A partir de la entrada en vigor de la Miscelánea Fiscal 2026, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR) enfrentan un marco regulatorio más estricto.
Con esas acciones se busca fortalecer el control y la transparencia del sector filantrópico en México. Los cambios representan un punto de inflexión en la supervisión fiscal de estas entidades, cuya labor social es clave pero que también aparece bajo creciente escrutinio público y gubernamental.
Según los datos más recientes del SAT y del análisis de las finanzas públicas, en 2024 México contaba con más de 11 mil donatarias autorizadas registradas ante el SAT, cifra que refleja la relevancia del sector en el entramado social y fiscal.
El padrón experimenta variaciones: a mediados de 2024 se reportaban 10,552 donatarias, con una disminución respecto al año anterior. Tal descenso en parte es atribuida a revocaciones y cancelaciones por incumplimiento de obligaciones fiscales.
Estas cifras no solo reflejan la importancia cuantitativa de las donatarias autorizadas, sino también la necesidad de consolidar mecanismos de supervisión más robustos ante posibles riesgos de opacidad o uso indebido de recursos.
La Miscelánea Fiscal 2026 refuerza la supervisión de las organizaciones de la sociedad civil en varios frentes:
Revisión continua de vigencia: ahora el SAT puede verificar con mayor rigor que las donatarias mantengan los requisitos de autorización a lo largo del tiempo, no solo al momento de su inscripción.
Congruencia de actividades: se comprobará que las actividades efectivas de la organización correspondan con su objeto social declarado, evitando desvíos de finalidad.
Obligaciones de transparencia: se refuerzan las declaraciones informativas y los registros contables con contabilidad electrónica, facilitando la trazabilidad de los recursos recibidos.
Estas medidas responden a la necesidad de proteger la confianza pública en el uso de recursos filantrópicos. A la vez generan herramientas más claras al SAT para detectar y sancionar irregularidades.
Un ejemplo reciente que ilustra el impacto de este nuevo enfoque es el de una donataria que perdió su autorización tras no presentar la declaración informativa de transparencia del ejercicio fiscal 2023, incumplimiento que representa una causal de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles.
En este caso, la organización estuvo activa durante varios años y recibió donativos de diversas empresas e individuos. Sin embargo, la falta de entrega de la declaración al SAT que detalla los ingresos por donativos, su uso y destino, generó que la autoridad revocara su estatus como donataria.
Esto implica que pierde el privilegio fiscal para sus donantes, quienes ya no podrán deducir sus aportaciones. Asimismo, la organización deberá tributar como entidad con fines no lucrativos por los ingresos que reciba en adelante y su reputación y capacidad de recaudación se ven afectadas, lo que reduce su alcance y sostenibilidad.
Para muchas donatarias autorizadas, cumplir con estos lineamientos representa un reto administrativo y operativo. Sin embargo, expertos y organizaciones defensoras de la filantropía destacan que mayor transparencia y control favorecen la credibilidad del sector, facilitan el acceso a donantes y fortalecen la legitimidad de su labor social.
Experto en asociaciones civiles y otras figuras no lucrativas.