En 2 semanas terminará 2025, un año marcado por una espesa agenda en materia de seguridad.
Al cierre de este, su primer año, el gobierno federal presume la disminución marcada de los homicidios, secuestros y robos. También puede alardear de haber logrado más detenciones, decomisos y aseguramientos que aquellos que se realizaron en todo el sexenio pasado.
Los aciertos y logros del gobierno de la presidenta Sheinbaum incluyen la definición del equipo de seguridad, el apoyo que ha dado al responsable de dicha política -Omar García-; el empuje para combatir a los grupos criminales y el combate al huachicol fiscal.
Acciones y resultados clave en la búsqueda de recuperar la paz para el país.
Sin embargo y pese a lo positivo, queda claro que a lo largo del territorio nacional seguimos sumidos en una profunda crisis de gobernabilidad: en entidades como Sinaloa, Sonora o Michoacán -por citar algunas- sobran los hechos violentos; la extorsión, las desapariciones de personas y el narcomenudeo se encuentran en máximos históricos; subsiste un creciente reclutamiento forzado de jóvenes a la delincuencia -y por ende el surgimiento de campos de adiestramiento y exterminio-; casos como el del estadio Akron en Guadalajara corroboran que nuestro país es una enorme fosa clandestina; hay un aumento relevante de la percepción ciudadana de inseguridad y parece casi imposible reducir la impunidad en torno a los delitos que se cometen en México.
Es decir, si bien hay datos favorables en la estadística nacional de delitos y hemos podido ver acciones relevantes para combatir la ilegalidad, estamos lejos de vivir en un país seguro.
Por ello es natural preguntarnos qué falla ¿por qué tras dos décadas de violencia no logramos ser un país donde salir a la calle sea seguro, donde podamos iniciar una actividad comercial sin preocuparnos de la delincuencia? Por dos principales motivos, instituciones débiles y mucha -muchísima- corrupción.
Tomemos como ejemplo el caso de Sinaloa, una entidad que lleva más de un año en condición crítica pese a la implementación de un plan emergente para la entidad.
Según datos oficiales, si comparamos el periodo enero-octubre de 2024 contra el mismo periodo de 2025, el homicidio doloso creció 108%; el feminicidio 138%; la desaparición de personas 56%; el secuestro 32%; la extorsión 13%; el robo con violencia 105%; el robo de vehículo 98%; el robo a negocio 27%; el robo en transporte público 21%; el narcomenudeo 79% y las lesiones dolosas 8%.
Tal situación ha llevado a una transformación de usos y costumbres sociales que ha obligado a los sinaloenses a resguardarse en su casa a más tardar a las 6 de la tarde con el consecuente colapso de la economía local.
El envío de miles de efectivos y las frecuentes sesiones del gabinete de seguridad que se llevan a cabo en la entidad, no han logrado mitigar la violencia que la guerra intestina al Cártel de Sinaloa ha desatado.
¿Por qué pese a tanto esfuerzo Sinaloa sigue en un estado de guerra? Porque la debilidad institucional confluye con una criminalidad capaz de someter y corromper a muchas autoridades.
La operación de fuerzas federales no subsana ni podrá subsanar lo que las policías y la fiscalía local no logran -o no quieren- hacer. Es imposible armar operativos exitosos y perseguir delitos, si desde el poder político se protege a los delincuentes.
Sinaloa debe servir de ejemplo para las otras políticas públicas focalizadas que el gobierno ha puesto en marcha. Políticas como la de pacificar a Michoacán, las de combatir las desapariciones de personas y la de combate a la extorsión.
Todas ellas son planes bien estructurados, pertinentes y podrían ser alcanzables con instituciones sólidas y libres de corrupción.
Por ello el primer paso debe ser perseguir y sancionar a los cómplices de los delincuentes, sean quienes estos sean.
Se deben destinar los recursos necesarios. Si no se contempla crecer el estado de fuerza local de las policías y fiscalías de todo el país; si no se planea capacitarlas y equiparlas adecuadamente y si no se plantea pagarles y tratarles justamente; toda posible reducción de los delitos estará condenada a ser momentánea y fugaz.
De igual manera, si a la par no se construyen políticas sociales sustentadas en evidencia para reducir el consumo de sustancias, para inhibir la violencia social y para incentivar la permanencia en los estudios escolares o el trabajo formal, el trabajo de los profesionales de seguridad estará destinado al fracaso.
En 2025 vimos a un gobierno federal coordinarse con seriedad para combatir los delitos, vimos la reducción de algunos delitos y la persecución de otros. También vimos magnicidios, atentados, violencia extrema y el crecimiento de otros crímenes.
Trabajemos todos para desde nuestra trinchera contribuir a que en 2026 México recupere la paz.