Nuestra Constitución Política establece las normas que, como sociedad debemos seguir; ese conglomerado que hace a una nación existir y que, para ello, las instituciones emanadas de la propia Carta Magna se instituyen como ese engrane entre el Estado, la sociedad y la Constitución, las leyes y normas que se erigen para generar derechos, libertades, obligaciones y una sana convivencia entre todas y todos los actores que confluimos en sociedad.
Por ello, las instituciones son cuerpos jurídicos que se integran con la finalidad de hacer valer dichas normas en beneficio de un sistema político que incluye, por supuesto, al gobierno, a la administración pública y a la sociedad.
Así, las instituciones son la estructura que busca, con base en sus funciones y atribuciones, alcanzar objetivos y acciones tangibles en beneficio de la población, de un sistema y de una nación.
Hay instituciones que forman parte de la administración pública en turno y hay otras que su perspectiva es hacer prevalecer condiciones óptimas para el transito del poder público o para instituir elementos específicos como la transparencia y rendición de cuentas.
Es así, como tenemos a instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) cuya función Constitucional es la de organizar las elecciones federales y locales bajo determinados principios entre los que destaco la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) responsable de la administración de la justicia en el terreno electoral resolviendo las controversias electorales conforme a derecho y, un ejemplo más, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), institución encargada de que las normas en materia de transparencia se cumplan a cabalidad.
Estas instancias surgieron del reclamo social por contar con instituciones sólidas y confiables y de la izquierda mexicana por lograr instituciones en donde no existiera la intervención del Estado o de una fuerza política y que los procesos electorales se desarrollaran en paz, en condiciones de equidad e igualdad que, al final benefician a todas y todos los habitantes de una sociedad. Así la autoridad electoral administrativa, planea, organiza y desarrolla las elecciones y el órgano jurisdiccional vela por los derechos políticos y electorales de todos y todas las participantes.
En el caso del INAI siempre fue una lucha, principalmente de la izquierda mexicana acabar con la opacidad, con la falta de datos, del ejercicio de un presupuesto transparente, de referencias sobre la aplicación de políticas públicas, entre otras.
Estas instituciones son un referente de un sistema democrático, construidas para fortalecerlo y hacerlo prevalecer. Por ello, el descrédito de nuestras instituciones y más en estos momentos en el que estamos a casi un mes de la elección del 6 de junio próximo es muy peligroso para la estabilidad política que necesita el país para que las mismas se desarrollen en condiciones de tranquilidad, igualdad, equidad y libertad.
Cuando son criticadas aduciendo que se contraponen la legalidad o que actúan bajo consigna sin bases firmas atentamos no solo en contra de dichas instituciones, sino en general en contra de la Constitución que ha definido su actuar y de nuestro propio sistema político mexicano.
Hago votos para no imperen las desacreditaciones y se sigan los causes administrativos y legales ya establecidos en leyes y normas y que, de ser el caso, pasando la elección el Poder Legislativo seguramente, en uso también de sus facultades legales, revisará no solo diversas disposiciones legales sino podrá analizar nuevos alcances o condiciones actuales que la sociedad exige para su sistema democrático.
