En días pasados ha tomado fuerza las directrices que podrían formar parte de la reforma electoral pensada para instrumentarse en las elecciones de 2027. Entre los múltiples temas que se han posicionado se encuentran la reducción de recursos para las autoridades electorales; reducción del financiamiento público que reciben los partidos políticos; reducir el número de legisladores; reducción del número de Legisladores; establecer un nuevo mecanismo para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional; fortalecer la fiscalización electoral, entre otros.
Estos temas siempre han estado presentes en la cúpula de las dirigencias partidistas, en los grupos parlamentarios y en los principales actores políticos de nuestro país. Pero, es necesario preguntarnos si la reforma electoral atiende las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Nuestro país, de acuerdo con resultados de GEA e ISA de acuerdo con una encuesta realizada en 2024, el 46% de la ciudadanía está disgustada con la democracia, por un 44% que manifestó estar satisfecha. Esto refleja insatisfacción, entre otros aspectos, de la mayoría de la ciudadanía por las reglas del juego y sus resultados.
Otro registro importante es la confianza que la ciudadanía tiene de los partidos políticos, principales actores de las contiendas electorales y prácticamente la única vía para el acceso al poder público. De acuerdo con una encuesta de Latinobarómetro en 2024, apenas el 40% manifestó confianza en ello, en tanto que un 40% consideró que la democracia podría funcionar sin ellos.
Es importante referir que el nivel de participación ciudadana en las elecciones no es el óptimo. Tan solo en la elección presidencial de 2024 en donde generalmente asiste el mayor número de ciudadanos, la participación fue alrededor del 59%, es decir, un 41% no asistió a las urnas
Respecto a los representantes populares de la ciudadanía, es decir, las y los legisladores, de acuerdo con la encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental 2024 del INEGI, la ciudadanía solo en un 34.5% manifestó confiar en las y los diputados y las y los senadores.
Con estos y otros registros, queda claro que nuestro sistema democrático electoral efectivamente necesita un cambio. Pero ¿desde las cúpulas políticas?
La ciudadanía reclama un sistema democrático en donde su participación sea a través de reglas claras y uniformes. En 2027 están programadas elecciones para la renovación de la Cámara de Diputaciones; 17 estados tendrán elecciones locales para la renovación de sus respectivas gubernaturas: 31 entidades federativas tendrán elecciones para renovar sus congresos locales; varias entidades tendrán elecciones para renovar sus autoridades municipales y en la CDMX se renovarán las alcaldías. Además, se ha mencionado llevar a cabo el ejercicio de Revocación de Mandato y habrá elecciones para elegir a la segunda mitad de las personas juzgadoras. Esto no resultará en claridad y menos uniformidad en las elecciones que le permita a la ciudadanía un voto razonado.
Asimismo, la ciudadanía quiere campañas equitativas, verdaderos espacios para escuchar propuestas y que la ciudadanía sea escuchada y no la guerra entre personas candidatas que se ha vuelto un común denominador.
La ciudadanía pide ir a votar de forma segura y, ante las percepciones tan altas de inseguridad en distintas regiones del país, se produce un efecto abstencionista.
Las personas electoras no quieren escándalos de presunto dinero ilícito en las campañas; no quiere los ostentosos recursos que reciben los partidos políticos para sus campañas; la ciudadanía exige el respeto a sus derechos políticos y electorales, por lo que no quiere afiliaciones indebidas o promesas incumplidas; la ciudadanía no quiere personas candidatas y, eventualmente, legisladores que tengan antecedentes de violencia de género; la ciudadanía quiere una sociedad incluyente e igualitaria, entre muchas demandas más.
Por ello, las instancias legislativas deben tomar en consideración que, en una auténtica democracia, la opinión de la ciudadanía es fundamental. No obstante, el Legislativo tendrá la última palabra en la reforma electoral.
Analista político