La semana pasada, en el marco del Operativo Enjambre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a varios servidores públicos que aprovechaban de su cargo para extorsionar a empresarios y ciudadanos.
El arresto más relevante fue el de Diego Rivera, quien ostentaba el cargo de Presidente Municipal de Tequila, Jalisco.
El alcalde morenista se hizo famoso por una serie de violaciones a la norma jurídica que fueron de un cinismo absoluto.
Rivera en repetidas ocasiones afirmó ser “hombre del Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; (CJNG); pese a que su propio partido impulsó la prohibición de música que hiciese apología del delito, promovió un concierto de narcocorridos donde se enaltecía al CJNG; se apropió del Museo del Tequila para vivir y despachar desde ahí; extorsionó a empresas y actividades comerciales alegando aumentos de predial y multas no pagadas -incluso clausuró a la mayor empresa tequilera del país, Cuervo- y secuestró y amenazó a personajes políticos de su propio partido político, todo ello en apenas un año y medio, desde que se instaló en el cargo.
Las detenciones de la semana pasada son al mismo tiempo un importante golpe de la SSPC al sistema que permite la extorsión como una evidencia más que estamos lejos de haber erradicado la corrupción y que existe una profunda penetración de la delincuencia organizada en la vida política nacional.
Si bien el Operativo Enjambre nace como un ejercicio específico de combate a la extorsión, ha resultado ser una exitosa política de combate a la corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos.
Sin embargo, nada indica que el caso de Rivera sea un hecho aislado o que exista una manera de prevenirlo. Por ello estamos obligados a preguntarnos cómo prevenir que otro “hombre del Mencho” llegue a presidir algún municipio, gobernar una entidad, administre justicia u ostente una curul en el legislativo.
Debemos cuestionar a las autoridades y partidos sobre su actuar y su lógica de designación de candidatos, pero sobre todo, debemos preguntarnos cuántas autoridades que están coludidos con los cárteles gozan de impunidad.
Tomemos como ejemplo las investigaciones que desde los Estados Unidos (EEUU) se han filtrado en contra de por lo menos 5 gobernadores y un importante legislador, ex Secretario de Gobernación morenista. Mientras en los EEUU se les señala y sanciona con revocarle sus visas, en México aparentemente se les protege.
De cara a la reforma electoral propuesta por el oficialismo sería importante contemplar mecanismos mucho más efectivos para prevenir que alguien ligado a un grupo delictivo contienda por un cargo de elección popular. En tal sentido, se pueden tomar como inspiración las experiencias de Europa y Asia.
Por ejemplo, las leyes antimafia de Italia contemplan una serie de responsabilidades de la magistratura y del Ministerio del Interior para que no “se cuele” algún candidato de la Mafia, Camorra o ‘Ndrangheta.
Lamentablemente, en la actual discusión pública no parece que haya interés en el tema.
Desde 2015 en el Observatorio Nacional Ciudadano hemos publicado y denunciado cómo ha sido cada vez más evidente la participación de los grupos delictivos en los procesos electorales, qué mecanismos de coerción han usado y la pobre respuesta que las instituciones han dado. Pese a lo anterior y al trabajo de muchas otras organizaciones, comunicadores e incluso autoridades, nada se ha avanzado.
Si no queremos repetir casos como el de Diego Rivera en Tequila, urge que el Estado Mexicano implemente plenamente las normas que permiten fiscalizar los gastos de campaña, el origen de los recursos, los posibles conflictos de intereses y los nexos riesgosos de los candidatos.
Asimismo, es necesario que cambie la lógica de elección de sus candidatos por parte de las fuerzas políticas -que propongan a personas capaces e íntegras, interesadas en bien gobernar y bien legislar-.
México pasa por una profunda crisis de violencia y corrupción que año con año ha empeorado. Es responsabilidad de nuestras autoridades reducir el control territorial de la delincuencia, garantizar la seguridad de los ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho.
Nada de ello es posible si no se rompe la conexión entre política y delincuencia organizada, si no se garantiza que quien gobierna, quien legisla y quien administra justicia sean personas honestas, dispuestas a servirle al país y no a intereses corruptos.