I
El 1 de mayo, 2011, Estados Unidos, tras un complejo proceso de recopilación de inteligencia, ubicó a su peor enemigo: Osama Bin Laden. El líder de Al-Qaeda había matado a más de 3 mil estadounidenses. No era un objetivo más: era el objetivo. Se tomó una decisión: ejecutarlo.
El presidente Obama sigue personalmente, en el cuarto de situación de la Casa Blanca, el ataque de 23 seals. No está solo. Lo acompañan el vicepresidente, la secretaria de Estado, el de la defensa, el director de la CIA y el alto mando militar. En una operación de esa magnitud, el jefe de Estado, el comandante supremo de las fuerzas armadas, toma el mando.
Exitosa la operación, es el propio Obama quien la anuncia en un mensaje de Estado dirigido a la nación. Es televisado 3 horas, 180 minutos, después de la ejecución. “Se ha hecho justicia”, remata tras narrar el operativo.
Cuando el Estado enfrenta al enemigo público #1, no hay lugar para distracciones. Quien tiene muchas prioridades, termina por tener ninguna. La decisión se toma y se asumen las consecuencias. No hay subordinados. No hay evento más importante. No se delega el triunfo. Tampoco la responsabilidad.
A menos, claro, que hubiera sido una decisión impuesta. Pero, ¿Quién tiene ese poder?
II
La policía británica detuvo para interrogatorio al, (ex) príncipe Andrew, hermano del Rey Carlos III de Inglaterra. Fue detenido en su casa. Se le acusó de filtrar documentos oficiales a Jeffrey Epstein.
Antes, había sido forzado a dejar el principado por sus relaciones impropias con la red del pederasta pervertido.
Andrew fue liberado tras el interrogatorio, pero el mensaje ahí está. Nadie, ni siquiera la familia real, está por encima de los intereses del Estado. Nadie puede mantener su cargo si viola la ley.
Si las imputaciones generan escándalos mediáticos que no detonan acciones legales, lo que hay es circo. Y el circo no es justicia. La farándula, tarde o temprano, se convierte en un búmeran. En política, además, no se toman prisioneros.
III
La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó ilegal la política arancelaria de la administración Trump. La corte tiene una mayoría (9 vs 6) de ministros conservadores. De los, dos fueron nominados por el actual presidente. Pero incluso ellos votaron a favor de invalidar el eje de la política económica de la administración.
¿Desleales? No. La lealtad es siempre con la Constitución de una república. El compromiso es con el estado de derecho. La gratitud, con quien nomina. La ideología, para reflexiones personales.
Las sentencias se apegan a derecho, no a militancias. Pero eso requiere dignidad y valor. Un valor escaso escaso en estos días, y nulo en ciertos países que confunden un “movimiento” con la patria.
IV.
Luis Echeverría eligió a José López Portillo como sucesor, posiblemente porque carecía de equipo político. Trató de cercarlo. Adelantó decisiones que le corresponderían al nuevo presidente. Nombró a sus adversarios en el partido y les dio cargos en la campaña. Ya expresidente, intrigaba y trataba de extender su influencia.
La prensa hablaba de un “minimato”.
Tras un año, López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, habían desmantelado la intentona. El desmontaje incluyó el nombramiento de Echeverría como embajador itinerante en Australia y las Islas Fiji, posiblemente porque no había lugar en la tierra más lejano.
Se le advirtió —como a menudo se hacen las cosas en política— sin palabras: cada vez que volviera al país sin permiso, una cabeza de los suyos rodaría.
El poder no se comparte: se ejerce. El mando siempre tiene fecha de caducidad. Quien trata de extenderlo sólo extiende, al final, su acta de defunción política.
@fvazquezrig