En un sistema democrático como y de acuerdo con nuestras normas constitucionales, el Estado debe brindar a la población las garantías materiales y la seguridad jurídica para que todas y todos contemos en plenitud con nuestros derechos fundamentales.
Entre estos derechos destacan las que están relacionadas con nuestras garantías individuales tales como la libertad, la seguridad, la igualdad, entre otras. En este sentido, cuando diversas mediciones o indicadores reflejan aspectos que aquejan a la sociedad puede considerarse que el Estado esta fallando en el ejercicio de su función pública y, por lo mismo, debe general las acciones respectivas que reviertan los resultados de estas mediciones.
Un ejemplo de lo que aquí apuntamos tiene que ver con los resultados mostrados recientemente por el INEGI en virtud del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas determino el 25 de noviembre con la intención de coordinar diversas actividades para concientizar y generar acciones para lograr que las mujeres tengan una vida libre de violencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, la población registra diversas condiciones de inseguridad, pero en los datos por sexo destaca que dicha percepción es mayor en las mujeres, 81.7% contra 74.7% en hombres (2020).
Asimismo, resalta la estimación que el 10.8% del total de delitos cometidos contra las mujeres es de tipo sexual, en tanto que para los hombres este delito represento el 0.8%. Por su parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021, indica que, en este año el 22.8% de las mujeres señalaron haber enfrentado intimidación sexual.
Este mismo ejercicio, midió la realidad de la pandemia por el virus SARS-CoV2 destacando que las mujeres manifestaron haber enfrentado algún tipo de violencia en el entorno familiar, destacando las ofensas y humillaciones, aunque se registraron otras acciones como amenazas, agresiones físicas y sexuales, entre otras. Así, en 2020 el delito de violencia familiar registró un aumento del 5.3% entre 2019 y 2020.
Ahora bien, las estadísticas de mortalidad del INEGI estiman víctimas mortales por violencia contra las mujeres analizando las defunciones con presunción de homicidio. De 2015 a 2020 se refleja un crecimiento de presuntos homicidios, siendo los de mayor frecuencia los ocurridos en la vía pública para el caso de las mujeres.
Estos datos muestran la vulnerabilidad que sufren las mujeres, permiten visualizar la sociedad en donde se desenvuelven y, por lo mismo, es entendible la percepción de inseguridad que tienen.
No obstante, existen otros tipos de violencia contra las mujeres que están relacionadas, por ejemplo, con los aspectos económicos; la falta de acciones concretas que materialicen diversas disposiciones normativas que generen una auténtica igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, lo que se ha traducido en una desigualdad en su participación política; la trata de personas; el matrimonio infantil; la violencia informática o digital, entre otras más.
Es por ello, que resulta impostergable la realización de diversas acciones. No basta con que el Legislativo genere leyes si estas no aterrizan de manera palpable en una necesaria realidad; no basta con que el gobierno anuncie políticas públicas que no terminan de incidir en la población.
Lo que se necesita son estudios profundos del problema de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, generar una serie de acciones que, con el seguimiento respectivo pueda, de una vez por todas, erradicarse este cáncer que impera en nuestra sociedad con lo que lograríamos no solo una sociedad más igualitaria y justa en condiciones de libertad para nuestro pleno desarrollo, sino fortaleceríamos a nuestro propio sistema democrático que pregona por los derechos y las libertades de las y los ciudadanos.
Señores y señoras del ejercicio del poder público, es su turno.
