Hoy la Reforma Electoral es el gran tema a discutir en las próximas semanas y meses.
Por una parte, hay quien sostiene que el sistema electoral mexicano le cuesta mucho a la sociedad y que ha generado una burocracia considerable alrededor del sistema de partidos políticos. No les falta cierta razón a quienes sostienen estas posiciones, pero sería sumamente ingenuo validar esta crítica sin entender el contexto histórico en el cual las burocracias partidistas y electorales crecieron.
Durante décadas, el PRI se construyó como espacio político para distribuir el poder territorial en México. La labor del Presidente era central para definir qué liderazgos políticos eran de apoyarse y cuáles no. Para tal efecto, el gobierno debería tener un mecanismo confiable que serviría para procesar estas decisiones. A partir de entonces, nació el partido del Estado, el cual era fundamentalmente la única vía para acceder a las responsabilidades del gobierno. Simple y sencillamente, las elecciones las ganaba el PRI y el Presidente de la República decidía quienes serían los candidatos triunfantes. El control del resultado electoral se produjo a partir del control de las condiciones que imperan en la competencia electoral. El Presidente de la República controlaba el acceso a los espacios de comunicación social. Sólo él arrojaba luz sobre los candidatos que apoyaba y absoluta sombra sobre su oposición. Asimismo, desde el gobierno central se aplicaban los recursos públicos necesarios para apoyar los proyectos que decidiera el líder máximo.
Desmontar esta maquinaria de poder tomó muchos esfuerzos e imaginación. Se creó una maquinaria que vigilara el acceso equitativo de los partidos y de los candidatos a la prensa, radio y televisión. Se crearon estructuras burocráticas de los partidos para darle permanencia a su actividad pública y se generó un sistema de resolución de controversias en materia electoral cuyas resoluciones fueran creíbles y aceptadas por las partes. En síntesis, toda vez que en la política no existen los espacios vacíos de poder, se tuvieron que generar instituciones y procedimientos que organizaran la vida electoral de la República. Por ello, es que la Presidencia de la República tuvo que ceder muchos de los instrumentos de poder a su alcance para visibilizar que estos aspectos de la vida nacional se organizaran bajo reglas predecibles. La reforma política mexicana pasó de ser un sistema de gestos a un sistema de reglas.
La estabilidad política del país dejó de descansar en una autoridad central para operar de manera cada vez más descentralizada. Lo anterior, si bien oxigenó al sistema político, al trasparentar las contradicciones internas que operaban en su interior, también dio lugar a un cierto desorden en la lucha por el poder político. El poder del Presidente se trasladó a los gobernadores. Ello dio lugar al aumento de la corrupción y de los órganos burocráticos para controlarla. La batalla por el gasto público se volvió central.
La democracia mexicana no puede olvidar nunca que, en un sistema político en donde la pobreza es la minoría más importante, la lucha por los recursos públicos para obtener el respaldo de los más pobres es determinante para definir la adscripción de poder. Los apoyos a la pobreza resultan un mecanismo de control político, pero también son la expresión de una alianza para conquistar o mantener el poder. Esto es algo que entendió perfectamente Andrés Manuel López Obrador.
La oposición política no debe olvidar esta lección. Hoy la comunicación del gobierno con los más pobres y la centralización de los recursos públicos para atender la pobreza, son las claves sobre las cuales se construye la gobernabilidad. Así pues, el rescate de un debate público que se haga frente a los más pobres del país y el control del gasto para evitar la manipulación de la pobreza, son los verdaderos temas para el avance democrático.
Abogado