El pasado jueves 20 de enero el gobierno federal, en voz de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez, presumió un descenso de todos los delitos, enfatizó la disminución del homicidio en un 3.6% respecto a 2020, presumió la baja en feminicidios de un 7% y aseguró que el único delito que creció fue la extorsión.
Para ello, Rodríguez usó una serie de gráficas que mostraban comparativas absurdas desde todo punto de vista metodológico, presumiblemente para sostener la narrativa oficial de descensos y mejoras en materia de seguridad.
Sin embargo, los datos oficiales cuentan otra historia, si bien es cierto que algunos delitos disminuyeron, también es cierto que muchos otros aumentaron e incluso algunos posicionaron a 2021 como el peor año de ocurrencia de los mismos.
Según los datos oficiales las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 3.4%; las de secuestro 22.4%; las carpetas de investigación de robo con violencia 5.8%; de robo de vehículo 3.4%; de robo a casa habitación 4.8% y de robo a negocio 8.9%.
En contraste, las víctimas de feminicidio aumentaron 2.7%; las de homicidio culposo 6.5%; las de extorsión 12.3%; las carpetas de investigación por robo a transeúnte 10.2%; las de robo en transporte público 15%; las de violación 28.1%; las de trata de personas 12.3%; las de narcomenudeo 7.2%; las de violencia familiar 15.3% y las lesiones dolosas 7.8%.
En el caso en que estos datos no fuesen suficientes para exhibir la manera en la que el gobierno federal emite declaraciones falsas y relativiza el problema de la violencia de nuestro país, puede ser útil comparar las tasa de ocurrencia de estos delitos contra los datos oficiales de 1997 a la fecha para ver el conjunto de récords negativos acumulados el año pasado.
2021 concluyó como el peor año de la historia en víctimas de feminicidio, de extorsión, carpetas de investigación de trata de personas, de lesiones dolosas, de violaciones y de violencia familiar; cuarto peor año en homicidio doloso y en homicidio culposo; sexto peor en robo a negocio y séptimo peor en víctimas de secuestro.
Estos lamentables datos son efecto de una serie de errores que la actual administración federal mantuvo de sus antecesores y de otros graves, parte de una supuesta estrategia de seguridad.
1. La narrativa de la “transformación” no pasó el examen de la coherencia de políticas públicas. Las políticas de prevención y reacción al delito de este gobierno siguen siendo las mismas de sus dos antecesores.
2. La definición de la política de seguridad sigue siendo deficiente, evidencia de ello es que el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana carece de los elementos que permitan entender con claridad a qué se refiere la política de “abrazos y no balazos” puesto que los 5 programas sectoriales que debían haber sido publicados hace más de dos años, aún no se han publicado.
3. Lejos de cumplir la promesa de desmilitarizar la seguridad, este gobierno ha dado todos los poderes y recursos al ejército, al tiempo que abandonó la policías civiles de todo el país. Con la creación de la Guardia Nacional (GN) como una institución que sigue la formación, régimen disciplinario y mando militar, el presidente López privó a los mexicanos de una institución civil federal de seguridad. Pese a ello y a una mayor presencia en el territorio nacional de las fuerzas federales los delitos siguen creciendo y es evidente que la delincuencia organizada controla cada vez más el territorio nacional.
4. Si bien los datos de incidencia de secuestros parecen alentadores, la estadística oficial muestra evidencias de manipulación en registros. Asímismo, en esta administración se desmanteló el control de calidad de las Unidades Especializadas en Combate a los Secuestros como efecto de transformar la Comisión Nacional Antisecuestros en una oficina operativa al servicio de la GN.
5. Desde el inicio de esta administración López y su gobierno prometieron ir tras los activos de la delincuencia como una forma más efectiva de combate a la delincuencia y si bien este gobierno bloquea miles de cuentas bancarias, no logra judicializar los casos y termina devolviendo los activos.
6. Los desvíos del presupuesto de seguridad hacia los programas insignia de esta administración -el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas- acentuaron la erosión institucional y mermaron la capacidad de policías y fiscalías locales en prevenir, reaccionar y perseguir delitos como la violencia de género, los robos y las extorsiones.
Los fracasos de esta administración incluyen el aumento de los delitos cibernéticos, de delitos electorales y de violaciones graves a derechos humanos; el aumento de comunidades desplazadas por la violencia; la caída en detenciones y sentencias condenatorias; el aumento del 120% de personas desaparecidas, que pasaron de 41 mil a 92 mil en apenas en 3 años.
Pese a los múltiples llamados a corregir el rumbo, el gobierno federal ha hecho oídos sordos de las críticas; las declaraciones de Rodríguez y del mismo presidente López acerca de éxitos no comprobados; la falta de planes sectoriales y de una estrategia clara, verificable, anclada a indicadores objetivos, hace suponer que en 2022 y hasta el final del sexenio la violencia seguirá creciendo de la mano con la falta de gobernabilidad y el debilitamiento del Estado de Derecho.
@frarivasCoL
