De acuerdo con Marion Young (2000), no todos los individuos en sociedad tienden a participar en política. Un ejemplo de ello puede constatarse en la participación ciudadana en elecciones.
Tan sólo en 2018 en nuestro país, las elecciones federales, a pesar de su concurrencia local en 30 entidades federativas, se tienen registros de una participación moderada para la elección de presidente de la República. Ahí tenemos los casos de Guanajuato (53.19%), Baja California (52.61%) y Sonora (51.89%).
En las elecciones locales que se llevaron a cabo este año en seis entidades federativas, se registraron niveles de abstencionismo dignos de preocupación. Por ejemplo, en Quintana Roo, poco más del 22% de la ciudadanía registrada en la lista nominal de electores eligió a su Congreso local.
Bajo este contexto, Loic Blondiaux señalaba que por legítima que sea una decisión de autoridad, esta “…debe apoyarse también en la legitimidad del proceso que condujo a tomar esa decisión”, es decir, “la participación legitima las decisiones”.
Por ello, me parece que los esfuerzos que las instituciones electorales llevan a cabo para facilitar la participación de los electores en elecciones son no sólo un aspecto importante sino constituyen también la actualización a las nuevas formas y métodos de entender los tiempos que vivimos.
Los medios digitales se han convertido en un referente fundamental de comunicación y de participación. De acuerdo con el Inegi, los “usuarios recurrentes” del Internet representan alrededor del 97% de la población usuaria de dicho mecanismo en México.
Por ello, la eventual implementación de la votación electrónica o digital, bien instrumentada y comunicada podría constituir un mayor acercamiento de la población a interesarse en los asuntos públicos y, por ende, podría generar una mayor participación de la ciudadanía en elecciones.
Por votación electrónica o digital podríamos pensar en la implementación tanto a nivel federal como local de urnas o tabletas electrónicas que, bajo diversos mecanismos de seguridad, garanticen la salvaguarda y secrecía del voto que manifieste la ciudadanía.
Algunas entidades federativas como Coahuila, Jalisco o la Ciudad de México ya lo han instrumentado de manera experimental y vinculante con éxito y han demostrados los beneficios que la utilización de la tecnología trae consigo. Entre las ventajas destacaría la optimización en el tiempo registrado en la emisión del sufragio; la facilidad de su utilización, la posibilidad de que se incorpore la fotografía digital de las y los candidatos, la viabilidad de registrar un voto nulo, pero no por error, así como la contabilidad automatizada de los votos emitidos por la ciudadanía.
Pero tal vez la mayor aportación del voto electrónico serían dos aspectos fundamentales:
— El ahorro de recursos en un mediano plazo que iría en sintonía con las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno Federal, y
— Que los resultados electorales se obtendrían en tiempos muchos más cortos que los que tradicionalmente conocemos. No obstante, este mecanismo dejaría a salvo los medios de impugnación que los actores políticos consideren oportunos interponer.
Por su parte, el INE viene trabajando tanto en el análisis como en la implementación de la votación electrónica que quiere impulsar para la elección federal de 2024 para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar bajo la modalidad de Internet por presidente y Senadores de la República. De este proyecto también ya se tienen casos de éxito a nivel local.
Como podemos ver, nos parece que el rumbo de la digitalización de las elecciones pondría en sintonía a las autoridades electorales con lo que la sociedad ya maneja y experimenta cotidianamente, lo que generaría una mayor vinculación y acercamiento con la misma.
Analista político. @fdodiaznaranjo
