Combatir la corrupción

Francisco Rivas

A los mexicanos nos queda claro que los niveles de corrupción que tenemos en nuestro país han limitado el desarrollo social y económico tanto a nivel nacional, como a nivel personal.

La corrupción es tan cercana a la vida de cada uno de nosotros que sobran dichos populares y expresiones para referirnos tanto a la extorsión que solicita una autoridad para no sancionarnos, como para evidenciar la red de personas y acciones que se necesita para que este delito prospere.

El presidente López entendió muy bien que los niveles de aceptación social de la corrupción habían llegado a un mínimo histórico, supo capitalizarlo y construir su plataforma sobre el enojo generado por décadas de corrupción sistemática y cínica de funcionarios y gobernantes.

En años de presencia en la política nacional López ha mandado un mensaje constante, todos son corruptos -menos yo- y por eso la economía no crece, todos son corruptos -menos yo- y por eso la violencia aumenta.

En efecto, en los más de 20 años que López ha sido protagonista de la política nacional, no se le ha podido probar un sólo acto directo de corrupción, si bien en su círculo cercano haya habido ejemplos concretos por este delito.

Gracias a su discurso, su forma de comunicar cercana a las masas, su presencia constante en todo el país, López ha sido el presidente con los mayores niveles de aprobación de las últimas décadas, recordemos que en marzo de 2019 contaba con un nivel de aprobación social del 78% y sólo un 18% lo desaprobaba.

A un año de ser el presidente que generaba mayor confianza, las cosas parecen estar cambiando, según los datos actualizados de la aprobación presidencial publicados este lunes 2 de marzo por el periódico Reforma, esta disminuyó en su mayor nivel desde el inicio de su gobierno, llegando a un 59% de aprobación, contra un 35% que lo desaprueba.

López sigue siendo un presidente que genera confianza en la gran mayoría de los mexicanos, no obstante, los temas que han afectado esta luna de miel son dos: la seguridad -donde más del 60% de los encuestados no ve resultados- y la economía -donde el porcentaje de insatisfacción ronda el 50%-.

Es entendible que el estancamiento económico y la contracción del PIB, así como que 2019 haya cerrado como el año con la mayor tasa de homicidio doloso, feminicidio, robo a negocio, trata de personas y narcomenudeo desde que estos se registran; el segundo peor año en materia de extorsión; el tercer en violación; el quinto peor en robo con violencia y el octavo peor en materia de secuestro y de robo a transeúnte y que en 2020 la violencia parece recrudecerse aún más, sean factores que afectan la aprobación de este presidente y de su gobierno.

Si los mexicanos ven falta de resultados para atender la crisis económica y de seguridad, el 50% de los encuestados ve resultados en el combate a la corrupción.

¿Hay menos corrupción en nuestro país? Varias encuestas señalan que el ciudadano la percibe menos en cuanto a lo que se refiere al gobierno federal. Sin embargo, no hay evidencia de sanciones a actores pasados o presentes de la corrupción, no hay evidencia que se hayan liberado los miles de millones de pesos que el presidente en campaña aseguraba que eran desviados para sostener la red de corruptos; tampoco hay evidencia que el Estado sea más eficaz o eficiente en cumplir con su función.

Si el ciudadano promedio considera positivo el desempeño de esta administración en esta materia, probablemente se deba más a los dichos del presidente que a los hechos de su gobierno.

Pese a que todos los días el presidente habla del tema, en todo el 2019 la Fiscalía General de la República no obtuvo ninguna sentencia condenatoria por este o por algún otro delito. Dicho de otra manera, no hay nadie que en este momento esté purgando una sentencia condenatoria por corrupción aun cuando el presidente la define como prioridad de su gobierno.

Además, si por años en nuestro país se trabajó en sistemas -más o menos exitosos- que hubiesen coadyuvado para otorgar contratos a empresas que hubieran cumplido con lo establecido en ley y garantizado los niveles de calidad adecuados y fuesen mayormente auditables ¿por qué esta administración decidió entregar contratos con base en criterios individuales y menos transparentes?

Sabemos que en el primer año de esta administración tres cuartas partes de los contratos se otorgaron de manera directa y no a través de una licitación. De las empresas que recibieron contratos federales -según da a conocer una investigación realizada por Quinto Elemento Lab-, por lo menos 171 fueron creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, es decir, son nuevas por lo que no es posible que pudiesen comprobar experiencia y calidad según los requisitos del gobierno federal y que aun así recibieron contratos globales por 366 millones de pesos.

Lo cierto es que en varios sectores el Estado se ha vuelto menos eficaz y eficiente, siendo el sector salud donde es más evidente que las decisiones mal tomadas llevan a malos resultados, sin que nadie haya sido sancionado por la tan mencionada corrupción.

Si el actual gobierno quiere ser serio y efectivo en combatir la corrupción necesita trabajar de manera transparente y cumplir los requisitos de ley -no se vale saltarse los trámites bajo la bandera de nosotros no somos corruptos créannos-; crecer las capacidades de investigación de las áreas internas de control y darles la suficiente independencia para armar casos que exhiban las prácticas corruptas -y no proteger a los amigos del presidente como en el caso del titular de la CFE-; se requiere crecer en por lo menos un 200% los recursos destinados a la procuración de justicia con el fin de contar con mayor personal, más capacitado, con más tecnología para poder judicializar los casos de manera exitosa -y no recortar sin criterio aumentando la crisis de impunidad del país-; se requiere nombrar a funcionarios con base en criterios objetivos, que muestren capacidad e independencia para cumplir su función -y no a amigos que muestran sumisión al poder y exhiben desconocimiento-; se necesita recuperar la rectoría del sistema penitenciario para que quien haya cometido un acto de corrupción purgue una sentencia y sea reinsertado en sociedad.

El presidente ha insistido que “el día que los mexicanos ya no lo quiera va a llorar y se va a retirar”, la falta de resultados en desarrollo económico para el país, la crisis del sector salud, el aumento constante de la violencia y la falta de resultados reales en combatir la corrupción pueden llevar a que en 2021 veamos la aprobación de este gobierno en niveles de la pasada administración, la menos aprobada en por lo menos 40 años, habrá que ver si cuando esto suceda cumplirá su palabra o si echará mano de “otros datos”.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

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