públicos. Mientras que los policías, los ministerios públicos, peritos y administrativos lamentan la falta de recursos, la ineficiencia y corrupción de sus mandos; los altos funcionarios insisten en que las cosas van muy bien.
Es decir, parece que hay muchos Méxicos en materia de seguridad, desde el México en el que vivimos los ciudadanos -víctimas de la violencia-, hasta el de las autoridades, donde los hechos violentos son casos extraordinarios que nada tienen que ver con las políticas que ellos mismos han impulsado. En cada uno de esos Méxicos, depende quiénes somos y qué rol desempeñamos en la sociedad.
Para un observador extranjero resulta difícil entender tal escenario, como ya lo comenté, si bien en cualquier lugar del mundo es normal cierta diferencia de percepciones entre cada actor social, hay pocos lugares en el mundo, como es nuestro caso, donde, dependiendo de la fuente que se analiza, la evaluación final arroje resultados tan diferentes.
Más allá de posturas y con el objetivo de responder objetivamente a los cuestionamientos, sí hay algunas mejoras en materia de incidencia delictiva que están lejos de ser una evidencia que ahora sí las cosas van bien.
Es probable que parte de los delitos hayan disminuido, no por ello podemos afirmar que hemos recuperado parte del control territorial que ciertos grupos criminales tienen.
Es positivo que algunos procesos y políticas públicas hayan aumentado los productos ilícitos decomisados, no por ello la delincuencia organizada es menos fuerte.
Es cierto que hoy contamos con expertos al frente de las áreas federales de seguridad aun cuando ello no aminora la gravedad de los hechos delictivos que subsisten ni mitiga el abandono a las víctimas.
En otras palabras, algunas posibles mejoras en seguridad no son suficientes para poder confiar en que ahora sí emprendimos la pacificación del país, sin importar cuán disonantes son los mensajes y declaraciones que se quieren imponer a la sociedad.