A partir del cierre de la jornada electoral del pasado 6 de junio, medios de comunicación y opinión pública redirigieron su atención al tema de seguridad en el país.
Desde el inicio de esta administración y particularmente desde el comienzo de la actual pandemia, los temas de seguridad quedaron en segundo término. Las más de 235 mil muertes por COVID-19, según reporta el gobierno federal, invisibilizaron en parte, las 88,841 víctimas de homicidio doloso -de las cuales 2,471 son por feminicidio-, las 21,575 de extorsión, las 628,143 carpetas de investigación por robo con violencia y las más de 83 mil personas desaparecidas, así como a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde el inicio de esta administración.
En las últimas cuatro semanas los homicidios múltiples en Chiapas, Michoacán, San Luís Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y el importante crecimiento de delitos comunes a lo largo del país, han generado en ciudadanos y medios de comunicación la percepción de una cada vez menor gobernabilidad en México.
Un cuestionamiento valido que es rechazado por el presidente y su gobierno. Mientras vemos crecer delitos y violencia, López habla de porcentajes de descensos que no corresponden ni siquiera a los números oficiales que presenta su administración; mientras López festeja la disminución de delitos federales, hay evidencia de un repliegue y una falta de acción de las fuerzas federales y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por ejemplo, al tiempo que aumenta el narcotráfico, el aseguramiento de drogas por parte de las fuerzas federales disminuyó en un 74 y un 89% si comparamos respectivamente los dos primeros años de esta administración con el mismo periodo de Peña y Calderón.
De manera similar, pese a la creciente venta de productos apócrifos -algunos particularmente nocivos para la salud-, sustancias prohibidas o que ingresaron ilegalmente al país, no sólo la FGR ha dejado de asegurarlos y destruirlos, sino que el presidente promete venderlos baratos en los Tianguis del Bienestar.
Mientras el gobierno federal usa a la Guardia Nacional para reprimir la migración indocumentada, los grupos de delincuencia dedicados al tráfico y/o trata de personas, siguen operando impunemente.
Pese a que año tras año aumentan las violaciones a los derechos humanos, la tortura y las desapariciones por parte de las fuerzas federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la FGR solapan la absoluta impunidad.
De cada 100 delitos que se cometen en el país en promedio, apenas siete se investigan y menos de uno es el que recibe una adecuada sanción. Nada ha mejorado, ni siquiera con la llegada de un gobierno y un presidente que abanderó el combate a la impunidad y la corrupción en todas sus campañas.
La evidencia la encontramos al analizar los resultados de las encuestas de victimización de 2010 a la fecha elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los que se evidencia que la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados o no investigados, no ha variado sustancialmente en los últimos 10 años.
De manera similar las tasas de justicia, es decir, la proporción de sentencias condenatorias respecto a las investigaciones iniciadas, muestra que la impunidad en México ha sido y sigue siendo superior al 90% de los casos.
México no podrá ser un país seguro y justo si el gobierno no genera las condiciones para prevenir los delitos, reacciona prontamente a ellos, investiga con apego a la ley y con independencia a presuntos e imputados, vigila por una objetiva impartición de justicia y logra una adecuada reinserción en la sociedad para quienes purgaron una sentencia.
Esto se construye con estrategias, colaboración, una fuerte inversión de recursos, supervisión, transparencia y rendición de cuentas.
En contraste el repliegue de las fuerzas federales, la destrucción institucional, los recortes sin sustento a la materia y los llamados a “que los delincuentes se porten bien”, sólo permitirán el fortalecimiento de los grupos delictivos y el debilitamiento de un ya endeble Estado de Derecho.
Tampoco los miles de millones de pesos que el gobierno otorga a ciertos grupos sociales mejorarán las actuales condiciones de seguridad del país. Dar dinero bajo dudosos supuestos de correlación entre pobreza y delincuencia, sin un claro programa de desarrollo social, simplemente no funcionan -y hacen suponer a intereses políticos más que al interés de la sociedad-.
De la misma manera, habrá menos justicia si se persiste en hacer un uso faccioso de las instituciones en contra de adversarios personales y políticos como sucedió en el caso de la Universidad de las Américas Puebla o del ex secretario de Economía de Peña, Ildefonso Guajardo. En ambos casos es oportuno investigar y si hay sanciones aplicarlas conforme a ley.
Lo que llama la atención es cómo actuó el Estado en dichos casos, en el primero con un excesivo uso de la fuerza en contra de enemigos personales del fiscal general Gertz y en el segundo, con una publicidad inusual, en contra de un adversario político del presidente López.
Todo ello ocurre cuando nadie investiga las graves acusaciones contra los gobernadores electos de Michoacan, San Luís Potosí y Sonora, por enriquecimientos ilícito y colusión con narcotraficantes o a los hermanos del presidente, ambos captados en videos recibiendo dinero, fruto de la corrupción.
En resumen, el país pasa por una crisis de gobernabilidad, crecen delitos, violencia e impunidad, mientras el gobierno federal sigue sin rumbo en materia de seguridad, usa al aparato de justicia como instrumento de vendetta personal, permite la corrupción de amigos y parientes y miente acerca de los resultados de seguridad.
Director general del Obsrvatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
