Así como no se requiere ser marinero para inferir que los nubarrones presagian tormenta, no hay que ser economista para deducir que los números en picada nos traerán un desempleo de proporciones mayúsculas. Desde la cancelación del aeropuerto de la ciudad de México, el gobierno no ha hecho otra cosa que empujar al país hacia el precipicio, y quiere dar el paso que falta.
El gobierno ve la tempestad y no se hinca. En el Plan Nacional de Desarrollo prometen un 4 por ciento de crecimiento promedio anual, pero en los hechos lo redujeron del 2.5 al 0.0 por ciento. Es elemental que sin crecimiento económico no hay generación de empleos, pero finge no entenderlo y, por el contrario, quiere aplicar medidas fiscales que implicarán el despido de millones de personas que aún conservan sus precarios empleos.
La desconfianza e incertidumbre provocada por la cancelación del aeropuerto de Texcoco –medida que provocó pérdidas al erario por al menos 270 mil millones de pesos- es una de las causas de la caída de la economía, en general, y de la industria de la construcción, en particular. Mes tras mes, el reporte es a la baja y acumula una tasa negativa de al menos 2.4 por ciento anual. En agosto cayó casi un 20 por ciento el sector especializado en construcción.
Otro de los factores que está influyendo negativamente es la voluntad presidencial para dejar de lado la aplicación de la ley. Son múltiples los casos donde la autoridad ha alentado la impunidad: la agresión de particulares a miembros del ejército, el secuestro de 92 choferes por parte de normalistas, el bloqueo de taxistas, los desmanes de los anarquistas. ¿Quién va a invertir en un país donde la ley no se respeta? ¿Quién va a crear un nuevo negocio que puede ser víctima de extorsionadores impunes?
Un tercer factor que alienta la parálisis económica son las reformas fiscales que propone el gobierno para el 2020 y que, según los especialistas, podrían provocar hasta cinco millones de desempleados tan sólo en el sector conocido como outsourcing. El gobierno quiere que los contratistas retengan el cien por ciento del IVA a esas intermediarias, las cuales no podrán acreditar el IVA que ya pagaron para mantener sus operaciones. ¿De dónde van a sacar el dinero para subsidiar al gobierno con el 16 por ciento del total de sus ingresos?
A la incertidumbre provocada por el capricho presidencial de cancelar el nuevo aeropuerto, a la decisión gubernamental deliberada de hacer a un lado la ley y prácticamente secuestrar el Estado de Derecho, a las medidas fiscales cuyo único fin es recaudar más para tirar el dinero en “elefantes blancos”, hay que agregar un factor más: la posible recesión en la economía de Estados Unidos y la posible tardanza en la ratificación del tratado comercial entre ese país, Canadá y México.
Los economistas especializados creen que está en puerta una recesión económica en Estados Unidos. Y el conocimiento popular al respecto está basado en una larga historia donde las causas y las consecuencias se corresponden históricamente: “cuando a Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía”. Así de estrecha y dependiente es nuestra economía. El gobierno de López Obrador no supo aprovechar la etapa de crecimiento económico en nuestro vecino del norte porque sus prejuicios ideológicos nublan la razón.
Es obvio que la ratificación del T-MEC puede aplazarse, en parte, porque México no ha cumplido con aumentar los salarios, uno de los requisitos de los demócratas, y también porque la campaña electoral en Estados Unidos se está calentando y parece que Donald Trump tendrá rival competitivo en la figura de Elizabeth Warren. Como sea, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, parece demasiado optimista al confiar en el T-MEC para iniciar la recuperación económica del país.
Todos los elementos anteriores plantean un panorama negro para México. El gobierno mexicano tendría que reconocer sus errores y rectificar, adoptar medidas que alienten la creación de empleo y el respeto a la ley. De no hacerlo, las consecuencias están a la vista y habrá despedidos y ajustes de salarios a la baja si quieren conservar el empleo. Lo más perjudicados serán, en primer lugar, los más pobres, aquellos a los que dice defender el gobierno.
