Antes de continuar con mi crítica de la propuesta presidencial para la reforma judicial, no puedo dejar de repudiar la actitud denigrante del Presidente de la República y de su equipo más cercano, cuando insultan a la candidata de la oposición con calificativos abyectos como esperpento o ladina. Cualquier injuria de un hombre a una mujer es una violencia cobarde. Cuando se hace desde el poder, asume un tufo despótico propio de un narcisista que ya ha perdido toda empatía por las mujeres. Lo anterior, no puede dejarse pasar sin reclamo, propios y extraños, especialmente la candidata oficial, (si es que en serio apoya el respeto a las mujeres y el decoro político), deberían distanciarse de comportamientos tan aberrantes.
Entrando en materia, un error fundamental de la iniciativa en comento, es la relación que promueve entre los poderes políticos y el poder judicial. Ya hemos sostenido que la legitimidad política del juez se deriva de su experiencia para interpretar a la ley como norma democrática y su imparcialidad. Para ello, un requisito esencial es el de la independencia judicial, es decir, la capacidad de los jueces para no ser sometidos desde la política. Proponer, que fuerzas políticas promuevan electoralmente a la designación de ministros, necesariamente construye una relación de subordinación o de complicidad entre ellos. Las elecciones tienen como propósito fundamental la agregación de voluntades y apoyos en torno a una candidatura. Para ello, se hacen promesas y acuerdos que atentan contra la imparcialidad judicial.
Se podrá decir, que el esquema actual también implica la participación de poderes políticos en el nombramiento de ministros. En principio, estos son propuestos por el Presidente y deben ser ratificados por una mayoría calificada de senadores. No es que solo se trate de un procedimiento de legitimación indirecta. Fundamentalmente se busca, a través de este procedimiento, especialmente exigente, el de encontrar un consenso sobre la capacidad de la persona propuesta a no estar sometida a ninguna fuerza política en especial, lo que garantiza su imparcialidad. En teoría, el Presidente debe de proponer a alguien que tenga la suficiente independencia y respetabilidad que garantice un amplio consenso en el Senado. En el fondo, se busca un acuerdo entre contrarios, sobre las características del juez que evite el avasallamiento judicial de cualquiera de los actores políticos involucrados. Esto solo puede ocurrir en el equilibrio.
Lo que sí debe ser reformado en la Constitución, es la potestad presidencial para nombrar por si y ante si, a un Ministro o Ministra de la Corte de manera unilateral. En este sentido, la iniciativa propone algo que sí es atendible y es que ante la falta definitiva de un Ministro, el resto de la Corte pueda nombrar un sustituto hasta que un nuevo Ministro o Ministra sea nombrado, de acuerdo con el procedimiento comentado en el párrafo anterior. Con ello, desaparecen los incentivos a no colaborar entre los poderes políticos para escoger a un o a una jurista independiente y con las calificaciones suficientes para aplicar correctamente la ley democráticamente decidida.
Por otra parte, el electorado no tiene las herramientas para dilucidar el carácter de experto en materia legal de los o las aspirantes, esta es una característica de orden técnico, que solo puede ser calificada mediante el examen detallado de los antecedentes y méritos profesionales de los o las contendientes.
La propuesta, parte de un sofisma peligroso y es, el que el electorado puede escoger al ganador a partir de las propuestas que haga. Resulta difícil entender el concepto de propuestas de interpretación y aplicación de la ley. En democracias, lo que se propone es una crítica de la ley y se plantea su necesaria reforma. Los candidatos a posiciones judiciales están obligados a someterse a la ley y no a crearla. Yo me pregunto cómo se puede discernir, sin un análisis técnico, quién se somete mejor a la ley. El esquema se presta a manipulaciones que arriesgan al estado de derecho mismo, puesto que en cualquier caso volatilizan su interpretación. Imaginen a un candidato que sostenga que no le gusta tal o cual ley y que por ende, el no piensa aplicarla. ¿Tendría derecho a hacer una propuesta semejante? ¿No implicaría lo anterior la comisión de un delito?. O bien, imaginen que se propone como un juez severo, dispuesto a aplicar las penas mas graves que contemple la ley a cualquier caso que se le presente. ¿Puede ser válido que un juez anticipe una sentencia de un caso que no le ha sido presentado?. Esto implica la cristalización de prejuicios que atentan contra la buena fe y objetividad con la que el juez debe aplicar el derecho. Simple y sencillamente prejuzgar, es sentenciar sin evidencia y sentenciar sin prueba, es tiranía segura.
No podemos olvidar que esta iniciativa se da en el contexto en el que su promotor, abiertamente ha manifestado que antes de la ley está su autoridad política y moral. La reforma y la revolución, claramente optaron por una república organizada por el principio de elecciones periódicas y división de poderes. Ambos movimientos, surgieron como respuesta a estructuras autoritarias, y por ende, optaron por mecanismos para someter a la ley al poder. Hoy lo que plantea la autodenominada cuarta transformación, precisamente amenaza esas conquistas históricas. Debilitar la independencia y objetividad del Poder Judicial solo nos puede llevar al autoritarismo, sino pregúntenselo a la migración venezolana.
