El operativo norteamericano para detener a Nicolás Maduro abre una seria reflexión sobre las bondades de la democracia. No me cabe duda que la historia del régimen político venezolano es la crónica del desmantelamiento paulatino y persistente de instituciones democráticas. A punta de asaltos y trampas, de simulaciones y de desvergüenzas, el gobierno de Maduro quedó desnudo de todo ropaje democrático. Su arresto se escribe en la lógica del tiranicidio. Esto es, de la supresión del tirano por vías de hecho. La unilateralidad del tirano fue confrontada por la unilateralidad de un operativo cuya ilicitud, bajo el derecho internacional, es manifiesta. Sin embargo, qué otra opción se tiene cuando el tirano ha subvertido todo control y contrapeso para ser sometido por la ley en su país. Es el leviatán que manda, pero que no puede ser sometido por nadie. Maduro cavó su tumba cuando simple y llanamente sólo un acto de fuerza podía someterlo. Cuando el discurso de la legalidad es mera coartada por carecer de toda credibilidad, el uso de la fuerza parece ser el único camino. El poder de la ley como consenso social que regula es desplazado por la voluntad del más fuerte. Simple y sencillamente, Maduro se atragantó con una cucharada de su propio chocolate.
Las amenazas del presidente norteamericano se han extendido a México y a Colombia. Hoy, la diferencia entre los gobiernos de esos países y el venezolano es que los primeros son emanados de procedimientos electorales cuya autenticidad no es cuestionada por nadie. Lo que se le discute, por lo menos en el caso mexicano, es la inequidad del proceso, y el albazo que dio lugar a una sobrerepresentación del partido vencedor en el Congreso. Hoy Morena ha de tomar nota de que la democracia que tanto ha denostado como parte del neoliberalismo, es el principal escudo frente a las intervenciones extranjeras.
Sin perjuicio de lo anterior, hoy el gobierno norteamericano pide evidencia clara de una voluntad política que castigue los contactos y la colaboración entre políticos y cárteles de la delincuencia organizada. Como siempre sucede en los momentos de incertidumbre, cada quien le acerca la lumbre a quien pueda mantener el fuego alejado de él. En corto, unos políticos acusan a otros de la misma falla, esperando que a la hora de la “justicia ejemplar” sean otros los que sufran esas consecuencias.
Es muy probable que pronto, el gobierno norteamericano pida la extradición de algunos políticos por señalarlos como colaboradores o copartícipes en el narcoterrorismo. Todo indica que se optará por la extradición como proceso ante la desconfianza que existe de la integridad de los procedimientos judiciales en México. En el pasado, se podía cuestionar muchas veces con razón, la corrupción de algunos jueces y magistrados. Pero nadie cuestionaba la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal en México. Hoy, a partir de la reforma judicial y más aún después de los acordeones, nadie cree que dicha independencia caracterice al nuevo poder judicial. Lo que en su momento fue celebrado como un acto de poder y de reivindicación de López Obrador, hoy deja profundamente expuesta a su sucesora a las presiones del vecino del norte. La principal garantía para someter hoy a la corrupción y a la violencia criminal es la voluntad y el tino presidencial. La regresión autoritaria y el desmantelamiento de instituciones democráticas, tales como la independencia judicial y la autonomía de ciertos órganos reguladores, dejan profundamente vulnerable a la institución presidencial. La presidencia de Sheinbaum estará sometida a coacciones inéditas tanto del exterior como del interior. Habrá lecciones y tal vez rectificaciones. El tiempo dirá.
Abogado