El pasado miércoles 4 de mayo el Congreso del Estado de Durango aprobó una serie de reformas a varios artículos de su Constitución para garantizar el Derecho a la Paz de sus ciudadanos.
Debemos reconocer al Congreso local por haber aprobado por unanimidad y en tiempo récord dicha reforma constitucional, al gobernador Rosas Aispuro por haber proclamado la ley ese mismo día y, más que a nadie, al Observatorio Ciudadano de Durango (OD), liderado por Elier Flores, por haber impulsado y construido dicha propuesta y acuerdos.
El OD, parte de la Red Nacional de Observatorios del Observatorio Nacional Ciudadano, sumó a universidades, grupos sociales, partidos políticos y autoridades en un compromiso por establecer políticas públicas que garanticen la integridad física y psicológica de los duranguenses, su acceso a la salud, a la educación, a trabajos dignos bien remunerados, a la seguridad pública y a la justicia.
Este gran esfuerzo ciudadano catapultó a la vanguardia a Durango a nivel nacional e internacional (existen sólo 2 antecedentes en el mundo donde se reconozca el Derecho a la Paz -en Japón y Colombia-); lo arduo es lo que sigue.
Hablar de paz es fácil, ajustar normas, construir políticas públicas, fortalecer instituciones, capacitar funcionarios, socializar objetivos y conceptos, generar indicadores, medir objetivamente, rendir cuentas, ajustar errores y sancionar las faltas es sumamente difícil.
Para garantizar la integridad física y psicológica de los ciudadanos se requieren políticas públicas de seguridad que desarticulen bandas y grupos criminales, que sancionen a delincuentes, limpien instituciones y construyan las competencias necesarias para que cada caso sea debidamente perseguido y sancionado en pleno apego a la norma, permita el acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas, así como una eficaz reinserción social.
Asimismo, se necesita de un trabajo profundo con los otros actores sociales para erradicar la violencia que ocurre en casa, en el trabajo, en la escuela, en las colonias, en las calles de las ciudades.
Vivir en paz significa no temer a nuestra pareja, familia, conocidos, colegas, jefes, maestros, autoridades o desconocidos.
Vivir en paz significa saber que ante una discusión, un conflicto, contemos con reguladores sociales que limitan los efectos adversos de dicha dificultad y que, de ser necesario, existen autoridades capaces de mediar, resolver, hacer cumplir la ley.
Durango tiene un gran trabajo por delante que incluye construir políticas públicas, obtener los recursos necesarios, implementar acciones y garantizar la continuidad de las mismas de cara al próximo cambio de gobierno.
Si lo logran habrán sentado un antecedente que ningún gobierno en el país ha logrado.
Tan sólo pensemos cómo la retórica oficial ha repetido la frase “pacificar al país” como mantra, sin haber logrado resultados tangibles.
Tomemos como ejemplo los planes nacionales de desarrollo de los últimos 3 gobierno federales:
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 en el Eje 1 “Estado de Derecho y Seguridad”, se habla en reiteradas ocasiones que el fin de promover un sólido Estado de Derecho y una Cultura de la Legalidad, es garantizar que los mexicanos vivamos en paz.
En el PND 2013-2018 el primer eje se denominó precisamente “México en Paz”, el documento afirma que la gobernabilidad democrática, la prevención del delito, la estricta aplicación de la ley y el acceso a la justicia garantizarían la paz en el país.
En el actual PND 2019-2024 el concepto de Paz se repite muchas más veces que en los anteriores planes juntos.
Tanto en la presentación del documento, como en la descripción del Cambio de paradigma en seguridad -donde se critica arduamente las decisiones de Calderón y Peña por el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad y el endurecimiento de las penas- la palabra paz aparece una y otra vez.
Pese a todo ello podemos afirmar que:
1. Ningún gobierno logró condiciones de seguridad equiparables al resto de países de la OCDE.
2. Si bien entre 2011 y 2016 hubo una sustancial baja en la tasa de homicidios dolosos, aumentó la dispersión territorial de los delitos, otros presentaron aumentos significativos -como feminicidio, secuestro, extorsión o trata de personas- y surgieron nuevos delitos.
3. El acceso a la justicia, la atención a las víctimas han sido una mera aspiración.
4. En particular por lo que refiere al actual gobierno, se centró en la total militarización de la seguridad, con el consecuente aumento a niveles récord de violaciones graves de los derechos humanos, tortura y desapariciones forzadas; puso en marcha una contra reforma judicial que endurece penas, viola derechos y aumentó la impunidad; ha sostenido la corrupción de sus funcionarios -particularmente del Fiscal General- y ha impedido toda procuración de justicia apegada a derecho; ha debilitado a niveles sin antecedentes a fiscalías y policías locales -particularmente aquellas gobernadas por partidos de oposición-.
Pese a tantas declaraciones en favor de la paz, los niveles de violencia se encuentran en máximos históricos: si en todo el sexenio de Calderón hubo 102,859 homicidios dolosos y en el de Peña 125,807, en los primeros 40 meses de la actual administración se han registrado 98,407 casos que corresponden a 117 mil víctimas de homicidio doloso.
De igual manera, si en 6 años del gobierno de Calderón 16,902 personas desaparecieron y en el de Peña 35,079, en este gobierno han desaparecido más de 58 mil personas.
Lo mismo ocurre por lo que refiere a los delitos de género, desde el inicio de esta administración cada año ha sido el de mayor tasa de feminicidios, violaciones, violencia familiar, trata de personas, lesiones dolosas, secuestros y extorsiones de mujeres.
Insisto, hablar de paz es fácil y nadie se atrevería a llamarlo innecesario, lo difícil es transformar aspiraciones en acciones y cumplimiento pleno de los derechos individuales y colectivos.
Si no hemos logrado que las aspiraciones se vuelvan realidad es porque todos los gobiernos terminan olvidando que la seguridad se construye de abajo para arriba y se lidera desde lo nacional a lo local; que la ley se debe aplicar siempre, sin distingos, filias o fobias; que para lograrlo se debe actuar empezando desde uno mismo; que se debe evaluar objetivamente y asumir las responsabilidades y que para ello se requiere visión de largo plazo, recursos y compromiso que trasciendan personas y gobiernos.
¡Enhorabuena por los duranguenses! ¡Felicidades al Observatorio Ciudadano de Durango! Que este hito sea un ejemplo de que construir paz es posible y no simplemente palabras para la campaña y los discursos vacíos de autoridades.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
