Según datos oficiales, de enero a mayo de 2020 por lo menos 15,011 personas perdieron la vida en un hecho delictivo, un 2.96% más que en 2019.
Tras un 2019 que difícilmente podía ser rebasado en términos de violencia y delincuencia —recordemos que no sólo fue el año con la mayor tasa de homicidios dolosos de la historia del país, sino que también fue el peor año en feminicidios, robo con violencia, trata de personas, narcomenudeo, violencia familiar, el segundo peor en extorsión, tercero peor en violaciones, quinto peor en secuestro y robo con violencia y octavo peor en robo a transeúnte—, este año la violencia sigue creciendo.
Pese a ello, el gobierno federal intenta persuadir a la opinión pública de mejoras; tan sólo el pasado viernes 19 de junio, el secretario Durazo y el presidente López en la acostumbrada conferencia matutina, insistieron en que han logrado contener la violencia.
Dichas declaraciones son falsas, los datos oficiales muestran que el gobierno federal no ha logrado contener los efectos de la delincuencia y todo apunta a que 2020 será aún peor que 2019.
Este fracaso se puede entender a partir de la destrucción de las instituciones de seguridad y justicia. Indudablemente el gobierno de López recibió el país en una situación crítica en esta materia, no obstante, la ausencia de estrategia, la falta de claridad, los recortes presupuestales, han empeorado algo que ya estaba muy mal.
A 19 meses del inicio de este gobierno la destrucción de instituciones explica por qué hoy estamos peor que en el sexenio anterior.
Hace 13 años el presidente López, ante la negativa del entonces IFE de hacer un recuento de los votos que él aseguraba habrían de darle la presidencia, gritó enojado “¡al diablo con sus instituciones!” Una declaración que parece la guía de cómo ha venido gobernando.
En muchas maneras el gobierno ha mandado al diablo las instituciones, ahorcándolas al dejarlas sin recursos; nombrando neófitos o políticos por encima de técnicos y expertos al frente de las instituciones.
En esta misma semana, con la propuesta de incorporar Conapred a la Secretaría de Gobernación, quedó exhibido el desinterés de López por la inclusión y la protección de los derechos de las poblaciones en situación vulnerable.
De la misma manera, dejando en la inoperatividad por falta de recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el presidente le da la espalda a quien ha vivido en carne propia la violencia. Dicho sea de paso, una vez más López se negó en reunirse con las víctimas de desaparición bajo el argumento de evitar posibles contagios por Covid-19.
Misma suerte es la que vive la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad, las procuradurías, fiscalías y policías locales: instituciones abandonadas por el desinterés, con personal, tecnología y recursos insuficientes para operar y con el temor constante de castigos si manifiestan cualquier duda o queja.
Sería positivo que el presidente demuestre que no está mandando al diablo las instituciones, que defina estrategias, sistemas de evaluación, que destine los recursos necesarios para que cada uno pueda cumplir su función y rinda cuentas de manera transparente.
De lo contrario es natural concluir que cuando López habla de transformación en los hechos busca borrar el pasado, un pasado indudablemente disfuncional y lleno de corrupción, sin aportar en cambio nada nuevo, dejando a los mexicanos más huérfanos de seguridad, justicia y reparación del daño, dejándonos peor de cómo nos recibió.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
@frarivasCoL
