El modelo mexicano de comunicación política tras las reformas de 2007–2014 se enfocó en la propaganda en radio y TV, pero hoy el debate ocurre sobre todo en plataformas digitales con lógicas algorítmicas.
La atemporalidad, la extraterritorialidad, la microsegmentación, los bots y la IA han cambiado la forma en que se informa y decide la ciudadanía.
Esto tensiona la libertad de expresión frente a la equidad, y repetir soluciones analógicas —y spots repetitivos, pobres en contenido— ya no alcanza ni persuade. Además, que los medios de comunicación tradicionales en las últimas décadas han ido a la baja.
Por eso, presento diez ideas concretas para actualizar el modelo y, en especial, dignificar y volver útiles los spots: menos ruido, más información verificable y mejor servicio al votante.
Decálogo de reformas.
1. Crear un sistema de comunicación política. Se deben agrupar y sistematizar todas las reglas relativas a propaganda electoral y comunicación política, incluyendo los nuevos medios de comunicación, en especial las plataformas digitales.
2. Reducción de spots. El modelo vigente asigna 48 minutos diarios de tiempo oficial en radio y TV; en campañas, esto se traduce en hasta 2–3 minutos de spots por cada hora de programación, lo que genera una saturación innecesaria. Por lo que se deberían reducir los spots y agrupar esos minutos en programas breves de debates o foros plurales nacionales y regionales entre candidaturas.
3. Paridad en el contenido. Establecer por ley la obligación de que, dentro del tiempo oficial asignado en radio y televisión, al menos el 50% se destine a la promoción de candidaturas de mujeres.
4. Accesibilidad. Establecer la obligatoriedad en los spots de: subtítulos (en TV), versión en lectura fácil y traducciones a lenguas indígenas, así como su difusión en radios comunitarias.
5. Consejo Independiente de Evaluación. Crear un Consejo Independiente —integrado por academia y sociedad civil— que califique la ética y desarrollo de las campañas, proponga metodologías y métricas, y emita informes públicos periódicos no vinculatorios.
6. Deliberación en línea y participación directa. Crear plataformas digitales donde la ciudadanía no solo reciba información, sino que participe, opine y proponga de forma abierta y verificable.
7. Formatos sustantivos y deliberativos. Autorizar que una parte del tiempo oficial se destine a foros, debates y programas breves plurales, privilegiando la deliberación y la información por encima de la simple difusión de spots.
8. Revisar y actualizar el marco de comunicación política: el modelo centrado en radio y TV ya no responde al entorno digital; hay que fijar reglas de equidad en medios y plataformas digitales, e implementar monitoreo y regulación de la comunicación en redes —incluida la publicidad segmentada— con trazabilidad y rendición de cuentas.
9. Transparencia y fiscalización digital. Los partidos y candidaturas deberán etiquetar cualquier contenido generado por inteligencia artificial, obligar que se distinga de cuentas oficiales de campaña de las personales, a fin de que no haya bloqueos por crítica, que transparenten pauta y financiadoras.
10. No profundizar la brecha digital. La estrategia de comunicación debe incorporar la transmisión en radio y TV de segmentos de reuniones vecinales y asambleas barriales, en horarios accesibles y con criterios de representación comunitaria, para que la deliberación y la información lleguen también a quienes no están en línea.
Nos enfrentamos a una realidad en la que ya no basta un mar de spots: el debate migró a lógicas digitales y comunitarias. Por eso, actualizar el modelo no es un capricho, es condición para garantizar libertad con equidad: reordenar incentivos para que los minutos oficiales se destinen a programas breves, debates y foros plurales; asegurar paridad en el contenido y accesibilidad (subtítulos, lectura fácil y lenguas indígenas); y no ensanchar la brecha digital llevando la deliberación también a radio y TV comunitarias.
Con estas piezas, sin aumentar el tiempo oficial, pasamos de la propaganda repetitiva a información verificable y contraste real de propuestas, en respeto a quien decide: la ciudadanía.
Magistrado Electoral del TEPJF