En 2004, Dieter Nohlen procuraba desentrañar si había una relación directa entre la justicia electoral y la consolidación democrática . Se encontró con que primero había que desentrañar la composición moderna de la legitimidad política y concluyó que ésta proviene de dos fuentes: la legitimidad de entrada y la legitimidad de salida, a las que yo llamo legitimidad de acceso al poder público y legitimidad de resultados eficaces en el ejercicio de gobierno, respectivamente.
En México, la legitimidad de acceso al poder se sustenta en el sistema electoral y como garantía cuenta con las normas e instituciones electorales, protectoras del derecho humano a la participación política. Por su parte, la legitimidad de resultados eficaces se sustenta en lo que llamamos sistema nacional de integridad pública, que como garantía de su cumplimiento cuenta con las normas e instituciones de transparencia, derechos humanos, fiscalización, servicios profesionales de carrera, archivos, justicia administrativa y persecución penal de la corrupción; todas ellas protectoras del novedoso derecho humano a la buena administración pública.
Nuestro país entendió hace años el dilema que Nohlen describió y los órganos autónomos son la expresión de esa claridad. Se trata de instituciones que no son elegidas y generalmente están dirigidas por un cuerpo colegiado, lo que asegura que se atendieron varias ópticas antes de adoptar resoluciones; los integrantes de este cuerpo directivo gozan de cierta inamovilidad y sus nombramientos tienen un plazo determinado.
La organización de las elecciones en este país es un servicio público y un bien público, pero también es una función de Estado que aporta paz social, educación cívica y desarrollo político a nuestro régimen político entero. Como puede apreciarse, la función electoral aporta civilidad política a la lucha por el poder público y la conduce por cauces jurídicos y procedimentales que a su vez le brindan legitimidad política y reconocimiento ciudadano a la circulación de las élites y, al menos de inicio, al ejercicio de la autoridad electa.
El Iinstituto Nacional Electoral (INE) discurre por un flujo legislativo cuyo dinamismo le ha permitido ajustar constantemente la norma y la institución a las exigencias de los tiempos políticos, económicos, sociales e internacionales, lo que a su vez le ha permitido a esta Institución evolucionar junto con el país y con la sociedad y aunque responde, como todas las normas jurídicas, a coyunturas político-parlamentarias particulares el balance resulta positivo.
De la naturaleza de su función, de sus aportes a la democracia mexicana, de la trayectoria de su desarrollo normativo e institucional, de nuestra percepción de su historia y perspectivas, así como a partir de nuestra experiencia electoral y formación académica, encontramos los siguientes retos del INE de cara al actual proceso electoral:
Vigilar el cumplimiento cabal de la paridad de género en materia electoral como mandato constitucional y encabezar la prevención, combate, sanción y reparación de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género.
El diseño, ejercicio, control y evaluación del gasto de la institución, para sujetarlo a más estrictos estándares de racionalidad y utilidad pública, reduciendo el costo general institucional atendiendo criterios de austeridad republicana.
Leer adecuadamente las lecciones que los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila imparten sobre la viabilidad de la urna o boleta electrónica y empezar a pensar en avanzar hacia votaciones por internet en territorio nacional en la búsqueda, además, de ir abaratando la organización y operación electoral.
Hacer cumplir y en su caso sancionar desviaciones respecto de las nuevas reglas en materia de reelección.
La relación con los OPLEs considerando su viabilidad para el sistema electoral entero, apreciando y respetando sus particularidades. El INE debe generar una nueva relación institucional con ellos en el marco de un federalismo electoral moderno.
La precisión, cobertura, actualización y calidad del registro de electores, pero también el control, seguridad y resguardo de los datos personales y biométricos en él contenidos.
La obligada fiscalización de los recursos que utilizan todos los actores políticos involucrados, garantizando una plena rendición de cuentas.
El INE tiene de frente la elección más grande y compleja de su historia y por ello, esta Institución especializada en el ramo, esta obligado a entregar buenas cuentas.
@fdodiaznaranjo
Sergio J. González Muñoz, especialista electoral.
@ElConsultor2
